Tumaco: Una masacre que nos interpela

Esclarecer la verdad de lo acontecido es una exigencia de la familia de Aldemar y de la comunidad en Tumaco, así como la de precisar los responsables. La masacre en Tumaco también exige el cumplimiento efectivo del punto cuatro del Acuerdo Final, lo cual implica, además del cumplimiento de las medidas de atención inmediata allí en donde se han suscrito acuerdos de sustitución, no perder de vista la relación entre el punto cuatro de solución al problema de drogas de uso ilícito y el punto uno sobre reforma rural integral, así como la primacía de la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada.

¿A quién le sirve la erradicación violenta de la coca?

En este contexto, la masacre de Tumaco es una desgarradora historia de un conflicto que viene gestándose desde el inicio de la implementación del Acuerdo y que tiene al menos dos bases: en primer lugar, la política contradictoria que traslapa erradicación forzada con sustitución concertada y, en segundo lugar, la grave estrategia histórica del Estado colombiano de “firmar lo exigido, para incumplir lo pactado”. Esta estrategia se ha decantado desde hace más de un siglo en un ciclo vicioso de violencia-negociación-acuerdo-incumplimiento-violencia.

Un nuevo acuerdo, unos nuevos desacuerdos: ¿Qué pasará con la Ley 160 de 1994 durante la implementación de los acuerdos?

Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras.

Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: ¿Cambiarán reglas de la restitución?

Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felx Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado.

De la mano de Dios al imperio de la Ley: El proyecto de la “paz territorial” en tiempos de agroindustria y neoextractivismo

La paz territorial se construye desde lo local, desde lo comunitario. Su alcance debe delimitar, frenar e imposibilitar el avance de la violencia institucional, gamonal, paramilitar y empresarial, combatiendo el neoextractivismo, redefiniendo la “paz territorial” desde la puesta en marcha de los territorios de paz.

¿El tercero neutral?

El Estado, al concebirse como una instancia de arbitraje legítima y legal, se piensa como el actor al que le es posible arrogarse los procesos de arreglo, de “neutralización de conflictos” sociales, o los procesos de reparación en su calidad de “protector” o defensor de una población unitaria, integrada y vinculada a su territorio.

El campesinado como sujeto de derechos

El campesinado es un grupo social que alimenta a la nación, protege sus territorios, mejora las semillas nativas y recrea la cultura popular. Si la ardua labor diaria del campesinado es condición necesaria para la vida en común, el reconocimiento de la campesina y el campesino como sujetos de derechos es una exigencia imprescindible para construir una sociedad democrática que supere el menosprecio.