Aunque Francisco nació en un resguardo de las tierras bajas, llegó al Naya recién cumplió 15 años. Su familia buscaba tierras fértiles para cultivar en medio de la inclemente cordillera occidental que une el Océano Pacífico con las tierras del valle del río Cauca. Desde entonces, Francisco se ha dedicado a la agricultura y las […]
Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras.
Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felx Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado.
La lucha en lo jurídico implica acudir a los derechos con sentido práctico (político), bajo el convencimiento que pueden constituir herramientas para mejorar materialmente condiciones de vida.
Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios.
