* Palabras al Margen

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Las empresas electorales calientan motores de cara a las elecciones de 2014. Lo que está en juego no es de poca monta: el control del poder ejecutivo, con su inmensa organización burocrática y militar, con su compleja y artificiosa maquinaria de Estado (K. Marx), esto es, un ejército de servidores públicos cercano al millón y medio de puestos de trabajo en el año 2012, según información del Departamento de la Función Pública (97% se concentra en la rama ejecutiva, de los cuales 920.000 hacen parte de la Fuerza Pública, el triple del número de docentes). Por el lado económico, el gasto total que controla el poder ejecutivo es de $135,2 billones en 2013, unos 71.200 millones de dólares. Es para que babeen los empresarios de la política: controlar 14,2% de los 20,5 millones de puestos de trabajo que hay en el país y poder manipular a 2,5 millones de desempleados, según las estadísticas del DANE en 2013. La economía mueve al año 375.000 millones de dólares; a través de los impuestos y los negocios propios el Estado se apropia el 19%.

Diseñar las políticas públicas deja buenos réditos. Así por ejemplo, el expresidente Uribe durante 2002-2010 no sólo enriqueció su familia y legisló en favor de los terratenientes sino que además “ferió” el territorio nacional y los recursos naturales a las multinacionales; Santos no se queda atrás, desde el 2010 ha favorecido a las clases privilegiadas del país: con la Reforma Tributaria le quitó a los empresarios una carga de $11 billones y la depositó en la espalda de los trabajadores, además le redujo a su clase social 20 puntos de impuestos sobre herencias, e igual, siguiendo el mal ejemplo de su antecesor, “promociona” la venta del suelo patrio a los cuatro vientos por donde pasa, como lo vimos en triste espectáculo en su reciente visita a Israel. Mantienen y acrecientan los privilegios señoriales de terratenientes y burgueses. Como pensaba el Sr. Marx, hace siglo y medio, “la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política”.

En las regiones y las localidades colombianas el festín con los recursos y puestos públicos es más estruendoso y genera mayor algarabía. Y no sólo en los espacios más alejados y de mayor atraso: en el “corazón de Colombia”, el departamento de Cundinamarca, desde hace un cuarto de siglo se rotan el poder sólo dos gobernantes (inicialmente uno fue empleado del otro) y manejan la región como una finca, uno el patrón y el otro el capataz; y opera a las mil maravillas la puerta giratoria, uno sale a la empresa privada a manejar la contratación pública y el otro entra a la silla del poder público. El problema es que Cundinamarca, siendo una de las más ricas del país, exhibe los más bajos indicadores sociales y, en el lúdico “tiovivo”de nuestros sempiternos mandatarios languidece de manera indecente y corrupta la “Beneficencia de Cundinamarca” que tenía la misión de favorecer a la niñez desamparada y fue herencia de un multimillonario filántropo. Además, cada Secretaría es feudo de un partido político. Al igual que la nación, el poder se distribuye milimétricamente y hacen parte de los “bussines” desde la bienestarina del ICBF, pasando por las obras públicas, hasta la compra de armamento militar. En fin todo se negocia, es que Colombia es un país de gente “emprendedora”.

Pero en algo el país se ha “modernizado”, antes, en plena ocupación ilegal de los terrenos pertenecientes a los cinturones de miseria de nuestras ciudades por parte de los campesinos que escapaban de la violencia rural, la clase política compraba votos a cambio de unos pocos pesos, tamales, ladrillos, tejas y cemento, por allá a mediados del siglo pasado. Ahora, como quedó en evidencia en la reciente elección de gobernador en Casanare, meca del petróleo, “la feria de la repartija” incluye electrodomésticos y motos, además, el precio del voto ha escalado significativamente. Peor aún, los seis últimos gobernantes se encuentran procesados por pertenecer al paramilitarismo o por concierto para delinquir; y el recién elegido no escapa a esta estirpe. Hoy en día, comprar una alcaldía de una ciudad mediana requiere una cuota inicial de cada candidato de por lo menos mil millones de pesos. Los grandes empresarios tienen sus “protegidos” y hacen sus apuestas por los candidatos políticos de su gusto; si ganan, pasan la cuenta de cobro.

Simón Johnson, al referirse al Bestseller del año 2012 “Por qué fracasan los países” (D. Acemogluy J. A. Robinson, 2013) afirma que en todo momento y lugar, las personas poderosas siempre procuran hacerse con el control total del gobierno, menoscabando el progreso social en favor de su propia codicia. Al analizar el caso de Colombia, Acemoglu y Robinson caracterizan sus instituciones económicas y políticas con el adjetivo de extractivas; esto es, no crean incentivos para que la gente ahorre, invierta e innove a la vez que los políticos extraen recursos y aplastan cualquier tipo de actividad económica independiente que los amenace a ellos y a las élites económicas. En particular, afirman, que “a pesar de que Colombia tenga una larga historia de elecciones democráticas, no tiene instituciones inclusivas; su historia ha estado marcada por violaciones de libertades civiles, ejecuciones extrajudiciales, violencia contra los civiles y guerra civil. No es el tipo de resultados que se espera de una democracia” (2013, pp. 436-442).

La otra cara de las elecciones es la precaria cultura política de los colombianos. Desde el año 2007, el DANE viene investigando el tema. La cultura política es el conjunto de creencias, actitudes, valores y orientaciones (cognitivas, afectivas y evaluativas) que tienen las personas sobre su entorno político. Según los resultados de la Encuesta de Cultura Política del DANE de septiembre de 2012, aplicada a las personas de 18 años y más, dos de cada tres colombianos carece de cualquier experiencia organizativa; el 80% no emprende ninguna acción para resolver algún tipo de problema que les afecte y/o a su comunidad; 72% no conocen ni han oído hablar de algún mecanismo de participación ciudadana; sólo uno de cada tres ciudadanos piensa que Colombia es un país democrático; 70% considera que hay fraude en el conteo de los votos; el 88% nunca vota según simpatía por un partido o movimiento político. La mayoría de las personas no tiene preferencias políticas o no sabe de política (80%) y quienes al contrario sí las tienen votan principalmente por los partidos o grupos de derecha.

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A más edad la gente tiende a participar en mayor proporción y preferentemente por las ideologías de derecha (en particular, a partir de los cuarenta años de edad). Para el año 2014 la población mayor de 18 años en Colombia sumará 32,2 millones de personas (67,5% del total); entre quienes pueden votar el 48,5% son hombres y 51,5% mujeres; el 30.8% son jóvenes entre 18 y 29 años, el 69,2% son de 30 y más años de edad. Con esta estructura de edades y la precaria cultura política, la derecha tiene un escenario que la favorece. En general, durante los últimos cien años, la abstención política en promedio supera el 52% (la mayoría son amas de casa, jóvenes, desempleados, población en condiciones de pobreza y de bajo nivel educativo y trabajadores informales); por los candidatos de izquierda el porcentaje de votación difícilmente supera el 10% (a principios de la década de 1920 alcanzó la izquierda el 38% de los votos, época dorada de los movimientos socialistas en Colombia; en 2006 volvió a repuntar al 22,5% con un respetado candidato demócrata, jurista y docente).

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La izquierda por mérito propio no ha ganado el corazón de las mayorías. De otra parte, los grupos de derecha aliados con los representantes más conservadores de la iglesia han perseguido de manera sanguinaria y persistente toda cosmovisión socialista: asesinando sindicalistas, defensores de DDHH, líderes populares y domesticando las conciencias, al igual que promoviendo el individualismo egoísta en el sistema educativo, en las labores pastorales y en los medios de comunicación. Sólo comparable con la tragedia ambiental del país es la destrucción del tejido social a causa de la violencia y la persecución desatada desde el establecimiento, la extrema derecha y los grupos armados al margen de la ley; sólo hasta años recientes los movimientos sociales vuelven a organizarse y tomar fuerza, pero con graves fracturas y contradicciones a su interior.

En las elecciones legislativas de Colombia de 2010, las “empresas electorales” lanzaron 2.481 candidatos para competir por las 267 curules disponibles. De los 102 escaños del Senado, los partidos de derecha cooptaron el 85,3% (partidos de la U, Conservador, Cambio Radical, PIN, MIRA y Liberal); en relación con los 165 escaños de la Cámara de Representantes el control de la derecha alcanzó 91%. En las elecciones para la Presidencia de la República el comportamiento electoral fue similar; si bien hubo mayor pluralidad en la primera vuelta, en la segunda el candidato de la derecha “barrió” con la votación (69,1%). Los habitantes inscritos para votar se aproximaron a los 30 millones y sólo votaron 14,8 millones.

El control del país por parte de la derecha es estructural. El control de los grupos de derecha del poder político y de la economía extractiva, en medio de una vergonzante concentración del ingreso y la riqueza, grupos sociales empobrecidos, sin educación de calidad y sobreviviendo en el rebusque diario, garantiza la producción y reproducción de las élites dominantes. Todo acompañado de represión, violencia y de una política de criminalización de la protesta social y encarcelamiento de los más pobres (en 1997 la población carcelaria del país ascendía a 42.028 y en 2013 alcanzó la cifra de 116.000, crecimiento principalmente durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe en que se desataron las detenciones masivas y arbitrarias).

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En este contubernio entre instituciones políticas y económicas de carácter extractivo, la pregunta es por las bases sociales y económicas que acuden a las urnas. Sin duda, desde la década de los años 1970 sectores de la oligarquía entraron en alianzas con las bandas del narcotráfico y el paramilitarismo dando origen a la “lumpenburguesía” colombiana con intereses latifundistas, ganaderos, mineros, industriales y financieros (dedicados estos últimos al lavado de activos) con capacidad para mover mediante la compra de votos, la corrupción y la intimidación un ingente paquete de votos. Los principales grupos económicos del país invierten grandes sumas de dinero para patrocinar candidatos en todos los niveles –nacional, departamental y local-, al igual que el oligopolio de los medios de comunicación (con intereses cruzados con los conglomerados empresariales). Las redes de familias atrapadas en la política social de carácter asistencialista y clientelar aportan una cuarta parte de los votos. La ciudadanía consciente… una minoría. El imperio y las transnacionales defienden los intereses en su “patio trasero” y aportan la “pequeña ayuda de mis amigos”.

En su maravilloso “Diccionario del Diablo”, Ambroce Bierce define la política como “Conflicto de intereses disfrazado como enfrentamiento de principios. El astuto manejo de los asuntos públicos para provecho privado”.