* Palabras al Margen

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Efectivamente, al realizar una lectura de los borradores conjuntos, las conclusiones antes planteadas parecen ir en la dirección correcta. Centrándose en el documento sobre desarrollo agrario, los principales puntos acordados no son radicalmente diferentes a políticas o medidas que se han tomado a lo largo de la historia de Colombia. En primer lugar, el fondo de tierras propuesto en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) se compondrá por propiedades provenientes de la extinción de dominio, recuperación de baldíos indebidamente apropiados u ocupados, expropiaciones por interés público o incumplimiento de la función ecológica y social de la propiedad, y por donaciones, todas éstas fuentes que ya han estado presentes en diferentes legislaciones relacionadas con la cuestión de la reforma agraria, tales como la ley 135 de 1961 y 160 de 1994.

En segundo lugar, la formación y actualización del catastro e impuesto predial rural ha sido un tema recurrente en las discusiones económicas sobre la tierra. Salomón Kalmanovitz y Enrique López Enciso plantearon que los defectos de la información catastral y la falta de depuración de las bases de datos prediales han impedido determinar de forma adecuada el cálculo sobre la distribución de la tierra en Colombiaiii. De igual forma, distintas organizaciones sociales ya han venido debatiendo de tiempo atrás sobre la necesidad de vincular esta cuestión con el conflicto armado y, a partir de una propuesta de catastro alternativo, determinar el verdadero nivel de despojo que han sufrido las comunidades rurales como elemento necesario en la lucha contra la impunidadiv.

Y, en tercer lugar, el cierre de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva tampoco son propuestas del todo nuevas. Por un lado, organizaciones como Vía Campesina han sido enfáticas en señalar el impacto negativo que tiene la ampliación de la frontera agrícola en la pérdida de “agricultores y campesinos”, quienes se transforman en “manos de obra o desplazadosv, razón por la cual esta dinámica debe ser incluida como un problema que afecta la población rural. Por el otro lado, las zonas de reserva campesina fueron reconocidas en la ley 160 de 1994 y, a pesar que desde su creación y hasta la actualidad han sido objeto de múltiples objeciones por terratenientes, empresarios y militares, lo cierto es que legal y fácticamente están vigentes, y cada vez se convierten, con mayor fuerza, en un elemento esencial de la agenda de exigibilidad del movimiento campesino colombiano.

Ahora, si bien es cierto que estas continuidades existen, también lo es que el acuerdo de desarrollo agrario plantea avances novedosos mediante la incorporación de propuestas que van más allá de la forma tradicional como el establecimiento colombiano ha tratado de responder a la cuestión agraria. En primer lugar, a diferencia de las discusiones que se dieron en los años 60 (en el marco de la “Alianza por el Progreso”), y en la década de los 90 (desde la perspectiva neoinstitucional el Estado), este acuerdo avanza en el reconocimiento del campesinado como un sujeto social y político, cuya participación se considera necesaria para la adecuada implementación de lo acordado. En particular, es de suma relevancia que se establezca como obligatoria la concertación con las comunidades campesinas de las reformas a los distintos niveles de ordenamientos territorial, y esté expresamente consagrada su participación en los “Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial” (PDET), incluyendo en la selección de las zonas de priorización.

Aunque se podría señalar que el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en la constitución de 1991, ha permitido que el derecho a la participación ocupe un lugar importante en la implementación de políticas públicas, lo cierto es que el sector campesino sigue sufriendo un fuerte déficit de reconocimiento por parte de diferentes agencias estatales y el sector privado. Un ejemplo de ello es la falta de instancias de diálogo y participación para discutir los impactos que trae la aplicación de políticas extractivistas y agroindustriales que afectan gravemente sus derechos.

En segundo lugar, la inclusión de la agricultura familiar como un objetivo válido de protección también es una propuesta superadora respecto de los modelos anteriores. Mientras que en la reforma de la década del 60 la economía campesina era un obstáculo para el crecimiento económico y en los años 90 sus formas de producción sólo eran relevantes como respaldo para la obtención de créditos, en el borrador de acuerdo se considera como un objetivo de los PDET el desarrollo de las formas organizativas propias de este sector (cooperativas, mutuales, comunales, etc.), y sus mecanismos de mercadeo, comercialización y financiación.

En tercer lugar, el borrador de acuerdo también incluye la cuestión de la seguridad (Soberanía) alimentaria como parte de los “Planes Nacionales para la Reforma Rural”. Dejando a un lado una importante discusión sobre las diferencias que existen entre ambas categorías (seguridad y soberanía)vi, lo cierto es que el texto plantea la creación de un sistema especial que buscaría garantizar el derecho a la alimentación adecuada en las comunidades rurales, el cual, salvo desarrollo jurisprudenciales hechos en gran medida por la Corte Constitucional para casos concretos, no ha contado con una política pública seria que dé cuenta de su importancia. Sin conocer cómo será su implementación, lo cierto es que el establecimiento de consejos municipales, departamentales y nacionales de alimentación, como mínimo, da a entender que la cuestión alimentaria será abordada mediante una estructura institucional concreta de la cual hoy carece Colombia.

En conclusión, esta revisión preliminar del acuerdo sobre desarrollo agrario no busca desconocer que la mayor parte de lo señalado allí hace parte de agendas políticas que aún un Estado liberal puede garantizar, pero, a su vez, quiere destacar que algunas de estas cuestiones están permeadas por propuestas y exigencias del sector campesino que han tenido nula o muy poca inclusión dentro de la política rural colombiana.

Por último, con el fin de dejar abierta la discusión, un punto que merece un mayor análisis es la supuesta convivencia armónica de modelos productivos agrarios opuestos como lo son la economía campesina y el agronegocio. Si bien el acuerdo no habla expresamente de esto, lo cierto es que de su lectura y de los puntos pendientes por negociar se infiere que el Estado no quiere modificar un modelo de desarrollo que es esencialmente contradictorio a los modelos de producción y de buen vivir de las comunidades campesinas, lo cual seguramente constituya uno de los principales obstáculos para el cumplimiento de los fines de la negociación.

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iGarcía, Mauricio, “Borradores de promesas, en El Espectador, 27 de septiembre de 2014. En, http://www.elespectador.com/opinion/borradores-de-promesas-columna-519212
iiRevista Semana, “¡No más secretos en los diálogos de paz!”, 28 de septiembre de 2014. En, http://www.semana.com/nacion/articulo/no-mas-secretos-en-los-dialogos-de-paz/404171-3
iiiKalmanovitz, Salomón y López Enciso Enrique, La agricultura colombiana en el siglo XX, Fondo de Cultura Económico, 2006, pp. 321
ivLa propuesta Catastro Alternativo del Despojo (CAD), una de las ocho estrategias del Movimiento Nacional de Victimas de Crímenes de Estado (Movice), puede leerse de manera detallada en Francys Cárdenas: ¡PEDIMOS LA PALABRA! Propuesta metodológica para la exigibilidad del derecho a la tierra y al territorio desde las comunidades. Movice, ILSA, 2010.
vVía Campesina, “Agronegocios, soberanía alimentaria y cambios climáticos”. En, http://cloc-viacampesina.net/es/component/content/article/34-demo-category/287-sandra-trafilaf-chileclocomunicacion
viLuego de que conceptos como el de seguridad alimentaria mostraran fuertes deficiencias para constituirse en una herramienta eficaz que garantizara el derecho a la alimentación adecuada de las comunidades rurales, la agenda de organizaciones como Vía Campesina se ha centrado en la implementación de proyectos y políticas de soberanía alimentaria, concepto que da cuenta de una multiplicidad de elementos que no solo buscan permitir el acceso a alimentos que provean las necesidades nutricionales de los y las campesinas, sino que tienen como objetivo el bienestar y supervivencia de dichas comunidades, a partir de (i) el derecho a preservar los recursos naturales en la producción de los alimentos, (ii) la producción de comida saludable, (iii) la defensa de la cultura campesina en los procesos de producción, y (iv) la implementación de sistemas locales de producción, industrialización, circulación y comercialización. En pocas palabras, la Vía campesina define a la soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.