Es importante que quienes tienen la imagen del Ejército colombiano como la de unos soldados con los pulgares alzados en las carreteras del país, también puedan conocer que desde allí se promovieron estrategias de guerra política que no tenían como finalidad debilitar a la insurgencia en el marco del conflicto armado, sino debilitar a un “heterogéneo enemigo” del que hacían parte periodistas críticos, sindicalistas, integrantes de partidos políticos de oposición y defensores de derechos humanos.
A propósito de los 23 años del asesinato del senador y militante de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda, Palabras al Margen entrevistó a Iván Cepeda Castro, Senador de la República por el Polo Democrático Alternativo y cabeza del movimiento Vamos por los Derechos. A continuación reproducimos la entrevista.
Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular.
Las mingas de resistencia por la liberación de Uma Kiwe (Madre Tierra) se han mantenido, pues se entiende que es el llamado de la Madre Tierra para este tiempo. De hecho, desde de la invasión española, los Nasa han encontrado diferentes formas para proteger sus territorios. Son bien recordadas en el norte del Cauca las luchas de la Cacica la Weitama y el Cacique Sat Tama quienes lograron que la Corona Española les reconociera expresamente el derecho de mantener su autoridad.
La administración de justicia será un tema central en la contienda electoral por la Presidencia. Por eso, representantes de la corriente más conservadora de la justicia están ambientando un clima de hostilidad contra la labor judicial. Antes del debate quieren hacer creer a la ciudadanía que el garantismo es un obstáculo para hacer frente a la delincuencia común y que los jueces, en tanto garantes del procedimiento y los derechos, se amangualan con esta delincuencia para favorecerla.
La democracia no es un punto de llegada, no es un procedimiento, no es una estructura rígida. La democracia no se decreta. Se hace cada día. Es una forma de vivir en sociedad. Es un proceso, un proyecto en permanente construcción que se nutre del debate público y depende fundamentalmente de ello para crecer y mejorar.
No hay alternativa a la privación de la libertad en la prisión. Miyer pasa a ser uno más, uno de los casi 120.000 internos intramurales de Colombia, otro delincuente que entra a llenar esos contenedores de seres humanos infestados de indignidad que se supone serían remediados, en alguna medida, por la nueva ley.
Lo cierto es que, como afirma el profesor Miguel Ángel Herrera, en medio de tanto discurso que pretende que la paz es el único futuro posible para el país, está aumentando de manera alarmante la inseguridad para quienes están dispuestos a disentir y a protestar.
Los medios no pueden erigirse como jueces y la sociedad no debe quedarse quieta mientras nos meten la mano en la boca a contarnos los dientes. Derecho penal no es solo prisión y odio.
La promesa de la justicia restaurativa queda en cuestión cuando los mecanismos institucionales y formales no tienen mejores respuestas que soluciones jurídicas y propuestas de reparación económica para el restablecimiento de los daños.
Necesitamos datos de entidades públicas y privadas sobre temas ambientales. La falta de éstos es un obstáculo para el ejercicio ciudadano de la defensa del ambiente, pues nos obliga a la confianza ciega de que la administración estatal lo está haciendo y de manera óptima.
En el marco de la justicia transicional, la pena debe cumplir, antes que nada, unos fines restaurativos frente a las víctimas, y otros orientados a la reincorporación a la comunidad. Sin embargo, una lectura de la experiencia de resocialización de los postulados de Justicia y Paz mostró la incapacidad de generar escenarios materiales de restauración y condiciones óptimas para la reconstrucción del tejido social y comunitario con víctimas y comunidades, así como una respuesta inoportuna en términos de tratamiento penitenciario.
El mundo vive tiempos de convulsión e incertidumbre. El malestar con la globalización parece haberse extendido a los países más ricos. ¿Quién capitalizará el descontento y cuál será el orden global resultante?
Esta reflexión fue originalmente presentada en el evento “Jornadas sobre la pregunta en la disyuntiva actual de las sociedad colombiana”, organizado por Analítica. Asociación de Psicoanálisis de Bogotá y la Escuela de Estudios en Psicoanálisis y Cultura de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. En el evento, el público y los invitados discutieron sobre la situación colombiana a partir del cuento “La pregunta” de Stanley Ellin, traducido y publicado en el Archivo Mario Arrubla.
Si el profesor Sáenz Rovner no estaba de acuerdo con mi tesis, hubiera podido controvertirla en forma argumentada y hubiéramos tenido un debate abierto al respecto, como corresponde en la vida académica. Pero no fue así: como no aprobaba mi planteamiento, prefirió simplemente descalificarlo como “plastilina constitucional” para justificar “echar a un profesor de la universidad nacional”, para luego atacarme como inmoral, maltratador, etc.
Veamos qué palabras lo tienen tan molesto que provocaron que “palabrasalmargen.com” publicara en forma tan expedita, “exprés”, un artículo en el que tan distinguido profesor se desahoga de una bronca in pectore.
Evitar el genocidio político es una necesidad que pasa por garantizar los derechos políticos tanto de los futuros desmovilizados como de todos los ciudadanos colombianos. Por lo tanto, invita a pensar en maneras de desactivar la posibilidad de que se combinen balas, dinero y votos, algo que no parece estar entre las prioridades de las élites que han sacado provecho de ella.
El momento exige la confluencia de todos los procesos, de todas las agendas y de todas las esperanzas del conjunto de la sociedad. Para esto la participación de la población privada de la libertad y sus familias es fundamental y necesaria, no solo como un ejercicio de defensa de los derechos humanos, sino como una garantía para una verdadera democracia, base fundamental para la superación del conflicto y la edificación de una paz con justicia social.
