Las organizaciones que integran el Consejo Permanente de Dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, radicaron el día de hoy una carta dirigida al Presidente de la República, Iván Duque, en relación con el PNIS y su impacto en las comunidades.
Los que exigen cifras, números y resultados no han comprendido que el fenómeno de las drogas no se soluciona con la destrucción de las plantaciones, ni con métodos violentos. Todo el glifosato del mundo no es suficiente para exterminar la producción de coca. Los cultivos se trasladan de lugar, mientras las poblaciones que viven en las zonas sufren sus efectos devastadores y los sistemas ecológicos experimentan pérdidas irreparables.
Según el programa “somos defensores”, al día de hoy, año y medio después de la firma de la paz entre el gobierno de Santos y las FARC, van 435 lideres asesinados en Colombia. Siempre es momento para recordar que con cada una de sus muertes no sólo se está perdiendo a una persona, también está desapareciendo todo lo que esta persona representa, su experiencia, los años de formación y concientización que la llevaron a convertirse en líder, y aquello que simboliza y representa en su contexto local, así como en el nacional.
La exigencia de libertad para Jesús es, a su vez, paradójicamente, una exigencia al Estado colombiano de cumplir no solo el Acuerdo de Paz, sino también, y sobre todo, la Constitución Política, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
A veintinueve años de la caída del muro de Berlín, en Colombia se sigue planteando el antagonismo entre la derecha y la izquierda, ambivalencia discontinua que no permite hacer una lectura más integral de la nación, desvirtuándose así los otros matices y perspectivas que se tienen de la guerra y de la paz.
Si al final del proceso la sociedad no cuenta con una verdad confiable y exhaustiva del conflicto armado, las rebajas en los estándares de justicia quedarán puestas en duda. Ante esta centralidad, hay que analizar los obstáculos que enfrentará la CEV para poder llevar a cabo sus propósitos.
Los invito a retomar un cese al fuego, a demostrar con acciones su ambición de retornar a la mesa. Los invito también a responderme y ayudarme a entender sus acciones a la luz de lo que les plasmo. Tienen en sus manos la decisión de definir el rumbo de los siguientes cuatro años.
El presente comunicado es el resultado de una propuesta promovida por la Red-Salud Paz que articula a diferentes universidades, centros de investigación y organizaciones de derechos humanos de todo el país.
son pocas las probabilidades de que una CICIC –para Colombia- cale en la agenda política, mucho menos ésta que tanto le teme a que se descubra el alcance de la corrupción y del apoyo de sectores empresariales a grupos armados organizados que amenazan la implementación de la paz territorial.
Tras semanas de debate en el Congreso atravesadas por el ausentismo, por la dilatación por parte del uribismo y el acalorado episodio en el que en días pasados le negaron la palabra a Jesús Santrich, se aprobó en su último debate en plenaria de Cámara de Representantes el proyecto de las circunscripciones, aunque con algunas modificaciones que restringe la participación de víctimas de acuerdo al grado de consanguinidad, pero se adiciona el presupuesto a la Registraduría para que se lleven a cabo las elecciones. Evitar el triunfo de la posverdad, requiere desenmascarar los mitos infundados y tergiversaciones que se han creado alrededor de este tema que ponen en duda lo acordado.
En este contexto, la masacre de Tumaco es una desgarradora historia de un conflicto que viene gestándose desde el inicio de la implementación del Acuerdo y que tiene al menos dos bases: en primer lugar, la política contradictoria que traslapa erradicación forzada con sustitución concertada y, en segundo lugar, la grave estrategia histórica del Estado colombiano de “firmar lo exigido, para incumplir lo pactado”. Esta estrategia se ha decantado desde hace más de un siglo en un ciclo vicioso de violencia-negociación-acuerdo-incumplimiento-violencia.
Si lo que aquí se plantea va en la dirección correcta, una política pública para la reincorporación de los excombatientes de las Farc debe partir de sus territorios, prácticas, saberes y tradiciones. La pregunta es cómo se interpretan estos conceptos para la realidad actual de la reincorporación. Sin embargo, se podría afirmar que, por ejemplo, más allá de proyectos de emprendimiento, que por supuesto se deben adelantar, también hay que considerar la consolidación de los procesos en los territorios donde están asentados los excombatientes, y allí construir comunidad y llevar a cabo una serie de actividades la mayoría de las cuales está por fuera del mercado.
Si las partes cumplen el Acuerdo de Quito, como creemos, se salvarán las vidas de cientos de personas en Colombia, en el campo y en las ciudades. Por eso ¡vale la pena intentarlo! No basta con saberlo, es necesario rodearlo, realzarlo, exigirlo y celebrarlo.
La estigmatización de integrantes de la JEP y la directora de la UPBD es un ataque directo a la justicia transicional acordada entre el Estado y las FARC. Busca crear un manto de duda previo para luego deslegitimar cualquier decisión que tomen estos mecanismos, bajo la acusación de persecución política. Sin embargo, como estrategia política, este tipo de ataques no son nuevos.
Uno de los aspectos de mayor relevancia que destaca el informe es la importancia de la información para el posconflicto en dos niveles: por una parte, la necesidades de generar análisis prospectivos que le permitan al país generar respuestas preventivas a formas de violencia que sean consecuencia posible en el proceso de desmovilización e implementación de los acuerdos de paz. Por otra parte, resalta la importancia de pensar el problema de la violencia que afecta a los ciudadanos en clave de salud pública, por lo que apuesta por un país libre de violencia.
Mientras avanza el proceso de paz con el desarme y la dejación de armas por las FARC, persiste un sinfín de retos sociales y políticos. De estos, es necesario enfatizar los agravios a los líderes sociales que no dan tregua, así como la dificultad de encontrar un espacio seguro y duradero para expresar la oposición, la crítica o el pensamiento alternativo. Tendencias que no son nuevas pero que interpelan al ciudadano, al observador o al investigador, en el contexto de construcción de la paz.
La situación inédita creada por la definición de regiones de atención prioritaria, definidas como circunscripciones de paz, podría ser una oportunidad para la experimentación de nuevos modelos participativos y democráticos de planeación y de gobierno. Sin embargo, el contexto social y político tanto nacional como internacional, que parece oscilar entre neoclientelismo y neoleninismo, no pinta muy favorable a un reforzamiento de la cultura democrática.
Los extractivismos conservadores se implantaron bajo la guerra, y como esa era una problemática apremiante, comprensiblemente muchos sostenían que la prioridad era buscar la paz y se debía dejar para después temas como el ambiente o el ordenamiento territorial. El proceso de paz ofrece las condiciones para adentrarse en toda esta problemática con más energía, libertad y pluralidad, y esto abre oportunidades para transiciones postextractivistas.
Si existe acuerdo en el análisis que señala que la causa de la explotación y degradación de las mayoría de personas es el propio capitalismo y su sistema de mercado, se coincidiría con la tesis 48 de las FARC en la necesidad de superar el orden social capitalista. Si no es el socialismo, ¿cuál es el tipo de sociedad que debería promoverse?
Las Voces de paz que se despliegan hoy en el marco de la protesta social deben acompasarse al exterior y, ante todo, al interior de la institucionalidad colombiana en aras de democratizarla y cerrar el camino a quienes quieren perpetuar la guerra con base en la mentira y la politiquería.