Lo que me gustaría decir es que construir una narrativa del desencanto tiene que ver con producir una forma de comprensión del mundo distinta que, en lugar de renegar diciendo que las condiciones no están dadas, permita formular cambios a corto, mediano y largo plazo en temas cruciales.
Los espacios de convergencia abiertos recientemente por la Cumbre Agraria, así como la interlocución con el gobierno en mesas de negociación deberían estar acompañados de una cualificación de la propuesta que el movimiento social le hace al país. Esa cualificación pasa por una construcción local que, como las consultas populares, sepa encontrar los objetivos comunes que pueden articularnos y no una carrera por posicionar o dejar de lado alguno de los sectores del movimiento social y con ellos sus figuras territoriales.
El paro del magisterio mostró un clima social favorable a la movilización social, también percibido en las movilizaciones en Chocó y Buenaventura. Es un cambio positivo en la percepción de la opinión pública colombiana sobre la lucha social y sindical, aunque es pronto para llegar a conclusiones sobre las razones de este cambio y su permanencia.
Es urgente que de manera sustentada y seria comencemos a averiguar cómo contrarestar el miedo paralizante. De otro modo, seguiremos entre la desesperación y la desesperanza.
Al cuestionar que el proyecto de la democracia radical tenga que pensarse desde el populismo no pongo en cuestión que la figura del pueblo tenga que ser reinventada y movilizada como figura polémica de un sujeto colectivo disensual que pone en cuestión las fronteras y criterios establecidos de lo común, pues esto es algo crucial en una comprensión radical de la democracia.
El tema de la participación directa de la sociedad civil en el escenario de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la última insurgencia de inspiración marxista que sobrevive en el continente, es un tema serio. Quienes ocupando posiciones privilegiadas de poder lo minimizan condescendientemente por su falta de “realismo”, están en verdad muy desconectados de la realidad del mundo en el que viven, y de cómo esa realidad nos exige repensar las formas de construcción de lo común desde la gente, desde abajo, desde los territorios, más allá del modelo ya históricamente en ocaso de la democracia liberal representativa, tal y como se ha instituido de manera dominante en las sociedades occidentales.
El gobierno universitario tal como existe hoy en día no sólo le da la espalda a la comunidad universitaria, desconociendo su potencia y capacidad para discutir y decidir, sino al conjunto de la sociedad colombiana. Esta situación crea y recrea una relación en la cual una parte de la “comunidad universitaria” y supuestos representantes de la sociedad se constituyen en sujetos de la acción, imponiendo su modelo de universidad al resto de la comunidad universitaria, que es pensada y tratada como objeto que debe acatar todo aquello que se le dicta y exige.
La liberación de la Madre Tierra contrasta con el panorama actual, en donde las demandas del movimiento indígena se discuten en escenarios promovidos por el Gobierno Nacional y en donde las políticas del Estado colombiano pareciesen distraer las agendas propias de las organizaciones indígenas.
Todos los actores involucrados deben asumir la responsabilidad de llevar el Acuerdo a buen término con la mayor brevedad posible, la renegociación centrada en garantizar valores como la democracia, la justicia, o las instituciones más que facilitar la realización de una paz estable y duradera producirá que los Acuerdos de paz pierdan la poca legitimidad que ya tenían.
El punto central a resolver es cuál es el grado de participación en el que se potencia y mejora el proceso de judicialización y cuál es el punto en el que, a mayor participación, menos ventajas para el mismo, pensando en una gráfica de ‘u invertida’.
Necesitamos plantearnos seriamente el propiciar espacios y formas de participación que recojan desde las formas tradicionales, las Juntas de Acción Comunal, hasta las más recientes como las derivadas de la extendida propiedad horizontal, pasando por formas sectoriales y de intereses particulares, con el propósito de que puedan tener capacidad de decisión sobre aspectos de la vida pública y presupuesto para ejecutar sus acciones, de lo contrario podríamos perder una oportunidad para profundizar nuestra convivencia, para avanzar en la construcción de ciudadanía y enriquecer la democracia representativa reduciendo las brechas de desarrollo social, económico y cultural que hoy tenemos.
Las mujeres colombianas tenemos mucho que decir sobre nuestros derechos y nuestras reivindicaciones, y el trabajo de las organizaciones de mujeres y feministas es innegable en ese sentido y ha dado muchos frutos, pero las mujeres también tenemos mucho que decir sobre el problema de las drogas y el narcotráfico, sobre la justicia y la participación política de las insurgencias tras la firma de los acuerdos, sobre la repartición y los usos de la tierra en el país.
Lo público es el escenario de lo diverso, lo contingente y lo impensable, es el espacio en el que nada está determinado, un espacio de experimentación que muestra nuevos caminos de acción, no es claro si son preferibles o no, sin embargo, la política y la democracia se han vuelto tan estáticas que es necesario incluir algo de desorden, algo de experimentación, menos acuerdos y más diferencias, menos soluciones y más enfrentamientos, algo más amplio donde lo nuevo irrumpa.
Desde el portal Palabras al Margen, vemos la necesidad de reflexionar, desde una perspectiva generacional, sobre las acciones, los mecanismos, los cambios y movimientos que debería adoptar la izquierda y el progresismo colombiano para ser una alternativa viable de poder democrático a nivel nacional.
Una reconsideración del espacio electoral, una profunda sospecha ante las inconsistencias diarias, el propósito de hablarle al conjunto de la sociedad y la renovación del programa de cambio, son cuatro condiciones para superar la adversidad y reinventar la praxis emancipadora de la izquierda.
Mientras las FARC y el Gobierno se disputaban la bandera de la participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, que no se sintieron representados por ninguna de las dos partes negociadoras, exigieron ser incluidos en el proceso. Y aunque al igual que el Gobierno y las FARC respaldaron los espacios y mecanismos de participación definidos por la mesa, hicieron algunos reparos.