* Palabras al Margen

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Estas tensiones no son nuevas, es más, la primera gestión de Peñalosa también fue criticada por el uso de la violencia en el desalojo de los vendedores ambulantes, así como por la falta de diálogo con los transportadores que se consideraban afectados por la implementación de Transmilenio. Sin embargo, a diferencia de su primer gobierno, hoy en día existe un mayor consenso respecto de la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos en la gestión pública, por lo cual la preocupación por las respuestas represivas en los temas mencionados es aún mayor que en esa época.

En el caso de la venta ambulante en el espacio público, las acciones realizadas por la nueva alcaldía se han limitado a la represión y persecución de personas que se encargan de esta actividad, sin que se conozcan cuáles son las alternativas de reubicación o subsidio para que la pérdida de sus ingresos no se traduzca en una vulneración a su mínimo vital. Sólo en la calle 72, entre la avenida Caracas y la carrera séptima, fueron desalojados violentamente más de 300 vendedores ambulantes por parte de la Policía Nacional, sin que hasta ahora se hayan implementado medidas efectivas que los protejan de una situación económica peor de la que ya muchos enfrentan.

Lo anterior desconoce una línea jurisprudencial clara que ha desarrollado la Corte Constitucional, en la que se obliga a las administraciones locales a “proteger los derechos de los trabajadores informales que desempeñan su trabajo en el espacio público, debido a que usualmente hacen parte de un grupo poblacional que se encuentra en una condición de debilidad la cual se centra en su precariedad económica1. A pesar de que este tribunal ha dicho que las alcaldías deben “diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna2, según los voceros de los vendedores ambulantes, la administración Peñalosa no ha iniciado ninguna medida al respecto.

También es preocupante que el discurso del gobierno Peñalosa sea el de considerar la venta ambulante como un negocio mafioso, lo cual justificaría que la respuesta estatal sea represiva y no económica. Si bien es indudable que existen estructuras criminales que controlan mucho el espacio público y funcionan como verdaderas mafias, en general no son sus integrantes quienes lo utilizan, sino personas en situación de pobreza que se ven obligadas a subordinarse a estas dinámicas, siendo, por un lado, quienes menos ganancias reciben y, por el otro, las que mayores riesgos de seguridad y protección asumen.

El gobierno Peñalosa no parece entender lo que la jurisprudencia sí: las políticas territoriales (que incluyen la gestión del espacio público) no pueden divorciarse de la estructura social y los procesos socioespaciales que construyen cotidianamente la ciudad. En otras palabras, buscar que los andenes de sectores como la calle 72 de Bogotá estén libres de vendedores sin comprender e intervenir sobre las razones estructurales por las cuales son ocupados es de una miopía política realmente triste: sólo genera impactos mediáticos a muy corto plazo, mientras a mediano y largo plazo aumenta los niveles de inseguridad humana para las personas que deben acudir a este tipo de actividades económicas.

En lo relativo a las recientes protestas ciudadanas contra Transmilenio, la tensión entre el derecho a la circulación y a la protesta ha sido gestionada de igual o peor forma que el tema de la venta ambulante. La Ley 1453 de 2011 (conocida comúnmente como Ley de Seguridad Ciudadana) penaliza a quien imposibilite la circulación de medios de transporte públicos, ya sean colectivos u oficiales. Si bien la Corte Constitucional consideró que esta tipificación penal no es incompatible con la protesta pacífica, la administración Peñalosa ha justificado la represión en contra de los manifestantes con una interpretación equivocada no sólo de esta norma, sino de este derecho.

Las razones son dos: primero, porque ha extendido la responsabilidad por algunas acciones delictivas al total de los ciudadanos manifestantes, cuando un uso adecuado del derecho penal exige una clara individualización de cada una de las personas responsables. Esto implica que declaraciones como las del asesor de seguridad distrital, Daniel Mejía, en las cuales señala que las protestas fueron vandálicas, no sólo desconocen la legitimidad del ejercicio de este derecho, sino que constituyen una estigmatización infundada contra la totalidad de las personas que lo ejercieron.

Y, segundo, porque ha afirmado que las acciones de protesta fueron premeditadas y no una respuesta espontánea de los ciudadanos en contra de Transmilenio, pretendiendo mostrar un falso antagonismo en el que planear una protesta sería reprochable mientras que manifestarse espontáneamente sería admisible. Contrario a este supuesto análisis que han querido posicionar distintos funcionarios distritales, desde la perspectiva de los derechos humanos la planeación no deslegitima desde ningún punto de vista el ejercicio de la protesta; considerar que la planificación de una manifestación ciudadana afecta su validez es como pensar que el único ejercicio legítimo del derecho a elegir sería la realización de elecciones espontáneas de gobernantes y no aquellas que, como en la mayoría de los países occidentales, ocurren en periodos fijos (cuatro años, por ejemplo).

Si bien es cierto que la legislación colombiana faculta a administradores locales a usar herramientas represivas para contener la conflictividad social, reducir el descontento ciudadano y las protestas contra un sistema de transporte realmente indigno a un problema policivo y penal impide identificar soluciones reales que mejoren las condiciones de movilidad en Bogotá, lo cual también se traduce en un mejor uso y disfrute de la ciudad como un territorio socioambiental en el cual sea posible desarrollar dignamente los proyectos de vida de las personas y las comunidades que la habitan.

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1Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-231 de 2014.

2Ibídem.