Delitos políticos y financiación de la Rebelión 

El Centro Democrático radicó 2 proyectos de reforma a la Constitución que buscan restringir aspectos fundamentales del Acuerdo de Paz en lo relativo a su punto central: la participación política de los ex insurgentes. El que más ha trascendido en la opinión pública es el que busca prohibir la posibilidad de considerar conexos al delito político, los delitos de secuestro y aquellos relacionados con narcotráfico. Usando la misma terminología del Acuerdo de Paz y la ley 1820, que reglamentó lo relativo a las amnistías e indultos, establece que en ningún caso tales delitos serán considerados conductas dirigidas a promover, facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión.

Argumentos a favor de un enfoque participativo de las víctimas en la JEP

Si asumimos esta premisa, la discusión habrá de centrarse en el diseño institucional del procedimiento de la JEP que mejor asuma el carácter deliberativo de la democracia. Si nos inclinamos por esta visión, los escenarios de toma de decisiones en la JEP deberían inclinarse por canales de participación más directos  para las víctimas, de modo que en un foro público de discusión presenten sus correspondientes perspectivas