Puesto de otra manera, de lo poco que este partido dice claramente es que quiere proteger los intereses de la clase poseedora de este país y que, si para eso tiene que abandonar el proyecto de por sí sufrido de la paz, está totalmente dispuesto a hacerlo. El lema parecería ser que, esté el país en paz o en guerra, todo se debe mantener como ha transcurrido hasta ahora: un statu quo de oligarquías que se han asentado plácidamente sobre las penas del pueblo.
La estigmatización de integrantes de la JEP y la directora de la UPBD es un ataque directo a la justicia transicional acordada entre el Estado y las FARC. Busca crear un manto de duda previo para luego deslegitimar cualquier decisión que tomen estos mecanismos, bajo la acusación de persecución política. Sin embargo, como estrategia política, este tipo de ataques no son nuevos.
Los incumplimientos al Acuerdo buscan generar tensiones al interior de la insurgencia, romper su cohesión y reventar el proceso; también desincentivar el apoyo de la sociedad civil a lo ya alcanzado. En ese contexto, debilitar aún más la JEP, tachándola como un escenario ilegítimo de impunidad estatal, además de injusto, no parece ser lo más pertinente, adecuado ni oportuno. Al contrario, el proceso debe ser rodeado, fortalecido y rescatado de quienes pretenden vituperarlo.
El punto central a resolver es cuál es el grado de participación en el que se potencia y mejora el proceso de judicialización y cuál es el punto en el que, a mayor participación, menos ventajas para el mismo, pensando en una gráfica de ‘u invertida’.
