Desde las solidaridades de organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Argentina se busca sumar las experiencias de búsqueda de las personas desaparecidas y las luchas contra el olvido, la impunidad y la indiferencia social ante este crimen de que debería doler a toda la humanidad.
Aunque el caso de Jineth Bedoya es uno de los más recordados, en nuestro país la violencia sexual sigue siendo una práctica impune tanto en los escenarios cotidianos como institucionalizados en nuestros tejidos sociales.
El mayor reto que tenemos es aprender como sociedad que la desaparición forzada ha sido el mecanismo de represión estatal más utilizado para ocultar la responsabilidad del victimario, para desaparecer pruebas y generar mayor daño en el tiempo.
El punto central a resolver es cuál es el grado de participación en el que se potencia y mejora el proceso de judicialización y cuál es el punto en el que, a mayor participación, menos ventajas para el mismo, pensando en una gráfica de ‘u invertida’.
Ni la insurgencia ni los movimientos sociales hemos logrado -por ahora- la conquista del poder institucional. Y, haciendo un análisis concreto de la situación concreta, no hemos estado ni remotamente cerca de ello. La solución política del conflicto armado abre la posibilidad de construir una paz estable y duradera, cuya conclusión en el mediano plazo debería llegar a ser la llegada al poder institucional, desde las vías constitucionales y legales, de los sectores alternativos y populares históricamente excluidos y victimizados.
