Tampoco se han alcanzado los resultados esperados con relación al segundo gran objetivo de la descentralización: el mejoramiento de la calidad de la democracia local en sus dimensiones representativa, participativa y directa. Aunque efectivamente hay algunos avances en el acceso de fuerzas políticas renovadoras a algunas gobernaciones y alcaldías, el cambio es mínimo.
En este artículo busco interpretar la movilización del pueblo negro en Buenaventura como la apertura de un horizonte anti-capitalista y de-colonizador para el país en el marco actual del postconflicto. La posibilidad de dicho horizonte depende de entender la represión que el Estado ha ejercido contra el paro cívico, de cara a lo que denomino la (dis)continua acumulación originaria del capital en Buenaventura.
El caso de Curvaradó y Jiguamiandó debe ser el más documentado en el país en que se demuestra la relación entre sectores empresariales, institucionalidad civil y militar, grupos paramilitares, proyectos económicos y violaciones a derechos humanos y ambientales. Sin embargo, no es un caso excepcional o extraño: en vastas regiones del país, usando como excusa el desarrollo del conflicto armado, se impuso un modelo económico de acumulación por desposesión a partir del saqueo y el despojo llano; en que, con ciertas variaciones, se repitió lo ocurrido en el Bajo Atrato.
El despojo no solo fue la expropiación de la tierra (en un área en la que muchos fueron clasificados como “no propietarios”), sino la imposibilidad de reproducir las prácticas que realizaban con anterioridad. Los despojaron del poder de decidir lo que querían y los enmarcaron en lo que el proyecto impuso.