En la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) retumbaron los gritos de las y los arhuacas(os) quienes en el mes de noviembre de este año, al unísono de sus voces, exigían con fuerza y dignidad el respeto por su territorio ancestral en la ciudad de Valledupar. En la capital del departamento del Cesar, el Pueblo […]
El caso de Curvaradó y Jiguamiandó debe ser el más documentado en el país en que se demuestra la relación entre sectores empresariales, institucionalidad civil y militar, grupos paramilitares, proyectos económicos y violaciones a derechos humanos y ambientales. Sin embargo, no es un caso excepcional o extraño: en vastas regiones del país, usando como excusa el desarrollo del conflicto armado, se impuso un modelo económico de acumulación por desposesión a partir del saqueo y el despojo llano; en que, con ciertas variaciones, se repitió lo ocurrido en el Bajo Atrato.
El llamado “sentido social del Ubérrimo” es el resultado directo de la exaltación del aumento de la productividad y, de paso, el crecimiento económico como fórmula única para lograr el bienestar social.
Si el reto que abren los procesos de paz en el país es la posibilidad de democratizar la sociedad, esto implica pensar el sentido de la comunidad nacional. Para ello, es necesario abrir las vías para escuchar nuevos imaginarios que siempre han estado presentes, sobre todo porque son garantías de una pluralidad que permitiría construir ese sentido de lo político y de lo común, desde una perspectiva democrática.
Las discusiones jurídicas y conflictos sociales que han arriado –literalmente- personajes como J. Felx Lafaurie, María Fernanda Cabal y Alejandro Ordóñez en el último año, han tenido como centro la modificación de esta regla de la restitución que dejaría en la absoluta impunidad los procesos de aprovechamiento económico del conflicto armado.
La lucha en lo jurídico implica acudir a los derechos con sentido práctico (político), bajo el convencimiento que pueden constituir herramientas para mejorar materialmente condiciones de vida.
Una de las cuestiones medulares del pacto social en Colombia es la tierra, el conflicto armado ha estado asociado a la desigualdad, la concentración de la propiedad, el daño ambiental y la exclusión histórica de las comunidades en la configuración política y económica de los territorios.
Además de los tamaños de los predios, una política rural en el posconflicto debe preocuparse por garantizar la participación efectiva del campesinado en el ordenamiento territorial.
¿Cómo entonces la ley de víctimas y restitución de tierras y sus programas de reparación nos ayudan a desactivar, a frenar y a hacer posibles otras maneras de vivir? ¿Cómo pensar un mecanismo jurídico creado por el Estado y un conjunto de políticas de reparación desplegadas por éste como un medio para hacer visibles confrontaciones y desacuerdos frente a ese deber ser hacia el que todos tendríamos que aspirar?
En este marco es importante que se le exija al Estado colombiano un papel activo en la discusión y aprobación de esta Declaración, especialmente, porque los contenidos de su proyecto borrador presentan importantes coincidencias con algunos de los acuerdos incorporados en el borrador conjunto de política de desarrollo agrario integral, producto de la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
Frente a la agresiva concentración de la tierra en Colombia, el modelo de acumulación extractivo y el cambio climático, los grupos de productores más vulnerables (campesinos, indígenas, negros) tiene comprometida su seguridad alimentaria, el bienestar y la supervivencia.
La importancia de la exposición de estos enfoques está en la medida en que unas visiones se sobreponen a otras y muestran, justifican y argumentan formas sobre cómo leer y actuar sobre la realidad, es decir, le dan un sentido a la acción. De este modo, estos debates no solamente son académicos, en la medida en que el proceso argumentativo tiene implicaciones en la política al ver u omitir un problema de un grupo de personas sobre otros.
Si el gobierno actual es coherente con un discurso de paz, quiere entrar en el selecto club de la OCDE (para lo cual le ordenan reducir el déficit fiscal y los niveles de desigualdad) y propone la construcción de un modelo más equitativo en lo rural, la tarea es simple: recuperar las tierras baldías o con antecedentes de baldíos acumuladas irregularmente por actores privados, redistribuirlas a sujetos de reforma agraria, y de paso ahorrarle a los colombianos mayores impuestos presentes o futuro
Comunidades campesinas o pescadoras del Magdalena Medio colombiano del país buscan espacios de libertad en sus cotidianeidades (el chisme, el secreto, el teatro, el sabotaje), las cuales persisten en medio de viejas y nuevas formas de dominación en un contexto en el que no se han resuelto los conflictos por la apropiación de tierras públicas (desde el siglo XIX), y se ha generado la llegada de empresas extractivas que destruyen la tierra y modifican los territorios de esta región colombiana.
A tres años de la sanción presidencial de la ley 1448 de 2011 con bombos y platillos por el presidente Santos, el balance en materia de restitución de tierras es un rotundo fracaso: bajos niveles de reclamaciones, incumplimiento de las metas en la entrega de predios y, peor aún, ni rastro de voluntad de cambio en el modelo de desarrollo agrario colombiano. Estos hechos configuran un mapa desolador para del futuro del capítulo de restitución que con tanta alharaca Santos se comprometió ante las víctimas y el país.
Una real democratización del campo en un sentido amplio implica también el hecho de atender a las líneas rojas de la redistribución real de la tierra, la eliminación del latifundio en cualquiera de sus manifestaciones o, en términos de Marx, a la erradicación de la “sacrosanta propiedad privada” que estará siempre acompañada del poder gamonal y terrateniente que se establece en el campo.
La tierra originalmente no tiene ningún valor y es naturaleza, su valor nace del trabajo sobre ella o su potencialidad para trabajarla. La creación de la propiedad la divide y posibilita que bajo el respaldo del Estado ésta sea comercializada (tierra como mercancía), a su vez que respalda la manutención de las relaciones sociales que existen en su interior (entre trabajadores y dueños de la tierra).
La experiencia de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) es tal vez el acercamiento más inmediato a una reforma agraria en el Magdalena Medio; aunque no representa para la colonización una transformación sustancial de la política agraria en Colombia, sí constituye, sin lugar a dudas, un mecanismo de protección contra el latifundio y la concentración de la tierra.
Las tensiones y conflictos existentes alrededor de la tierra en Colombia no son nuevos y se pueden remitir a por lo menos los últimos cien años de nuestra historia. Su comprensión debe ir de la mano con saber el funcionamiento de los contextos sociales e historias locales y regionales, así como las formas de organización y conflicto que los diferentes grupos sociales en el campo han tenido en el tiempo.
