* Palabras al Margen

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El inicio de la segunda fase de negociaciones

El 18 de octubre, a las 8:00 a.m. hora de Colombia, después de sucesivos aplazamientos, se dio inicio formal a la segunda fase del proceso de diálogos entre el gobierno y las FARC con la instalación de la mesa en Hurdal, Noruega. La intervención de Humberto de la Calle, como jefe del equipo negociador del gobierno, estuvo caracterizada por un lenguaje y un ánimo sobrios, recatados, formales. Se centró en la descripción del proceso y de su estructura, refiriéndose específicamente a los puntos de la agenda que articularían las discusiones y a los factores nacionales e internacionales que crean un clima favorable para el diálogo. Resaltó la seriedad del proceso y el compromiso y cumplimiento de las FARC con los acuerdos pactados hasta el momento.

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En la intervención de las FARC, Iván Márquez, como jefe negociador de la guerrilla, por el contrario, hizo una descripción de los problemas estructurales del país; invitó a la población colombiana en general, y a los movimientos sociales en particular, a respaldar el proceso y a hacer parte de él y, de acuerdo con los medios de comunicación, presentó a la guerrilla como víctima de la violencia estructural del Estado negando su responsabilidad como victimaria. Márquez hizo referencia, entre otras problemáticas, al despojo de tierras, la devastación ambiental consecuencia del modelo minero-energético vigente en Colombia, la complicidad de parte del sector empresarial y terrateniente con el paramilitarismo y a los altos niveles de desigualdad y pobreza que caracterizan la vida de buena parte de la población. En últimas, habló de las complejas dinámicas de la conflictividad social y territorial en el país, pero más aún, de la necesidad de afrontarlas asumiendo cambios estructurales en la sociedad, el Estado y el sistema político colombianos si efectivamente se quiere avanzar en la construcción de una paz duradera.
 
La intervención del jefe negociador de la guerrilla suscitó dudas y preocupación en algunos sectores de la opinión públicaiii. De la Calle, en la rueda de prensa que siguió a las declaraciones, se presentó frente a los medios de comunicación para disipar los temores generados por el discurso de la guerrilla y aclarar la posición del gobierno con respecto al proceso. Sus palabras fueron contundentes: “Ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inversión extranjera están en discusión: la mesa se limitará sólo a los temas de la agendaiv.

Con posterioridad a la instalación, diversos actores se pronunciaron en relación al proceso. La mayoría de las posiciones se ubicaron entre el respaldo y el escepticismo, presentando pocos cambios frente a lo identificado en el mes de septiembre. Sin embargo, el conjunto de las declaraciones dadas en Noruega desataron una enorme polémica sobre las posibilidades reales del proceso para ponerle fin al conflicto armado en Colombia y sobre la forma en que se entiende la paz en el país.

La paz para qué

En el discurso de Iván Márquez hay algo que resultó llamativo, más allá del cuestionamiento al estado actual de cosas en Colombia y de que en sus denuncias y reivindicaciones se hubieran abrogado la representación de los movimientos y organizaciones sociales del paísv: la transformación en su compresión del mundo rural. En efecto, hablar de la minería y del modelo minero energético en general, de los conflictos ambientales, de la soberanía alimentaria, demuestra que las FARC ya no están pensando el campo sólo en términos del agro y saben que el conflicto entre agricultura campesina y el gran latifundio no es el único que atraviesa los espacios rurales. Siguen abogando por la transformación de la estructura de la propiedad de la tierra, pero a la vez comprenden que lo rural pasa ahora por los territorios y por sus múltiples potencialidades productivas, derivadas de los recursos naturales que poseen, su posición geoestratégica, la biodiversidad que ostentan.

La lectura presentada por las FARC evidencia igualmente el conocimiento del grupo guerrillero sobre las proyecciones gubernamentales para los espacios rurales en Colombia. El futuro del campo pasa por los territorios, es decir, por la explotación de todos sus recursos, hecho que atiza los diversos conflictos sociales, los cuales a su vez se articulan y se dinamizan recíprocamente con el conflicto armado. En ese sentido, plantearon la necesidad de llevar a cabo transformaciones estructurales en la sociedad y en el modelo económico colombianos, de manera que se logren desactivar los mecanismos que articulan la confrontación militar con los demás conflictos sociales y se avance en una construcción de la paz efectiva en el país.

Comprender la paz como el resultado de reformas económicas y sociales profundas es una posición defendida por diversos actores y no únicamente por el grupo guerrillero. David Flórez y Carlos Lozano, integrantes de la organización Marcha Patriótica, y Alfredo Molano declararon comprender la paz en ese sentido. Igualmente, en una carta publicada en el portal Razón Pública y firmada por más de un centenar de artistas, investigadores, periodistas, líderes comunitarios e intelectuales, se manifestó que “Una paz negociada implicará reformas substanciales que afronten la aberrante inequidad, consagren garantías efectivas para el ejercicio de la oposición, atiendan en su raíz los conflictos por la tierra, pongan fin a las violaciones de los derechos humanos y reparen debidamente a las víctimasvi. Debe decirse en todo caso que esta posición no tuvo un despliegue importante en los medios de comunicación regionales y nacionales.

De manera contrapuesta, la prensavii visibilizó ampliamente una lectura de la paz diferente, que no apunta a resolver las contradicciones estructurales en el país, sino que la entiende como un factor positivo para el crecimiento económico y la atracción de inversiones de capital. De acuerdo con esta concepción, la paz pareciera ser interpretada como la pacificación que vacía los territorios de los actores armados, quienes son considerados como obstáculos para la eficiencia y la productividad económicas. En últimas, la paz para el crecimiento y la prosperidad de la inversión. Esta posición fue planteada abiertamente por Juan Manuel Santos, cuando en el mes de septiembre le presentó al país el proceso de negociación con las FARC: “Afortunadamente la economía va marchando a buen ritmo, tenemos una situación privilegiada frente al resto d el mundo (…) A eso le agregamos, y Dios quiera que se pueda, que le pongamos fin al conflicto después de medio siglo de violencia, imagínense lo que Colombia puede lograr hacia el futuro, lo que les podemos dejar a nuestros hijosviii.

Cabe resaltar que, según lo reveló El Espectador el 20 de octubre de 2012ix, poco tiempo después de finalizada la instalación de la mesa de diálogos en Noruega, diferentes empresarios colombianos se comunicaron directamente con el presidente Juan Manuel Santos para preguntarle si el discurso de Iván Márquez representaba la existencia de una agenda paralela no considerada en los cinco puntos del acuerdo firmado en La Habana y, en ese sentido, si el modelo económico iba a ser objeto de la negociación. La respuesta de Juan Manuel Santos fue la misma que dio Humberto de la Calle el 18 de octubre: no, ni agenda paralela ni modelo económico. El empresariado podía estar tranquilo.

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Se destacan, en ese sentido, más de 30 pronunciamientos de parte de distintos gremios con respecto al proceso, la mayoría de los cuales lo respaldan y lo legitiman, arguyendo los importantes impactos positivos que la paz implicaría para el crecimiento económico del país. El presidente del grupo Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, afirmó: “La guerra vale muchísimo más que la paz (…). Si contribuimos con un impuesto para la guerra, con mayor razón nos toca contribuir con un impuesto para la pazx. En ese mismo sentido se pronunciaron Rafael Mejía; presidente del Consejo Nacional Gremial, Óscar Cabrera; presidente del grupo BBVA en Colombia, Jorge Londoño; presidente de Asdesillas, la Cámara de Asomineros de la ANDI, la Asociación Colombiana de Petróleos, la Asociación de Biocombustibles, la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros, el Grupo Sura, la Corporación Colombia Internacional y Colfecar. Vale la pena destacar la posición favorable de algunas empresas multinacionales en Colombia, expresadas en los pronunciamientos de respaldo al proceso de parte del consejero delegado de la empresa automovilística alemana Daimler y de Daniel Fernández, presidente de Siemens en Latinoamérica.

Esta postura también fue asumida por algunos actores institucionales. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, manifestó: “La posible consolidación de un proceso de paz con las FARC generaría una solidez económica indiscutible que podría traducirse en un crecimiento del PIB que llegaría al 8 por ciento. (…) Lo cierto es que el país con lo que ha hecho hoy y con la solidez económica que tiene, tendría un impulso indiscutible. El tema de la confianza inversionista con estos diálogos sí va a traer más inversión en el paísxi. En igual sentido se pronunciaron la canciller María Ángela Holguín y Luis Eduardo Garzón, consejero para el diálogo social.

Esta postura, sin embargo, no es hegemónica entre las asociaciones gremiales en el país. El proceso de paz permite desde ese momento evidenciar las fracturas entre las élites económicas. Si bien buena parte del empresariado y la banca financiera se pronunciaron públicamente en apoyo a la negociación, aquellos sectores cuyos intereses se verían seriamente afectados por una discusión profunda del desarrollo rural no dudaron en manifestar su inconformidad y preocupación. Es el caso de empresarios del agro y los ganaderos agrupados en lo gremios SAC, FEDEGAN y FENAVI, quienes en un comunicado conjunto afirmaron sentir “zozobra ante los pronunciamientos de las Farc, que no se limitan a los temas del preacuerdo (…), sino que, claramente, pretenden imponer sobre la mesa de negociaciones los temas del modelo de desarrollo, la economía de mercado, la propiedad privada y el ordenamiento democráticoxii.

En todo caso, las afirmaciones coincidentes del presidente de la república con parte de las cabezas más representativas de las élites económicas del país frente al proceso de paz, son elementos sugestivos que prefiguran la posición y el horizonte de acción del equipo negociador del gobierno en La Habana. No por casualidad son negociadores oficiales del gobierno Juan Carlos Villegas, presidente de la ANDI y ex presidente del Concejo Nacional Gremial, y Alejandro Éder, miembro de la familia Éder, dueña del ingenio azucarero en el Valle del Cauca, Manuelita S.A.

¿Cuál es el lugar de la democracia?

La primera parte de la respuesta de Humberto de la Calle al discurso de las FARC en Noruega es la condición para afirmar que el modelo económico colombiano no se negociará en la mesa de La Habana. De la Calle sostuvo: “Las FARC, una vez depongan las armas, una vez se firme el acuerdo final, que termine el conflicto, harán política como organización, pero esa no es la materia de discusión de esta mesaxiii. La disputa por el modelo de país, entonces, solo será posible en el escenario de la institucionalidad democrática colombiana.

Diversos actores, molestos o indignados por la postura asumida por las FARC en la instalación del proceso, fueron reiterativos en afirmar que la disputa por el modelo de país no debe tener lugar en La Habana, sino, por el contrario, debe llevarse a cabo en el escenario de la «participación democrática» a través de los mecanismos establecidos para ello por el Estado colombiano. Entre los que defienden esta postura se encuentran Simón Gaviria, Ernesto Samper, María Elvira Samper, María Elvira Bonilla, Carlos Gaviria, Germán Patiño, Óscar Iván Zuluaga, Mauricio Botero y el diario El Heraldoxiv.

Sin embargo, frente a esto resulta interesante pensar cuál es la idea de democracia que se está defendiendo cuando se asume esta posición. ¿Por qué mientras se invita a las FARC a deponer las armas y discutir el modelo económico, político y social del país bajo las normas de la democracia electoral no se reconocen como interlocutores válidos a los movimientos y organizaciones sociales, que desarmadas y con propuestas, reclaman todos los días, desde todos los territorios, espacios y oportunidades para la transformación de conflictos y la solución de los problemas estructurales de nuestro país?

Para ilustrar lo anterior puede ser útil traer a colación lo que se llamó la “Semana de la Indignación”, jornadas de movilización popular llevadas a cabo del 4 al 12 de octubre, en el marco de las cuales organizaciones sociales locales, regionales y nacionales —agrupadas en la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia COMOSOCOL— convocaron a la movilización buscando resignificar la paz desde la perspectiva de la justicia social. A pesar de que se presentaron acciones populares en todo el territorio nacional, en los medios de comunicación, nacionales y regionales, fue poca la atención prestada a estos hechos. En la Revista Semana fueron publicados dos artículosxv, mientras que en la prensa regional y nacional no se registraron noticias que relacionaran la movilización social con el proceso de paz. En ese sentido, en un contexto de invisibilización sistemática de la organización y la protesta social ¿cuáles son las garantías reales de participación que se van a brindar a las FARC una vez se desmovilicen?

Es necesario, igualmente, pensar en los factores reales de poder que operan en los territorios y que inciden en el funcionamiento de la democracia en Colombia, especialmente en el momento electoral. Cuando se plantea la consecución de cargos de elección popular como única posibilidad de transformar la estructura social en Colombia ¿Qué está pensando el gobierno? ¿Tiene en mente llevar a cabo una profunda reforma política que erradique de raíz la operatividad de mecanismos como la compra de votos, los gamonalismos regionales, el clientelismo electoral de manera tal que se le permita a las FARC acceder a cargos de elección popular? ¿Qué mensaje se está enviando a las redes clientelares locales, a los gamonales regionales? ¿Qué garantías efectivas se pueden ofrecer para que en los territorios, adeptos y militantes de una posible la transformación de las FARC en organización política, no sean perseguidos, amenazados y asesinados por los diferentes grupos paramilitares y BACRIM que existen y controlan territorios?

En todo caso debe advertirse que la transformación social por vías democráticas no es una posición generalizada entre los actores que se pronunciaron al respecto de la mesa de negociación. Paloma Valencia y Álvaro Uribe manifestaron su oposición expresa al proceso calificándolo de una negociación con el narcoterrorismo que  debilita institucionalmente al Estado colombiano. Explícitamente Valencia afirmó: “El solo hecho de iniciar un proceso de diálogo con narcoterroristas debilita la institucionalidad; justifica todos los crímenes cometidosxvi.

Entre las posiciones contrarias al proceso, se utilizó como estrategia de deslegitimación las referencias a Cuba y Venezuela y su posible influencia en las transformaciones políticas y económicas que resulten de la negociación. Álvaro Uribe afirmó que “cuando uno piensa en las nuevas generaciones uno dice: qué bueno que tengan una paz perdurable, pero tiene que ser con justicia social, sin impunidad. Una paz firmada por vanidad de poder y elegibilidad de bandidos, entregando el país al modelo chavista, es una paz ficticia, efímera, que simplemente estimulará la reproducción de la violencia. Es una mala herencia para Colombia». Agregó que las FARC “quieren una Colombia sin inversión, ni de grandes ni de pequeños empresarios. ¿En qué vamos a quedar convertidos?, en una Cuba o en una Venezuela. Todo el mundo quedó pobre y en el vecino país, van a dejar a todos pobres y le van a anular la creatividad, esa no es la Colombia que requerimos”, y terminó diciendo que “[s]i el costo de la paz es crear las soluciones políticas para que se instaure un modelo castro-chavista, a riesgo de que me digan enemigo de la paz, yo no podría aprobar esoxvii. Otros actores que respaldaron esta postura fueron Mauricio Botero Caicedo y Ernesto Macías Tovar.

Esta posición permite evidenciar que más allá de una pelea por el lugar de la izquierda en la política colombiana, la disputa por la hegemonía regional latinoamericana entre los proyectos políticos de la izquierda y derecha, está también en el centro de la discusión con respecto a la paz en Colombia.

En últimas, podría decirse que las lecturas contrapuestas de la paz que circularon el pasado mes de octubre permiten entrever los desencuentros y antagonismos entre los distintos proyectos de país defendidos por los actores que se manifestaron sobre el proceso. Por un lado, se encuentra la comprensión de la paz como el resultado de transformaciones estructurales en la sociedad colombiana. Por otro, asumir la paz como un proceso necesario para garantizar el crecimiento económico y favorecer la inversión de capital. En los meses que siguen, y con los resultados del primer acuerdo sobre la cuestión rural, se podrá evidenciar cual es la correlación de fuerzas que se impone en la negociación.

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iDiarios El Espectador, El Tiempo, La República, Revista Semana, y los portales La Silla Vacía y Razón Pública.
iiDiarios El Colombiano, El Heraldo, El País y Vanguardia Liberal.
iiiColumnistas, gremios, partidos políticos, formadores de opinión, académicos y actores institucionales.
ivLa ‘despachada’ de ‘Iván Márquez’ agitó las aguas. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-despachada-ivan-marquez-agito-aguas/266537-3
vRepresentación que ha sido cuestionada por diversas organizaciones sociales en el país. Así lo afirmó David Flórez, integrante de la Marcha Patriótica: ““La mesa está coja. Hay todo un país que no está representado”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/de-donde-salio-marcha-patriotrica/266653-3
viDiálogos en Oslo: Una oportunidad única e irrepetible. En: http://razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3334-dialogos-en-oslo-una-oportunidad-unica-e-irrepetible.html
viiEsto fue visibilizado por los diarios regionales Vanguardia Liberal y El País y los periódicos nacionales El Tiempo, El Espectador y La República.
viiiSantos resalta beneficios para Colombia si termina el conflicto. En: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/174164-santos-resalta-beneficios-para-colombia-si-termina-el-conflicto.
ixEl tire y afloje por la paz. En: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-382271-el-tire-y-afloje-paz
xhttp://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/180686-los-empresarios-dispuestos-a-financiar-la-paz
xihttp://www.vanguardia.com/economia/nacional/180613-colombia-creceria-8-si-se-logra-la-paz
xiiCon discusión sobre el sector agrario comienza diálogo en La Habana. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12315983. Ello se complementa con las declaraciones hechas por José Félix Lafaurie en contra del discurso dado por las FARC en su columna de opinión en el diario La República el pasado 23 de octubre.
xiii‘Ni modelo económico ni doctrina militar están en discusión’: Humberto de la Calle. En: ttp://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12314542
xivEsta postura la tomamos de su editorial “Mundos Opuestos” del día 20 de octubre de 2012. En: http://www.elheraldo.co/opinion/editorial/mundos-opuestos-86191
xv¿De dónde salió la Marcha Patriótica: http://www.semana.com/nacion/articulo/de-donde-salio-marcha-patriotrica/266653-3 y Diálogos: otros sectores que piden pista: http://www.semana.com/nacion/articulo/dialogos-otros-sectores-piden-pista/266310-3
xviEl costo de justificar a las Farc. En: http://www.elespectador.com/opinion/columna-382203-el-costo-de-justificar-farc
xviiLa paz tiene que ser con justicia social y sin impunidad: Uribe.  En: http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/179282-la-paz-tiene-que-ser-con-justicia-social-y-sin-impunidad-uribe