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* Palabras al Margen

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Es claro que el problema del acceso y uso de la tierra está en el origen mismo del conflicto colombiano. En repetidas ocasiones hemos escuchado que este hunde sus raíces en el problema de la tierra y  la desigualdad en el campo, incluso en sus inicios la plataforma política de las insurgencias tenía como gran bandera un programa agrario. El gamonalismo y el modelo de gran latifundio fueron estructurales desde “la Violencia” bipartidista; grandes propietarios de la tierra han estado ligados al fomento del paramilitarismo. Además, la gran desigualdad en la propiedad de la tierra y  la pobreza del campesinado han sido catalizadores de la guerra. Todas estas razones evidencian la importancia del tema agrario en el país y su relación intrínseca con el conflicto.

Adicionalmente, Colombia cuenta con una larga historia de luchas campesinas: el movimiento campesino se ha expresado de manera fortalecida en varios momentos, por ejemplo en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), fundada en 1967 como una iniciativa gubernamental para implementar una reforma agraria. En los sesentas se produce un debate político alrededor de la reforma agraria con un énfasis hacia la capitalización y modernización tecnológica de la agricultura y la incorporación de nuevas tierras a la producción. Durante esta década se dieron importantes luchas y grandes movilizaciones junto con “toma de tierras” que acogieron la bandera de “la tierra para quien la trabaja”. La participación del campesinado en las acciones de protesta del país fue muy importantei, sin embargo, en la práctica no hubo realmente expropiaciones ni reforma agraria.

Justamente por su importancia era de prever que este primer tema de la agenda de negociación sería uno de los más difíciles de saldar. Es una  gran sorpresa escuchar que los delegados del Gobierno y las Farc-ep han llegado a un acuerdo que han  denominado: “hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral». Los puntos sustanciales de éste son: acceso y uso de la tierra; programas de desarrollo con enfoque territorial; infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social en el campo; estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa, y políticas alimentarias y nutricionales.

Del dicho al hecho

Un buen enfoque de estos puntos le daría reconocimiento y garantías de derechos al campesinado, al igual que se solucionarían temas claves para el campo colombiano como la ausencia de titulación. Sin embargo, varios han señalado que parece más fácil acordarlo que hacerlo o, como dice el refrán, “del dicho al hecho hay mucho trecho”. Un punto clave del acuerdo es que el Estado se compromete a emprender “un vigoroso programa de formalización de tierras”, sin embargo esto no será sencillo ya que la titulación en el campo colombiano es mínima, pues no se cuenta con un verdadero catastro rural. Además, dicha titulación finalmente beneficiará la existencia de un verdadero mercado de tierras en Colombia, es decir, favorecerá a los interesados en comprar tierras hoy en Colombia. Sin olvidar que las oficinas encargadas de dicha titulación (Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, las notarías y el Incoder) tienen altos índices de corrupción y muchas veces han estado ligados al despojo y al paramilitarismoii. Otro problema son las garantías para una verdadera restitución. La Defensoría del Pueblo advierte que entre el 2006 y el 2011 al menos 71 líderes de procesos de restitución de tierras fueron asesinados. De estos casos, donde reina la impunidad, sólo hay una condena en firme por una de estas muertes.

El tercer acuerdo logrado es mayor acceso a la tierra mediante la creación de un “Fondo de Tierras para la Paz”. La creación de este fondo fue una propuesta de las Farc, que se nutriría con predios improductivos o incautados para distribuirlos entre «campesinos sin tierra y mujeres, de manera prioritaria». De esta forma se esperaría que dicho fondo estuviera compuesto por: las tierras de los narcos y los paras, las baldías privatizadas ilegalmente mediante procesos judiciales de pertenencia y falsificación de títulos, y los baldíos adjudicados con violación de los procedimientos legales. En realidad el tema de reparar a las victimas con fondos procedentes de incautación ya se había propuesto desde la ley de víctimas, hasta el momento las incautaciones son mínimas entre otras por los niveles de corrupción y el testaferrato. Es decir, es poco probable que logremos redistribución de la tierra sin tocar una hectárea de ningún terrateniente.

A este respecto, Humberto de la Calle se encargó de señalar los límites de lo acordado para tranquilidad de los agroindustriales y grandes propietarios, subrayando que el acuerdo respeta toda propiedad privada rural legalmente establecida y que las Zonas de Reserva Campesina se mantendrán sin otorgarles autonomía. El vocero del gobierno insistió sobre el enfoque de desarrollo rural sin “reforma agraria tradicional”. En Colombia resulta urgente la búsqueda de mecanismos de redistribución de la tierra, los cuales no pueden ser pensados sin implicar la afectación de la propiedad terrateniente actual.

Adicional a la inequidad en la propiedad de la tierra, es evidente que en la actualidad el campesinado está siendo atropellado por las locomotoras. Entonces vale la pena preguntarse ¿lo acordado frenará la locomotora minero energética? Uno de los principales problemas del mundo agrario es la definición del uso del suelo cuando se están entregando tantos títulos mineros, las tierras aptas para la producción agropecuaria se desplazan para la minería. Es necesario frenar la embestida de la locomotora minero energético que acaba con la cultura y el modo de vida campesino.

Otro de los grandes problemas del campo son los TLC que han destruido la producción interna. Ejemplo de ello han sido los recientes paros en el campo (cafetero y papero) donde los campesinos se han manifestado por la pauperización en el campo. Los efectos del TLC fueron evidentes en las reivindicaciones  de estos paros, como por ejemplo “NO a la importación de leche y papa”. El balance, a un año de la implementación del TLC con Estados Unidos, es que Colombia se está quedando sin producción agropecuaria ¿Este acuerdo agrario por la paz logrará frenar los TLC que están acabando con la producción en el campo? En lo que conocemos del acuerdo nada de esto se menciona. Es paradójico que paralelamente avanzan también las negociaciones de la Alianza del Pacífico y otros TLC, que de fondo han introducido el ALCA y terminarán por arruinar el campo colombiano.

El campesino como ciudadano

Queda por conocer el documento completo del acuerdo, donde se conocerían detalles concretos como por ejemplo pormenores frente a las zonas de reserva campesina que parecen ser centro de la propuesta. Es de gran importancia que  se  difunda el documento completo, que se dialogue de cara al país. Es urgente estar al tanto de lo que se está negociando. No son suficientes los foros realizados por la Oficina de Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia sobre los temas agrarios y de participación política.

Las Farc y el gobierno señalan que han conocido e incorporado también los aportes de las mesas regionales organizadas por las Comisiones de Paz del Senado y la Cámara de Representantes de Colombia y las propuestas enviadas por medio de la página web o los formularios que están disponibles en alcaldías y gobernaciones. Aunque éstas sean  recibidas por las delegaciones en La Habana, es necesario abrir un debate de cara al país donde todos participemos, especialmente las comunidades rurales.

Uno de los problemas en el campo ha sido el histórico desconocimiento de los derechos de los campesinos. Democratizar y superar la desigualdad en el campo colombiano pasa por el reconocimiento de la ciudadanía vedada al campesinado. La construcción de una ciudadanía activa y decisoria para el campo es urgente e inicia porque ellos y ellas puedan opinar y decidir sobre su territorio. Es decir, deben poder conocer y debatir sobre cualquier acuerdo al que se llegue. Hacerlo de espaldas es no reconocerlos como sujetos políticos y mantener el desconocimiento de sus derechos. Lo que debemos buscar para la construcción de la paz es todo lo contrario, un campesinado con una ciudadanía activa y decisoria.

Para construir la paz: “la tierra para quien la trabaja”

A pesar de estas dificultades es posible la paz para el campo y para todo el país con base  en una genuina política de reforma agraria integral. Para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. El Congreso de los Pueblos ha señalado la importancia de una propuesta de territorios inter étnicos. De igual forma se propone la construcción de un ordenamiento territorial desde las comunidades en lo urbano y lo rural. Es crucial una reforma tributaria con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. La declaración del Congreso para la paz señala: “consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional, atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina”. Es necesario el reconocimiento del agua como un derecho fundamental para la vida y  replantear la actual legislación minera, como también la nacionalización de los bienes de la naturaleza y la consulta previa y decisoria para todas las comunidades.

La premisa de estos diálogos ha sido «nada está acordado hasta que todo esté acordado». Lo convenido hasta ahora forma parte de un acuerdo más amplio que se daría en los próximos meses el cual contiene seis puntos. Hasta ahora está condicionado a que lleguen a un pacto sobre la totalidad de la agenda y, también, que en la medida en que se avance en la discusión se puedan ajustar y complementar cada uno de los subpuntos.

Podemos interpretar el Acuerdo Agrario como un paso hacia la paz, pero para consolidarla debemos caminar hacia una reforma agraria integral y participativa con propuestas y capacidad decisoria del campesinado. No cabe duda que se ha dado un gran impulso al proceso de paz, pero es importante que avancemos en una consolidación real de la paz para el campo colombiano.

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iLa participación del campesinado en las acciones de protesta del país fue muy importante. Fue el actor social del 9,2% de todas las manifestaciones entre 1975 y 1980, pasó a ser el actor del 23,9%  entre 1981 y 1985 e hizo presencia en el 26,3% de todas las acciones colectivas del país entre 1985 y 1990. Adicionalmente, entre las demandas más importantes de estos periodos aparece la lucha por la tierra como una de las principales motivaciones de la acción colectiva y representa el 30% dentro de todas las acciones colectivas del país entre 1981 y 1985, lo cual lo ubica como el motivo más mencionado en las protestas del periodo. Ver:  Archila, M. (2003). Idas y venidas, vueltas y revueltas: Protestas sociales en Colombia, 1958-1990. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
iiVer: El acuerdo Farc-Gobierno sobre el agro: un gana-gana http://www.lasillavacia.com/historia/acuerdo-agrario-en-la-habana-44462