A pesar de conocer las alarmas y el sinnúmero de experiencias y recomendaciones, la tibia oposición colombiana a la reanudación de la aspersión hace posible afirmar –apelando a la historia colombiana– que la presión y el chantaje financiero reavivarán una política perjudicial, caduca y tan dañina que aún se desconocen sus secuelas a largo plazo no solo para el ambiente sino para la seguridad alimentaria y la vida e integridad humanas.
Si un paciente viene con una orden para un examen o una intervención de un médico que no pertenece a la red de la EPS, se niega; no importa que el médico esté legalmente inscrito para desarrollar su profesión en Colombia.
Tal vez el mayor logro de este sistema no es haber conseguido lucrar a un conjunto de actores con los recursos destinados a la salud, sino haber logrado que todos los problemas que se derivan de esta dinámica, y que le dan forma a la monótona catástrofe del sistema de salud, aparezcan lejanos y ajenos a nuestras vidas.
No se puede pretender estudiar el fenómeno de la salud de manera ahistórica, en términos meramente formales y desconectado de su contexto. Además, las inequidades en salud derivadas de desigualdades sociales ponen de presente el papel del Estado en contribuir a su resolución, a través de nuevas apuestas en materia redistributiva, social y pública.
Un acercamiento de índole exclusivamente biológico resulta insuficiente ya que no tiene en cuenta la complejidad de las esferas económicas, sociales y culturales que rodean al individuo. Se hace necesaria la puesta en marcha de estrategias sensibles a esa complejidad y capaces de articularla con los conocimientos del experto.
El negocio de la salud ha representado la fuente de financiamiento de las mafias colombianas. Según Armando Montenegro, ex director del Departamento Nacional de Planeación, el manejo de Fosyga, la Superintendencia de salud y los recursos subsidiados de la salud ha estado permeado por caciques políticos, paramilitares y otros personajes del bajo mundo.