* Palabras al Margen

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La conferencia de las partes o COP por sus siglas en inglés, tiene como antecedente principal la “Cumbre para la Tierra o la Cumbre de Rio” realizada en 1992 por la ONU, en la cual 192 países, reconociendo la gravedad de la situación generada por el calentamiento global y la responsabilidad de los países desarrollados en la agudización de éste fenómeno, se comprometieron a buscar soluciones e implementar estrategias nacionales que evitaran o disminuyeran las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se adaptaran a los efectos del cambio climático. Esto implicó la necesidad de acordar los instrumentos o protocolos para avanzar y poner en marcha los acuerdos y las metas planteadas; de esta forma fue que en 1997 se aprobó en el marco de la COP 3 el “Protocolo de Kioto”, que entró en vigencia en 2004 buscando establecer metas de reducción de emisiones de GEI. El protocolo fijó como un primer momento de evaluación el periodo 2008-2012; dentro del cual no se encuentran evidencias fácticas que demuestren una reducción en la emisión de GEI, sino más bien todo lo contrario. Esta situación se debe en parte a que dentro del mismo protocolo se planteó la posibilidad de implementar mecanismos de compensación (flexibilización), según los cuales los países de mayores economías, y por ende más contaminantes (generan el 60% de emisiones anuales de GEI)1 no tendrían que reducir sus emisiones, sino evitar las emisiones de países del tercer mundo, quienes exigieron entonces mecanismos de financiación para reducir las emisiones.

Se quiso así resolver la crisis ambiental del planeta, generada por las emisiones de GEI de origen antropogénico, sin modificar el sistema económico ni el modelo de producción imperante, que es el principal causal de la agudización del fenómeno del calentamiento global, y se apuntó, en el marco de la economía verde capitalista, a la creación de mercados de carbono, como un intento de canalizar a través del mercado, bienes que el capitalismo aún no contralaba; a saber las funciones de la naturaleza o los servicios ambientales, como son el proceso de fotosíntesis de las plantas o la polinización que hacen abejas, pájaros y murciélagos2.

Cabe recordar frente a esto que Al Gore fue sumamente influyente en las negociaciones y acuerdos de Kyoto en representación de Estados Unidos, país que no firmó el protocolo pero que es uno de los más contaminantes y es, además, partícipe de los mecanismos de flexibilidad que incluye comercio de los derechos de emisión (mercado del carbono), Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y la Aplicación Conjunta y el Fondo de Adaptación3.

Los mecanismos de flexibilidad se sustentan en el hecho de que tanto la quema de combustibles fósiles como la deforestación (puesto que los árboles y las plantas al quemarse o descomponerse producto de la tala emiten CO2) contribuyen al fenómeno del calentamiento global, sin importar en qué lugar del mundo se den, por lo tanto se cree que se puede generar un sistema de equivalencias entre las emisiones industriales de CO2 y la absorción de carbono de los ecosistemas. Estas equivalencias no son acertadas, pues no se puede equiparar ni reemplazar el carbono fósil (petróleo, carbón y gas), con carbono biótico, pues a pesar de que en términos moleculares sean iguales, no implican lo mismo en relación con el clima ni los procesos terrestres. El primero es extraído del subsuelo y enviado a la atmósfera y el segundo, que se almacena en la atmósfera, los océanos, la vegetación y los bosques, no podrá nunca pasar al subsuelo. El primero se ha desarrollado en tiempo geológico, el segundo en tiempo biológico4.

En términos de riesgos e impactos sobre comunidades locales y el manejo de los territorios, esto implica varias cosas: lo primero es que las empresas y Estados, para compensar sus emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles, requieren de una masa arbórea que iguale sus emisiones, ya sea a través de la compra, alquiler o contratación de tierras en los países del tercer mundo para la plantación de monocultivos forestales (PIA Plantaciones industriales de árboles) o la entrega de dinero para evitar la deforestación a través de proyectos Redd5 y Redd+6. Estos proyectos pueden implicar el acaparamiento de tierras para plantaciones de árboles y restricciones en el aprovechamiento de los bienes naturales y maderables de los territorios por parte de las comunidades que allí viven, so pena de recibir sanciones, embargos, entre otras penalidades e injusticias socioambientales.

Dentro de esta lógica, y como se ha expresado en Copenhague y Cancún, se ha dejado de priorizar la imperiosa necesidad de darle una real solución a la crisis ambiental y al calentamiento global y se han enfocado en hacer de la crisis un negocio. En medio de esto los capitales financieros especulan e intentan cuantificar y hacer medibles los servicios ambientales en términos de captación de carbono por la quema de combustibles fósiles.

En este escenario los territorios de comunidades indígenas, afros y campesinas se encuentran en la mira, por ser potenciales para la implementación de programas de pagos por permitir la prestación de los servicios ambientales; teniendo como implicaciones la restricción de los usos tradicionales de los bienes naturales comunitarios que existen en los territorios y la alteración de las prácticas propias de uso y de intercambio de los bienes forestales, imponiendo un conocimiento ambiental ajeno.

Dentro de las determinaciones y definiciones de la ONU en el tema de los mercados de carbono, la noción de bosque excluye a los seres humanos y la interrelación entre las comunidades y su entorno. La definición también permite que se sustituyan hectáreas de selva por bosques plantados, sin importar su especie o si son foráneos, ni el impacto en los ecosistemas nativos. Adicionalmente, bajo el argumento de que los bosques maduros (como lo son en su mayoría los amazónicos) tienen menos capacidad de capturar carbono, pues no están en crecimiento, se ponen en riesgo dichos bosques al ser más rentable -dentro de la lógica del mercado de carbono- la plantación de monocultivos forestales7.

Por la vocación de los acuerdos a los que se ha llegado en las diferentes COP, y en especial en el caso de los proyectos Redd, existe el riesgo de que se privilegie la aplicación de dichos proyectos en zonas con historial de contaminación, deforestación y degradación, dejando sin mecanismos de protección a zonas bien conservadas, puesto que el objetivo es el de reducir emisiones de la deforestación. Esto plantea un escenario en el que a menos que se haga un aporte de dinero, el bosque será destruido8. Adicionalmente, si se considera que las comunidades locales donde se va a implementar un proyecto Redd no manejan adecuadamente los bienes del bosque, quedan expuestas a ser desalojadas, tal como sucedió en Kenia con los indígenas Ogiek, quienes fueron expulsados de 21.000 hectáreas del Bosque Mau, su territorio ancestral y del cual dependía su sustento, por considerar que destruían el bosque9. También existen casos en los que empresas madereras y de explotación de recursos forestales, que se ven expulsadas de lugares donde se implementan proyectos Redd, simplemente migran a otros bosques cercanos para continuar su explotación10.

Frente a esto comunidades indígenas y gobiernos como el boliviano han rechazado el comercio de carbono y el uso de los bosques para compensar emisiones, considerando que son falsas soluciones frente al cambio climático. En el año 2012, en el marco de la COP 17, se propuso por parte de Bolivia el “Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de los Bosques”, con el objetivo de fortalecer la captura de carbono en los bosques, pero por fuera de las dinámicas de los mercados de carbono (iniciativa que no ha sido respaldada por el gobierno colombiano).

Es entonces el marco de estas iniciativas, propuestas por gobiernos como el boliviano, y también en el marco de eventos como la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático que se desarrolla paralelamente a la COP 20, que están proponiéndose alternativas a las falsas soluciones que se vienen dando para hacer frente a la crisis ambiental, y desde donde también se denuncian las afectaciones que los mercados de carbono están teniendo para las comunidades locales, sus economías, prácticas y saberes.

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1Mance, Henry; Rodríguez Becerra, Manuel. Cambio Climático: lo que está en juego. Foro Nacional Ambiental. Bogotá (2009)
2Hay estudios que indican que dentro de las principales causas de la desaparición de las abejas está el extendido uso de agroquímicos para monocultivos y las bandas electromagnéticas, frente a lo cual ya hay empresas en Europa y EEUU que ofrecen servicios de polonización. (Lohman Larry. “La economía verde” en Capitalismo Verde. Quito, 2012)
3http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/mecanismos/items/6219.php
4Lohman Larry. “La economía verde” en Capitalismo Verde. Quito, 2012. Pág 16
5Redd es un mecanismo del mercado de carbono que promete la entrega de dineros en lugares dónde se evite la deforestación. Sus siglas significan Reducción de Emisiones por Deforestación y degradación.
6La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC ha promovido un plan de acción para adoptar “enfoques de políticas e incentivos positivos” (pagos en dinero) en asuntos relacionados con REDD y agrega tres actividades a ser impulsadas: “conservación”, “gestión sustentable de los bosques” y “mejoramiento de las reservas de carbono en los bosques”. Todo esto junto se conoce como “REDD+”. Véase a Carrere Ricardo. Una visión crítica de redd en revista Ecología Política 39. “Cambio climático y energías renovables” (2010).
7Moreno, Camila. La economía verde y mercados de carbono en Capitalismo Verde. Quito, 2012, pág 52.
8Este es por ejemplo el caso del Yasuní en Ecuador; donde el gobierno de Rafael Correa solicitó a la comunidad internacional dinero para conservar esta zona amazónica de gran importancia por ser un gran sumidero de carbono y así no tener que realizar explotaciones petroleras; esta solicitud que no fue financiada.
9Op. Cit. Carrere, Ricardo.
10Ibid.