En cualquier caso, hemos ganado mucho en este proceso y es importante que la cualificación democrática del país, que ha permitido estos Acuerdos de Paz, continúe fortaleciéndose y permita que esa apertura a nuevas fuerzas en los distintos escenarios de participación se materialice, permitiendo que la deliberación política alrededor de los problemas comunes resulte más efectiva en construir alternativas que transformen realidades que lo demandan.
A veintinueve años de la caída del muro de Berlín, en Colombia se sigue planteando el antagonismo entre la derecha y la izquierda, ambivalencia discontinua que no permite hacer una lectura más integral de la nación, desvirtuándose así los otros matices y perspectivas que se tienen de la guerra y de la paz.
Una de las grandes tareas es persistir en rescatar temas políticos y sociales de fondo, reestableciendo así ese equilibrio ideológico necesario en el paisaje colombiano para no seguir hundiéndonos en una versión simplista y maniquea de la sociedad.
Son millares de familias que llevan más de 10, 20, 30 y hasta 40 años buscando a sus seres queridos sin respuesta alguna, por ello es urgente la actuación de un mecanismo específico como la UBPD que de manera extrajudicial y humanitaria de inicio a la recuperación de información sobre las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado
Invitamos a la sociedad a romper la indiferencia, a crear lazos de solidaridad con las comunidades y con sus líderes, a pronunciarse por la cesación de las acciones bélicas y la aceleración de la búsqueda de una solución política definitiva al conflicto. La paz se consolida para detener las muertes, no para callar ante ellas.
El cambio profundo sería que la UBPD tenga como referente la experiencia acumulada de los familiares de los desaparecidos, sus organizaciones y las de DDHH, articulando su mandato y funciones, generando espacios efectivos y reales de participación
Comunicado firmado por 315 intelectuales de todo el mundo en apoyo al proceso de paz en Colombia
A los realmente pocos políticos que hoy, con sus matices, dan la pelea por orientar de otra manera y en otra dirección la institucionalidad política colombiana se pueden y deben quienes no quieren más de lo mismo. La gente del común -en tanto basamento y sostén de los liderazgos que actúan hoy desde la política institucional, el naciente partido FARC y los diversos movimientos sociales- es vital para defender los acuerdos logrados, llegar a un acuerdo con la guerrilla del ELN y dar pasos hacia la transformación sustancial de la política institucional colombiana.
La corrupción es algo tan etéreo, tan fácilmente atribuible a cualquier cosa, que juega perfectamente como cortina de humo. Si bien es cierto que la mayor parte de los gobernantes, jueces –incluso magistrados–, y legisladores de nuestro país son corruptos, decir que la corrupción es el principal problema que nuestro país enfrenta actualmente se ha convertido en una fórmula de fácil repetición pero inextricable
Hay tiempo de converger, aún con las diferencias aquí expuestas. Los “egos” y los protagonismos no son ahora los mejores consejeros. Las redes sociales son buenas para confrontar y debatir, pero son necesarios otros espacios para construir confianzas y acuerdos.
El hecho de que El Espectador haya decidido nombrar “personajes del año” a los líderes sociales asesinados o que resisten es una señal alentadora, en el contexto de la precaria implementación de la paz, un año después de la firma de los Acuerdos de la Habana (2016). Aun cuando no existe una política pública oficial para enfrentar el asunto, y persiste la negación oficial de la gravedad y sistematicidad del asunto.
En otras palabras, la famosa paz territorial propuesta por esa parte del poder que buscó el Acuerdo, debería dialogar directamente con las propuestas territoriales que se han estado construyendo desde esos territorios históricamente excluidos, algunos ya históricos como las Zonas de Reserva Campesina
Una Jurisdicción Especial en la lógica de la reproducción de esa hegemonía no solo es ineficaz sino que, además, resulta completamente inviable.
Los PDET están planteados al menos desde su intención con un componente de participación. Si bien su cobertura es limitada, el desarrollo de los mismos constituye una prueba real sobre la voluntad de paz del gobierno, las élites política y económicas y, de manera paralela, sobre la capacidad comunitaria para tomar decisiones sobre el tipo de desarrollo que quiere.
En tal sentido, urge construir y posicionar nuevos liderazgos de cara a una sociedad que ya se cansó de los Gerlein, los Lleras, los Uribes, los Santos, Los Pastranas (y demás políticos de tradición), y su aferramiento en las esferas del poder público, que por derecho pertenece al pueblo y no a unas cuantas familias
Después de varios años de conocer al profesor Múnera, me atrevo a decir que él sabe que sin el esclarecimiento de la verdad no habrá una base sólida para la reparación y la no repetición, y que será vacua la posibilidad de desanclar las relaciones sociales de los órdenes de violencia que se desataron con el desenvolvimiento del conflicto armado.
Vivimos bombardeados de alusiones tales como “los retos de la democracia”, “retrocesos democráticos”, “el miedo a la democracia”, “las amenazas de la democracia” y otros tantísimos llamados de urgencia a proteger algo que parece ser un baluarte inquebrantable. Son poquísimos los que, al son de democracia, no piensan en un valor social e individual incalculable para ser preservado por encima de todo.
Tampoco se han alcanzado los resultados esperados con relación al segundo gran objetivo de la descentralización: el mejoramiento de la calidad de la democracia local en sus dimensiones representativa, participativa y directa. Aunque efectivamente hay algunos avances en el acceso de fuerzas políticas renovadoras a algunas gobernaciones y alcaldías, el cambio es mínimo.
A pesar de las limitaciones, no sólo en términos de la lucha antidroga sino de otros temas gruesos como la RRI, la importancia de los Acuerdos de La Habana radica en ser una contribución para el desate de la potencia transformadora y la generación de condiciones para que las luchas de una organización social y popular entren en el campo de disputa de estos y otros temas nacionales.
Dura es la ley, pero es la ley, tan contundente que en escenarios reales se vuelve invisible, tan formal que en los territorios pierde su forma y su tecnicismo. Más allá de contextualizarla y territorializarla, su verdadera implementación en el campo de la interpretación depende de la comprensión de los hechos sociales que se desarrollan en el orden de lo local, de lo comunitario y de lo particular.
