* Palabras al Margen

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En primer lugar, la exigencia de la apertura de una Asamblea Constituyente como condición para un acuerdo negociado debe ser abandonada inmediatamente y sin reservas (es muy probable que haya sido abandonada hace ya un tiempo por la delegación de las FARC en la Habana) en un momento en el que sectores de extrema derecha cuentan con un altísimo porcentaje de favorabilidad  entre la población colombiana. Ésta, más que una razón de principio, es una razón coyuntural a la que es urgente atender.

En segundo lugar, ninguna de las propuestas de reorganización territorial de las FARC -inspiradas en el texto preliminar de la Declaración Internacional de los Derechos de los campesinos1-, es en principio inconstitucional. Estas propuestas encontrarían en la Constitución colombiana un marco jurídico que no sólo permitiría, sino que obligaría, la creación y aprobación de nuevas leyes orgánicas para redistribuir de manera equitativa la tierra. En efecto, más allá de un encuentro negativo entre las propuestas de las FARC y la Constitución, es decir, más allá de una tolerancia o aceptabilidad de estas propuestas en vista de que no contradicen principios constitucionales, la propuesta de reorganización territorial tendría que verse como un desarrollo positivo de la Constitución actual.
    
En este sentido, podría buscarse, por ejemplo, ya sea por las vías políticas de la representación o mediante actos legislativos promovidos por movimientos sociales, la ampliación de la estructura de derechos en torno al artículo 64 de la Constitución colombiana: “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, (…) crédito (…) comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos”. Puede también buscarse la materialización del deber del Estado de proteger y promover “las formas asociativas y solidarias de la propiedad” enunciado en el artículo 57.   

Tendrían que revisarse las herramientas jurídicas constitucionales para crear zonas de reserva campesinas que tuviesen el mismo estatus que las entidades territoriales definidas por el artículo 286 -y entre las cuales se comprenden los territorios indígenas- con derecho a gobernarse por autoridades propias, a administrar los propios recursos y a participar en las rentas nacionales (art. 287). Más lejos aún, la atribución para las reservas campesinas de las mismas competencias normativas atribuidas por los artículos 329 y 330 a los resguardos indígenas que son “propiedad colectiva y no enajenable” (art. 329), que pueden “percibir y distribuir sus recursos” (art. 330), que pueden diseñar políticas y planes de desarrollo económico y social dentro de su territorio (art. 330), podría apuntar a la implementación de un modelo de desarrollo económico agrario alternativo. Si bien es cierto que no se puede convertir todo el campo colombiano en una zona de reserva pues el término de “reserva” perdería su sentido, y se perdería, sobre todo, la posibilidad de implantar proyectos de economía cooperativa a pequeña escala de los que sin duda podría beneficiarse la economía nacional, se podrían crear proyectos piloto que abrirían el camino a la aplicabilidad del derecho a determinar precios y mercados para la producción agrícola y a desarrollar sistemas de comercialización comunitarios, derecho consignado en el artículo 8 de la Declaración de los Derechos de los campesinos. Esto supondría un desafío creativo e interesante inserto en una economía global y anárquica.

Para llevar a cabo este proyecto en el que están entrelazados y son interdependientes  aspectos políticos, jurídicos y económicos, no es necesario, como se ha objetado, que la población campesina tenga un sentido identitario fijo como el que supuestamente tiene la población indígena o la población afro-colombiana. Basta con tener en cuenta la definición del campesino sugerida por el artículo primero de la Declaración2.
 
Este es sólo un ejemplo de lo que puede hacerse usando la actual Constitución como instrumento para el cambio social. Una Constitución resultante de una Asamblea Constituyente elegida hoy podría ser, en cambio, profundamente regresiva en lo referido a derechos sociales y muy probablemente crearía un blindaje constitucional para impedir una reforma agraria.  

En tercer lugar, creo que el proyecto de convocar a una Constituyente no es sólo peligroso e innecesario, sino que renuncia a una Constitución que ha incluido ya los derechos sociales, económicos y ambientales como derechos de aplicación progresiva, y que, en este sentido, resulta ser una buena candidata para estructurar un cierto espacio de continuidad y permanencia sobre el cual puedan darse cambios y surgir conflictos relacionados con la no aplicación de estos derechos. El que este “Estado social de derecho” enunciado en el preámbulo de la Constitución Política de Colombia corresponda en alguna medida a una realidad tangible en la que continuamente estén cambiando las condiciones de vida de millones de niños y niñas, de hombres y mujeres que viven hoy en la pobreza, abre ya un amplísimo terreno por conquistar en las luchas de los movimientos sociales o de aquellos que creen representarlos. Si todas las posibilidades de desarrollar y aplicar la Constitución actual pudiesen un día encontrarse agotadas, estaríamos en verdad en el mejor de los mundos.  

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1Declaración de los derechos de los campesinos. Texto preliminar disponible en http://www.pnud.org.co/hechosdepaz/64/la_declaracion_de_naciones_unidas.pdf

2“Campesino es un hombre o mujer que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen mayormente del trabajo en familia y otras formas de pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados a sus comunidades locales y cuidan del entorno natural local y los sistemas agro-ecológicos”.