Es importante que quienes tienen la imagen del Ejército colombiano como la de unos soldados con los pulgares alzados en las carreteras del país, también puedan conocer que desde allí se promovieron estrategias de guerra política que no tenían como finalidad debilitar a la insurgencia en el marco del conflicto armado, sino debilitar a un “heterogéneo enemigo” del que hacían parte periodistas críticos, sindicalistas, integrantes de partidos políticos de oposición y defensores de derechos humanos.
El caso de Curvaradó y Jiguamiandó debe ser el más documentado en el país en que se demuestra la relación entre sectores empresariales, institucionalidad civil y militar, grupos paramilitares, proyectos económicos y violaciones a derechos humanos y ambientales. Sin embargo, no es un caso excepcional o extraño: en vastas regiones del país, usando como excusa el desarrollo del conflicto armado, se impuso un modelo económico de acumulación por desposesión a partir del saqueo y el despojo llano; en que, con ciertas variaciones, se repitió lo ocurrido en el Bajo Atrato.
La restitución de tierras es una oportunidad en el fondo para reconocer que las contradicciones internas del modelo de desarrollo y sus modos de acumulación son insostenibles; que es imperativo politizar el debate sobre la posesión de tierras en el país.
