Leonardo Rojas Rodríguez

* Leonardo Rojas Rodríguez

Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la UNAL; y de la Fundación Escuela para el Desarrollo. En twitter: @Leonardo_rojasr

 Recientemente el tema de la corrupción ha jugado un papel destacable en el debate público, así como también emergió el tema de la desigualdad durante la campaña presidencial. Sin embargo, poco se ha hablado de la relación entre estos dos fenómenos, que en el caso colombiano es bastante importante.  

 

Más allá de insistir en las diferentes metodologías que existen para medir la desigualdad, lo particular es que a Colombia no le va bien con ninguna, es decir, con cualquier metodología se raja. Lo que quiero señalar es algo que resulta necesario recordar o conocer para quienes esto no parece tan evidente: la retroalimentación que existe entre corrupción y desigualdad. 

 

La corrupción no es un tema menor y aunque algunos lo tratan como un elemento de mera normatividad también incluye elementos culturales; por supuesto, refleja también parte del conflicto distributivo. Por eso es importante definirla como un mecanismo en el que se utilizan diferentes herramientas legales, ilegitimas y/o ilegales para obtener un beneficio económico, como una actividad presente tanto en el sector público como en el privado, y por lo general se realiza en contubernio de los dos.  

  

 Más allá de la situación nacional, ambos fenómenos se hacen más evidentes y se acentúan en los planos regionales, razón por la cual un análisis departamental de la situación permite deducir algunos elementos importantes que confirman mucho de lo afirmado por quienes han venido insistiendo en la necesidad de superar tanto los elevados niveles de corrupción como los de desigualdad. 

 

Estos dos fenómenos son estructurales en la sociedad colombiana, reflejan y reproducen un resultado particular del conflicto distributivo entre clases sociales. Así pues, las élites económicas que mantienen el poder en los departamentos influyen de manera corrupta para incidir en la administración pública, especialmente en la realización y regulación de contratos y convenios, en el nombramiento de funcionarios, etc., de tal manera que se crean rentas derivadas de su posición, lo que en últimas afecta el resultado final de la distribución del ingreso. 

 

La distribución desigual del ingreso da poder regional suficiente a quienes están en la cúspide para influir de manera corrupta sobre quien ejecuta la ley y vigila las acciones de los actores regionales; las rentas generadas por la corrupción generan beneficios para los actores corruptos en detrimento de los contribuyentes y consumidores regionales, y fortalecen la posición de quienes las perciben, lo que perpetúa el vínculo corrupción y desigualdad. 

 

Recurriendo a los datos puede evidenciarse una relación inversa entre el nivel de desigualdad y el Índice de Transparencia Departamental (ITD), es decir, una relación positiva entre el nivel de desigualdad y el riesgo de corrupción (a mayor nivel del ITD menor riesgo y a menor nivel de este, mayor riesgo) (ver la Gráfica 1).  

 

La relación mencionada tiene más incidencia en los departamentos con mayores niveles de desigualdad, como lo son el Chocó y la Guajira, que a su vez registran el mayor riesgo de corrupción. El primero registró un coeficiente de Gini de 0,59 y el segundo de 0,55 (donde cero es la igualdad perfecta y uno es el mayor nivel de concentración), junto con un ITD de 30,1 y 41,68 respectivamente, es decir, los más bajos niveles de transparencia que se corresponden con los niveles más altos de riesgo de corrupción. Los departamentos más desiguales son, a su vez, los más corruptos.  

   

También se puede ver cómo los departamentos con mejores niveles de ITD registran menores niveles de desigualdad (a excepción de Antioquia): Cundinamarca, Risaralda, etc. No obstante, dado que los datos disponibles son del 2015, cuando aún no se conocían los hechos de corrupción que han afectado a algunos departamentos en específico, es probable que los datos no capten una gran proporción de la relación. 

 

Por otro lado, si se compara el ingreso que en promedio recibe cada hogar de los diferentes departamentos y el ITD, se puede ver una relación positiva, lo que se hace bastante evidente, por ejemplo, en los resultados del Chocó que poseía en 2015 el más alto riesgo de corrupción (menor ITD) y, además, el más bajo ingreso promedio por hogar, así como también la Guajira, Córdoba y Nariño; mientras que los departamentos con menor riesgo de corrupción (es decir, mayor ITD) presentan los niveles más elevados de ingreso per cápita por hogar: Antioquia, Cundinamarca, Santander, etc. De forma tal que la corrupción juega, claramente, como parte de la explicación de las desigualdades regionales.  

 

El punto central aquí es que la relación persistente desigualdad-corrupción acentúa los conflictos distributivos, genera marginación social y crea obstáculos para el desarrollo productivo, así que no es raro que los departamentos con mayor riesgo de corrupción sean algunos donde el conflicto armado ha sido más agudo, y donde por un lado la informalidad y por el otro la ilegalidad hayan sido las únicas alternativas para la población (casos emblemáticos la Guajira y el Chocó).  

 

Romper con esta relación no es asunto sencillo, requiere cambios culturales y sociales, más allá de lo normativo. No obstante, hay pasos en este proceso que significan mucho: el aumento de iniciativas democráticas que reclaman las sanciones y la expulsión definitiva de las élites corruptas, la Consulta Anticorrupción y la posibilidad de una plataforma común para las elecciones regionales del próximo año, etc.