Delitos políticos y financiación de la Rebelión 

El Centro Democrático radicó 2 proyectos de reforma a la Constitución que buscan restringir aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz en lo relativo a su punto central: la participación política de los ex insurgentes. El que más ha trascendido en la opinión pública es el que busca prohibir la posibilidad de considerar conexos al delito político, los delitos de secuestro y aquellos relacionados con narcotráfico. Usando la misma terminología del Acuerdo de Paz y la ley 1820, que reglamentó lo relativo a las amnistías e indultos, establece que en ningún caso tales delitos serán considerados conductas dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

¿Va por Buen Camino la Reincorporación de las Farc?

Si lo que aquí se plantea va en la dirección correcta, una política pública para la reincorporación de los excombatientes de las Farc debe partir de sus territorios, prácticas, saberes y tradiciones. La pregunta es cómo se interpretan estos conceptos para la realidad actual de la reincorporación. Sin embargo, se podría afirmar que, por ejemplo, más allá de proyectos de emprendimiento, que por supuesto se deben adelantar, también hay que considerar la consolidación de los procesos en los territorios donde están asentados los excombatientes, y allí construir comunidad y llevar a cabo una serie de actividades la mayoría de las cuales está por fuera del mercado.

El tortuoso camino a la paz: retos para la movilización social y la oposición crítica

Mientras avanza el proceso de paz con el desarme y la dejación de armas por las FARC, persiste un sinfín de retos sociales y políticos. De estos, es necesario enfatizar los agravios a los líderes sociales que no dan tregua, así como la dificultad de encontrar un espacio seguro y duradero para expresar la oposición, la crítica o el pensamiento alternativo. Tendencias que no son nuevas pero que interpelan al ciudadano, al observador o al investigador, en el contexto de construcción de la paz.

Lo nacional-popular y la paz

Pero lo más importante, es que dicha construcción de paz pasa necesariamente por la construcción de un amplio consenso social y político, nacional y regional, sin el cual sus posibilidades reales de implementación se verían truncas y sometidas a la amenaza continua de ser reversadas por coaliciones políticas enemigas del proceso, como el uribismo, el vargasllerismo, los generales en retiro agrupados en Acore, grupos empresariales e incluso instituciones del propio Estado como la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director, Néstor Humberto Martínez.

Costumbres políticas, acogida e inclusión: Los retos del posconflicto en Colombia

El sujeto es lo que es a través de complejas tramas intersubjetivas y los espejos que nos muestran de manera fragmentada todo lo que hemos sido, somos o podremos llegar a ser, también nos configuran como hijos e hijas del conflicto, figuras que desde el punto de vista de la educación política deberemos saber tornear, moldear, afinar, en una etapa de posconflicto.

Implementación del Acuerdo de Paz y Gobierno de Transición: apuestas y necesidades para el año que empieza

La experiencia internacional demuestra cómo la etapa más compleja y peligrosa de un proceso de paz es su implementación. De allí entonces la necesidad de asegurar la conformación de un Gobierno de Transición que permita consolidar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado; para a partir de allí, construir las condiciones que materialicen el desarrollo de una Paz Estable y Duradera; hacia un país incluyente, democrático y pluralista.

Sobre la definición de una estrategia: desde la implementación hacia la transición

Creo que este momento pasa por identificar qué sectores están dispuestos a trabajar en pro de construir una transición democrática y a partir de la elaboración de un programa que tenga como base fundamental el Acuerdo de La Habana y los posibles avances de negociación con otras fuerzas armadas de oposición, apostar por este gobierno de transición que fije como base primera una verdadera apertura democrática.

De la Ley de Justicia y Paz al “fast track”: diferencias y necesidades

Al verse suspendida la reforma constitucional que incluía mecanismos excepcionales para hacer una implementación que dé cuenta de dicha complejidad con ocasión del resultado del plebiscito, la decisión de la Corte sobre la refrendación popular es coherente con las dificultades que se han sorteado para adelantar el proceso, pues establece que la refrendación popular para este caso se compone de diferentes decisiones democráticas directas e indirectas interconectadas como un proceso y no un momento único.

Que el genocidio no se repita

Muchas de las medidas de protección que realmente necesitan las organizaciones sociales no dependen de los esquemas de seguridad que se disputan los políticos o que algunos usan como símbolo de ascenso social. Entre otras cosas, porque hemos constatado que el Estado colombiano ha usado estos mismos esquemas para realizar acciones de inteligencia e incluso atentar contra la vida de las y los líderes.

Incoherencia moral y consistencia programática de los negacionistas

Los negacionistas siempre se opusieron a la negociación del gobierno de Santos con las FARC, porque consideraron que tras 8 años de confrontación abierta durante Uribe, la guerrilla estaba debilitada y los intereses que representaba el gobierno se habían fortalecido en el campo económico y político. Ya no había que negociar, mejor era continuar con la confrontación abierta, hasta forzar la renuncia de la causa insurgente, sin ceder nada a cambio.