* Palabras al Margen

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Ayotzinapa es sin duda un caso emblemático de desaparición forzada por la magnitud de los hechos (en un solo día desparecieron 43 estudiantes normalistas que se dirigían a una movilización), por lo evidente que resulta la relación entre el narcotráfico y sectores del gobierno, y por la impunidad que adquiere el caso. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado recientemente, muestra las diversas inconsistencias de la versión oficial y las implicaciones de actores estales por acción u omisión.

Sin embargo, no sólo es Ayotzinapa, en México hay miles de hombres y mujeres desaparecidos. México tiene una larga historia de desapariciones. La primera desaparición forzada registrada, ocurrida en el marco de la llamada “Guerra sucia” (1968-1985), data de 1969. Actualmente, en el marco de la “Guerra contra el narcotráfico” ya se cuentan alrededor de 26.500 desaparecidos. Más aún, todos los días aumentan las desapariciones, “la desaparición de personas en grandes extensiones del territorio mexicano ha alcanzado niveles críticos” afirmó la CIDH1. Además, en el último informe el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, destacó que el 98% de los casos de violación a derechos humanos en México está en la impunidad.

La desaparición forzada ha sido sistemática en América Latina desde los años sesenta. La desaparición forzada se ha perpetuado en El Salvador, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Honduras, Perú, Bolivia, Haití y México. Puede entenderse la desaparición forzada como un método sistemático de control social y político en la región que parte de una aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional2.

Por ejemplo, el caso de desaparición de la Cantuta en Perú tiene mucha semejanza con Ayotzinapa. El 17 de julio de 1992 en la Universidad de la Cantuta, universidad rural con características similares a las normales rurales mexicanas como Ayotzinapa, fueron desaparecidos un profesor y nueve estudiantes por el ejército peruano. Hecho que aun permanece en la impunidad3. En Perú, de hecho, aún no se ha logrado esclarecer gran parte de las violaciones de derechos humanos.

En Colombia, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo estatal, calcula 30.000 personas desaparecidas durante el conflicto armado. Las organizaciones sociales y de familiares de desaparecidos hablan de cifras superiores, entre 45.000 y 51.000 desaparecidos. En muchos de estos casos, al igual que en Ayotzinapa se entrecruza la violencia política, la persecución al movimiento social, el narcotráfico y la violencia de las Fuerzas Militares.

En Colombia, en Chile, en Argentina y en México es comprobable la responsabilidad estatal en los hechos sistemáticos de desaparición forzada. Muchas veces esta práctica se realiza con complicidad o consentimiento de las Fuerzas Militares, la inacción de las instituciones de justicia y el conocimiento de autoridades civiles. También es un factor común la impunidad y los altos niveles de inoperancia de la justicia. Esto refiere al concepto de violencia de Estado de Carlos Montemayor, que designa la violencia estructural, ejercida sistemáticamente desde instancias estatales: ejercicio de violencia más impedimento de la justicia4.

Durante la marcha por Ayotzinapa se escuchaba: “Ahora, ahora, resulta indispensable. Aparición con vida y castigo a los culpables!”, consigna que surgió en Argentina durante la dictadura militar, donde más de 30.000 personas fueron desaparecidas. Una historia común que se repite y evoca los mismos cánticos. De hecho, la noción misma de desaparecidos, que se ha utilizado en el último medio siglo en Latinoamérica surgió de una frase del dictador argentino Videla: “No están vivos ni muertos están desaparecidos”. Argentina buscó mantener la memoria, contra las leyes de obediencia debida y punto final, para que se reabrieran los casos y se pudiera conocer la verdad. En América Latina son fundamentales las disputas por la memoria.

Desde distintos lugares de la sociedad civil latinoamericana se ha visto la necesidad de comisiones de la verdad que reconstruyan con imparcialidad los crímenes y las distintas responsabilidades. En México, tras la disolución de la cuestionada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sería importante volver a intentar la conformación de una comisión de la verdad, en el marco del apoyo social al caso de Ayotzinapa. Sin embargo, las distintas experiencias de comisiones de la verdad en América Latina han mostrado avances pero también imposibilidades. Guatemala, con alrededor de 45.000 víctimas de desaparición forzada, ha sido el único país donde hubo reconocimiento de genocidio y comisión de la verdad. Aunque fue importante, aún muchos crímenes continúan en la impunidad. La región requiere sacar conclusiones comunes y recomendaciones de lo que han significado las comisiones de la verdad, pensando en futuras experiencias, como la del postconflicto colombiano.

En el caso de Ayotzinapa ya hay 111 detenidos, en su mayoría policías municipales e integrantes del grupo Guerreros Unidos, pero aún no han sido juzgadas autoridades federales ni estatales5. Es decir, estamos lejos de encontrar a los mayores responsables. Sin embargo, la justicia en estos casos, además de la condena a los culpables, consiste en acabar con las condiciones que permiten que se repitan este tipo de violaciones a los derechos humanos y prevenirlos. Desafortunadamente parece que estamos lejos de ello. La desaparición forzada está en nuestra historia y en nuestro presente.

En el derecho internacional se ha avanzado en la tipificación de la desaparición como crimen de lesa humanidad, ni puede ser indultado, ni prescribe. El papel de la comunidad internacional en estos casos es imprescindible. Tras los hechos de Iguala hemos visto solidaridad internacional, acciones globales por Ayotzinapa que visibilizan y presionan al Estado mexicano. Un paso adelante es que el caso llegue a las cortes internacionales y se instaure una comisión internacional de investigación como sugieren los padres de los 43. Dadas las características comunes que tiene la desaparición forzada, se debe articular la defensa de derechos humanos en América Latina.

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1http://desinformemonos.org.mx/cidh-alcanza-niveles-criticos-la-desaparicion-de-personas-en-mexico/

2Ana Lucrecia Molina Theissen. La desaparición forzada de personas en América Latina http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1841/6.pdf

3Ylich Escamilla Santiago. La violencia simbólica en Perú: de Tarata a La Cantatua. En: Mancillas, López Y, Sánchez R. Reyes. Violencia, Desaparición Forzada y Migraciones en Nuestra América. México: UNAM. 2012

4“Podemos hablar de violencia de estado en movimientos de inconformidad social cuando la procuración y la impartición de justicia, y aun la legislación, concurren con la represión policial o militar desde el arresto de lı́deres y represión indiscriminada hasta masacres y desapariciones forzadas. Tal violencia puede describirse vı́a las acciones especıf́icas y propias de cuerpos policiacos, contingentes militares, manipulaciones procesales, sentencias de jueces sin fundamento legal suficiente, o el crimen de Estado que caracteriza de manera central esta violencia: las desapariciones forzadas de personas”. Montemayor, La violencia de Estado en México. Antes y después de 1968, Debate, México 2010, p. 183.

5111 detenidos por el ataque a los normalistas, ¿quiénes son? http://www.animalpolitico.com/2015/09/quienes-son-los-111-detenidos-del-caso-ayotzinapa/