El hermano del expresidente de Colombia estaría en la cúspide del proyecto paramilitar nacional, como un jefe de, al menos, la misma jerarquía de quienes estuvieron como comandantes en el proceso de la ley 975 de 2005, y con mucho más poder político que cualquiera de ellos. Hace pocos días inició formalmente la etapa de […]
Lejos de ser una alianza inestable de grupos criminales diversos, las AUC representaron un proyecto global coherente, beneficiado de todo tipo de complicidades, con una dimensión política innegable y un accionar similar en todo el territorio nacional. Las AUC se expandieron por todo el país y acumularon un poder descomunal, a tal punto que se puede decir que su triunfo representó, en cierta medida, la toma de posesión paramilitar de Colombia. Es decir la victoria de una «cultura paramilitar» que impregnó todas las esferas de la sociedad colombiana y que condujo a la llegada a la presidencia de la República de un personaje como Álvaro Uribe, arquetipo de esa cultura.
Es importante que quienes tienen la imagen del Ejército colombiano como la de unos soldados con los pulgares alzados en las carreteras del país, también puedan conocer que desde allí se promovieron estrategias de guerra política que no tenían como finalidad debilitar a la insurgencia en el marco del conflicto armado, sino debilitar a un “heterogéneo enemigo” del que hacían parte periodistas críticos, sindicalistas, integrantes de partidos políticos de oposición y defensores de derechos humanos.
El caso de Curvaradó y Jiguamiandó debe ser el más documentado en el país en que se demuestra la relación entre sectores empresariales, institucionalidad civil y militar, grupos paramilitares, proyectos económicos y violaciones a derechos humanos y ambientales. Sin embargo, no es un caso excepcional o extraño: en vastas regiones del país, usando como excusa el desarrollo del conflicto armado, se impuso un modelo económico de acumulación por desposesión a partir del saqueo y el despojo llano; en que, con ciertas variaciones, se repitió lo ocurrido en el Bajo Atrato.
La restitución de tierras es una oportunidad en el fondo para reconocer que las contradicciones internas del modelo de desarrollo y sus modos de acumulación son insostenibles; que es imperativo politizar el debate sobre la posesión de tierras en el país.
La presente columna se centrará en tres aspectos que buscan demostrar algunos rasgos comunes entre las antiguas estructuras paramilitares y los actuales grupos post-desmovilización, responsables de una gran parte de la violencia sociopolítica que se presenta actualmente, especialmente amenazas y desplazamiento forzado por motivos relacionados con liderazgos sociales y políticos.
Es indispensable que haya una auténtica voluntad política de enfrentarse al problema. De lo contrario, Colombia sólo conocerá una «paz formal», de la misma manera que tiene una democracia formal, de la cual se podrá jactar Santos en los medios y en el exterior pero que no mejorará las garantías democráticas y la participación política de los sectores tradicionalmente marginalizados.
Las amenazas crean un escenario inverso al que pretendían implantar los amenazadores, es decir, crean en nosotras y nosotros la voluntad de acompañar de la forma más fraterna y abierta a quienes sienten la angustia de ser señalados por quienes no han comprendido que un lenguaje que pretende acallar, deja de ser lenguaje, deja de cumplir la labor crítica que tiene todo ser humano.
Comunicado a la opinión pública En días pasados ocurrió un hecho de extrema gravedad en la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá que no ha tenido el debido rechazo por parte de la opinión pública nacional. Como en otras coyunturas oscuras, circuló un panfleto intimidatorio firmado por “Águilas Negras Bloque Capital” en el que se […]
Las pocas investigaciones frente a la magnitud de las pruebas demuestran el ocultamiento que existe de la paraeconomía, la impunidad frente al enriquecimiento de gremios empresariales demuestran la intrascendencia que ha tenido frente a la justicia y medios de comunicación
Las posiciones diametralmente opuestas del uribismo y su partido en tan sólo estas dos aspectos comparados llevan a preguntarse por el trasfondo de sus críticas. ¿Son más importantes las víctimas de un bando que del otro? ¿El problema no es la ponderación de sus derechos con la paz sino a quién benefician estas reformas?
Las prácticas paramilitares están al nivel de deseos e intereses propios. Ante nuestras desgracias, no podemos seguir culpando a los grandes universales de religión, patria y familia; el problema paramilitar radica en que miles de colombianos estamos a la merced de un juicio que está a medida del delirio de “unos”, que no perciben el mundo fuera sus deseos de apropiación territorial.
A las fuerzas de la izquierda democrática les queda una tarea esencial para la construcción de la paz, vislumbrada por el debate: intentar que los colombianos entendamos nuestro país por medio de la historia del paramilitarismo.
La restricción al debate contra Uribe en el Senado se asemeja más a las formas de inmunidad/impunidad que gozó Pinochet, otro famoso innombrable, tras su derrota en el plebiscito del 88, que a una consideración ética sobre incoherencias de control político dentro de un sistema democrático.
El recrudecimiento de la violencia quizás obedece a cómo el cuerpo es vuelto añicos. Las vidas de aquellos que no cumplen los criterios para habitar el paraíso dejan de valer y los crímenes de los ejecutores de las sentencias de una sociedad limpia quedan en la impunidad.
No se trata, como quizás podría interpretarse en la ciudad enferma de Platón, de que haya violencia porque no hay justicia sino todo lo contrario, hay violencia para que no haya justicia, para que reine la impunidad.
La experiencia de guerra y violencia endémica en Medellín confirman la profunda e histórica debilidad del Estado. Su territorialidad es estriada, regulada pero también extremadamente fragmentada. No indisputada sino continuamente entredicha.
Mientras existan las estructuras de poder que lo soportan, sectores capaces de financiar ejércitos con el fin de salvaguardar sus negocios ilegales o sus mal habidos capitales –económicos y políticos-, habrá paramilitarismo. Eso explica el que la aplicación de la Ley de víctimas y restitución de tierras, con todas sus falencias, haya tenido como principal obstáculo la operación del paramilitarismo, aupado por quienes se han beneficiado del despojo.
El decir del silencio es político porque «habla» y «silencio» coexisten conflictiva y simultáneamente en el mismo acto que cuestiona la distribución que separa los que hablan de las que callan.
Mi hipótesis consiste en sostener que el ‘fuero militar’ que se discute actualmente en Colombia representa una innovación autoritaria, en la que no se busca simplemente garantizar la impunidad sino institucionalizar la acusación falsa como política de Estado.