Se hace necesario rehacer los contenidos de la paz que reivindican el poder ciudadano de las víctimas, hechos trizas en buena medida desde el actual Congreso de la República que refleja prácticas políticas indignantes. Precisamente, es la dignidad de las víctimas la que anuncia que la paz solo es posible transformando dichas prácticas.
Si asumimos esta premisa, la discusión habrá de centrarse en el diseño institucional del procedimiento de la JEP que mejor asuma el carácter deliberativo de la democracia. Si nos inclinamos por esta visión, los escenarios de toma de decisiones en la JEP deberían inclinarse por canales de participación más directos para las víctimas, de modo que en un foro público de discusión presenten sus correspondientes perspectivas
Desde las solidaridades de organizaciones de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Argentina se busca sumar las experiencias de búsqueda de las personas desaparecidas y las luchas contra el olvido, la impunidad y la indiferencia social ante este crimen de que debería doler a toda la humanidad.
Aunque el caso de Jineth Bedoya es uno de los más recordados, en nuestro país la violencia sexual sigue siendo una práctica impune tanto en los escenarios cotidianos como institucionalizados en nuestros tejidos sociales.
El mayor reto que tenemos es aprender como sociedad que la desaparición forzada ha sido el mecanismo de represión estatal más utilizado para ocultar la responsabilidad del victimario, para desaparecer pruebas y generar mayor daño en el tiempo.
El punto central a resolver es cuál es el grado de participación en el que se potencia y mejora el proceso de judicialización y cuál es el punto en el que, a mayor participación, menos ventajas para el mismo, pensando en una gráfica de ‘u invertida’.
Ni la insurgencia ni los movimientos sociales hemos logrado -por ahora- la conquista del poder institucional. Y, haciendo un análisis concreto de la situación concreta, no hemos estado ni remotamente cerca de ello. La solución política del conflicto armado abre la posibilidad de construir una paz estable y duradera, cuya conclusión en el mediano plazo debería llegar a ser la llegada al poder institucional, desde las vías constitucionales y legales, de los sectores alternativos y populares históricamente excluidos y victimizados.
No podemos olvidar que tiene un significado político muy importante que las víctimas tengan esperanza en que ante situaciones de violencia política, arbitrariedad y crisis del Estado de Derecho, existan instituciones interamericanas que contribuyan con el restablecimiento de los derechos. Lo que nos corresponde es luchar contra la forma como los Estados miembros del Sistema Interamericano puedan estar haciendo de esa esperanza una esperanza vacía.
El uribismo fue reiterativo en impulsar distintos proyectos de ley que desconocían los derechos de las víctimas y otorgaban amplios beneficios a los grupos paramilitares. La normativa finalmente aprobada incluía muchas de estas medidas, por lo que la Corte Constitucional debió declarar inconstitucional varias de éstas y condicionar otras más. Es, entonces, moralmente reprochable que esta fuerza política utilice el discurso de los derechos humanos para oponerse al proceso de paz, cuando en su momento fue clara la voluntad de desconocerlos en el caso de las víctimas de los grupos paramilitares.
El duelo es entonces un asunto que oscila entre lo individual y lo colectivo. Cuando se pierde a alguien, no solo se apaga la vida de otro, se suspende todo un trazo de la vida en común que debe ser reparado, esta reparación no obstante, requiere de una serie de estructuras sociales e institucionales que la viabilicen.
Es necesario reconstruir la verdad, la que intentaron ahogar y sumir en el lecho de un río hasta deshacerse en la naturaleza; la que buscaron sepultar bajo la tierra, la basura y los escombros; la que quisieron incinerar para que no dejara ninguna huella distinta a la que deja la ceniza al mezclarse con el polvo y el agua. Allí se encuentra la posibilidad de construir una sociedad que no esté marcada por el silencio, el olvido y el miedo.
Se cumplió un año de los hechos de Ayotzinapa, un caso emblemático de desaparición forzada que permite observar la magnitud que ha adquirido en México este delito, pero que también evidencia los rasgos comunes que tiene con la desaparición forzada en toda América Latina. La responsabilidad estatal, la impunidad, la relación con el narcotráfico y grupos para-estatales, la persecución al movimiento social son características de este crimen de lesa humanidad en la región.
¿Cómo entonces la ley de víctimas y restitución de tierras y sus programas de reparación nos ayudan a desactivar, a frenar y a hacer posibles otras maneras de vivir? ¿Cómo pensar un mecanismo jurídico creado por el Estado y un conjunto de políticas de reparación desplegadas por éste como un medio para hacer visibles confrontaciones y desacuerdos frente a ese deber ser hacia el que todos tendríamos que aspirar?
No me queda duda de que el camino hacia la paz se hará estrecho y pedregoso mientras que no vayamos lento y entendamos que en medio del conflicto armado toda bala es perdida, toda vida merece ser vivida y toda muerte llorada.
Bajo el pretexto de que “el momento de la memoria” es sólo una etapa en el ciclo de progreso del Estado, surge en ella un efecto: El Estado se ofrece como el único vehículo, el más eficiente, para asignarle un “catalizador de identidad” –el nacional-, una garantía de supervivencia. Pero en su base se presencia la burocratización de la memoria.
Si la balanza está entre justicia y verdad, la disputa debe ser por la construcción de ese relato. Las víctimas no pueden seguir siendo las grandes ausentes en la vida política nacional, en los medios de comunicación ni en la justicia. Deben ser las protagonistas en la construcción de otra verdad, que no sea la última ni la acabada, pero sí la que no se ha escuchado.
Los repertorios de lucha se repiten una y otra vez. Aunque los personajes, generaciones y problemas son distintos, hay al parecer una pretensión universal en perturbar todo intento por definir un lugar propio a lo que quiere decir política.
La declaración de los diez principios para la discusión del quinto punto del actual proceso de paz, tiene como base el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto y de la responsabilidad de los distintos actores en el mismo. Si bien la apuesta por garantizar los derechos a la verdad y la reparación constituyen un gran avance, la posibilidad de parar la guerra como garantía de no repetición parece un desafío enorme que las partes negociadoras no han podido asumir.
Titulares como “Un edificio de pobres en medio de los ricos es un gueto” tendrían que ser repudiadas por una sociedad que anhela la paz. Con reacciones como ésta sólo se está reproduciendo un escenario de violencia hacia estas familias que no cambia en nada la condición de la que vienen huyendo.
Si el gobierno actual es coherente con un discurso de paz, quiere entrar en el selecto club de la OCDE (para lo cual le ordenan reducir el déficit fiscal y los niveles de desigualdad) y propone la construcción de un modelo más equitativo en lo rural, la tarea es simple: recuperar las tierras baldías o con antecedentes de baldíos acumuladas irregularmente por actores privados, redistribuirlas a sujetos de reforma agraria, y de paso ahorrarle a los colombianos mayores impuestos presentes o futuro