Lo nacional-popular y la paz

Pero lo más importante, es que dicha construcción de paz pasa necesariamente por la construcción de un amplio consenso social y político, nacional y regional, sin el cual sus posibilidades reales de implementación se verían truncas y sometidas a la amenaza continua de ser reversadas por coaliciones políticas enemigas del proceso, como el uribismo, el vargasllerismo, los generales en retiro agrupados en Acore, grupos empresariales e incluso instituciones del propio Estado como la Fiscalía General de la Nación en cabeza de su director, Néstor Humberto Martínez.

La inconveniencia de priorizar la lucha contra la corrupción sobre la implementación de la paz

No cabe duda de que la lucha contra la corrupción en Colombia debe ser considerada como una tarea primordial. Sin embargo, es motivo de preocupación el modo en que, en medio de la coyuntura marcada por el gran escándalo del caso Odebrecht, se pretende priorizar esta lucha en detrimento del proceso de paz que, con el inicio de la fase de implementación, entra en su momento más delicado y decisivo.

El miedo a la democracia

El tema de la participación directa de la sociedad civil en el escenario de la mesa de negociación entre el gobierno nacional y la última insurgencia de inspiración marxista que sobrevive en el continente, es un tema serio. Quienes ocupando posiciones privilegiadas de poder lo minimizan condescendientemente por su falta de “realismo”, están en verdad muy desconectados de la realidad del mundo en el que viven, y de cómo esa realidad nos exige repensar las formas de construcción de lo común desde la gente, desde abajo, desde los territorios, más allá del modelo ya históricamente en ocaso de la democracia liberal representativa, tal y como se ha instituido de manera dominante en las sociedades occidentales.

Implementación del Acuerdo de Paz y Gobierno de Transición: apuestas y necesidades para el año que empieza

La experiencia internacional demuestra cómo la etapa más compleja y peligrosa de un proceso de paz es su implementación. De allí entonces la necesidad de asegurar la conformación de un Gobierno de Transición que permita consolidar el Acuerdo para la Terminación del Conflicto Armado; para a partir de allí, construir las condiciones que materialicen el desarrollo de una Paz Estable y Duradera; hacia un país incluyente, democrático y pluralista.

Un nuevo acuerdo, unos nuevos desacuerdos: ¿Qué pasará con la Ley 160 de 1994 durante la implementación de los acuerdos?

Esta discusión sobre la modificación del actual modelo de desarrollo rural se dio durante la aprobación de la Ley de Zidres en el Congreso de la República. Quienes promovieron esta iniciativa hicieron una presentación maniquea de los bajos resultados de la Ley 160 en la consecución de sus propios objetivos, principalmente el de dotación de tierras, y concluyeron que había que descartarla como modelo de regulación y adjudicación de la propiedad rural. Entre tanto, los detractores de las Zidres desvirtuaron estas afirmaciones a través de estudios serios que daban cuenta de que el problema de la ley agraria no es el modelo sino su falta de ejecución y la corrupción del Incoder en la adjudicación de las tierras.

Sobre la definición de una estrategia: desde la implementación hacia la transición

Creo que este momento pasa por identificar qué sectores están dispuestos a trabajar en pro de construir una transición democrática y a partir de la elaboración de un programa que tenga como base fundamental el Acuerdo de La Habana y los posibles avances de negociación con otras fuerzas armadas de oposición, apostar por este gobierno de transición que fije como base primera una verdadera apertura democrática.

La intensificación de la represión a líderes sociales en torno a la firma de la paz: Un debate crucial para Colombia

Aunque es todavía difícil conseguir datos claros y reconocidos por todas las partes, el nivel de homicidio y amenaza de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos se ha vuelto objeto de atención tanto de la prensa más mediática como del Gobierno, que al menos lo menciona y lo discute, aunque le falta construir políticas públicas para la resolución de tan preocupante asunto. El hecho que este problema tan preocupante se haya hecho presente en el debate público en sí mismo es un avance destacable, aunque falta mucho camino por recorrer.

De la Ley de Justicia y Paz al “fast track”: diferencias y necesidades

Al verse suspendida la reforma constitucional que incluía mecanismos excepcionales para hacer una implementación que dé cuenta de dicha complejidad con ocasión del resultado del plebiscito, la decisión de la Corte sobre la refrendación popular es coherente con las dificultades que se han sorteado para adelantar el proceso, pues establece que la refrendación popular para este caso se compone de diferentes decisiones democráticas directas e indirectas interconectadas como un proceso y no un momento único.

El oportunismo plebiscitario y la paz

Quienes hoy están en deuda con la paz no son las FARC ni es el Gobierno de Santos, sino los partidarios del No al Acuerdo. Su cuestionamiento, con argumentos falaces pero sonoros y escandalosos, a cualquier iniciativa que contribuya a la paz, evidencia que sólo ellos continúan pensando la política bajo el esquema amigo-enemigo; tanto que ni siquiera han tenido la delicadeza de rechazar con el ahínco que los caracteriza la guerra sucia en contra de los líderes sociales, la misma que pelecha en el ambiente de odio y venganza que su discurso contribuye a crear.

Un nuevo acuerdo y unos nuevos desacuerdos: Modelo Zidres en el punto 1

El campesinado podrá acceder a aquel espacio ubicado exactamente en medio del subsuelo que pertenece a la Nación y, por consiguiente, en muchos casos, a quienes solicitan títulos mineros, y la superficie que será aprovechada principalmente por los grandes productores a través de los contratos de uso, pues son quienes, en palabras de Ramírez, fomentarán el verdadero desarrollo rural. Ahora estar entre el subsuelo y la superficie es, literalmente, como estar entre la espada y la pared.

Que el genocidio no se repita

Muchas de las medidas de protección que realmente necesitan las organizaciones sociales no dependen de los esquemas de seguridad que se disputan los políticos o que algunos usan como símbolo de ascenso social. Entre otras cosas, porque hemos constatado que el Estado colombiano ha usado estos mismos esquemas para realizar acciones de inteligencia e incluso atentar contra la vida de las y los líderes.

Incoherencia moral y consistencia programática de los negacionistas

Los negacionistas siempre se opusieron a la negociación del gobierno de Santos con las FARC, porque consideraron que tras 8 años de confrontación abierta durante Uribe, la guerrilla estaba debilitada y los intereses que representaba el gobierno se habían fortalecido en el campo económico y político. Ya no había que negociar, mejor era continuar con la confrontación abierta, hasta forzar la renuncia de la causa insurgente, sin ceder nada a cambio.

La refrendación de la paz: ¡que el pueblo decida!

Los problemas de legitimación de la paz a los que nos enfrentamos en la actualidad están enraizados en esa proscripción política del pueblo. Eso mismo ocurrió en 1991, porque la Constitución nunca logró realizarse como el gran acuerdo de paz que nos enseñaban en las clases de educación cívica en el colegio. A ese pacto entre el M-19 y los sectores progresistas del bipartidismo le faltó un pueblo, le faltó un conjunto de ciudadanos que irrumpieran en el escenario político para hacer valer sus derechos y asumir sus deberes.