* Palabras al Margen

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Un primer cuestionamiento por parte del uribismo al proceso de paz con las Farc-Ep tiene que ver con el marco jurídico para el posconflicto. Si bien es cierto que de las negociaciones de La Habana no se conoce ningún acuerdo o propuesta de normativa que regule este aspecto, el gobierno Santos impulsó una reforma constitucional conocida como Marco jurídico para la paz, la cual estipula una serie de herramientas de justicia transicional que buscan armonizar los derechos de las víctimas con el derecho a la paz.

Esta normativa no ha sido del agrado del CD. En julio del año pasado, Rafael Guarín (actualmente, funcionario de la Procuraduría General de la Nación), demandó la reforma por considerar que violaba los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y de actos de terrorismo. Según sus palabras, “la demanda busca evitar que se renuncie a investigar, juzgar y condenar a los miembros de las FARC involucrados en narcotráfico o hayan ejecutado ataques con bombas como las del atentado de El Nogal en 2003, al igual que a todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, la desaparición forzada y el secuestro”.

Lamentablemente, este rol protagónico de los derechos de las víctimas no fue el mismo cuando se debatió y aprobó la Ley 975 de 2005 (conocida como Ley de Justicia y Paz). El primer intento del gobierno Uribe para regular el proceso de negociación con los grupos paramilitares fue mediante un proyecto de ley denominado como de Alternatividad penal, el cual establecía, entre muchas disposiciones, que los miembros de los grupos armados organizados que se acogieran a esa norma no pagarían un solo día de pena privativa de la libertad por los delitos cometidos.

Tras recibir duros cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y la comunidad internacional, el uribismo presentó un nuevo proyecto de ley, en el cual, sin embargo, persistían disposiciones contrarias a los derechos de las víctimas, destacándose la no exigencia a los grupos paramilitares de colaborar con el hallazgo de personas desaparecidas, asesinadas o secuestradas, la restricción del derecho a la reparación sólo al pago de los perjuicios, la no obligatoriedad de la confesión para acceder a los beneficios legales de disminución de la pena, y la consideración del paramilitarismo como delito político.

A pesar de las críticas a esta propuesta, el gobierno Uribe dobló la apuesta y, por intermedio del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo (hoy prófugo de la justicia colombiana), presentó un proyecto más, en el cual los beneficios contemplados para los miembros de los grupos paramilitares se extendían de manera ostensible. Por ejemplo, excluían la participación de las víctimas dentro del desarrollo de los procesos judiciales, estipulaba un término de 30 días para su duración y no obligaba a los miembros de estos grupos a confesar los crímenes cometidos para la recepción de los beneficios legales.

Finalmente, fue aprobada la Ley de Justicia y Paz, regulación igualmente problemática. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta norma impedía “el establecimiento de la verdad histórica sobre lo sucedido durante las últimas décadas del conflicto ni sobre el fomento del paramilitarismo y el grado de involucramiento de los diversos actores en la comisión de crímenes contra la población civil, ya sea por acción, omisión, colaboración o aquiescencia1.

Luego de innumerables demandas contra la Ley de Justicia y Paz, y a pesar de que el gobierno Uribe insistió durante el trámite de estas acciones judiciales en la constitucionalidad de la norma, la Corte Constitucional tuvo que adecuar muchas de sus disposiciones a los estándares internacionales de derechos humanos, a la vez que declaró inconstitucionales otras más.

Un segundo cuestionamiento del CD contra el proceso de paz tiene que ver con la continuidad de las hostilidades mientras se avanzan las conversaciones. En este aspecto, el uribismo considera que el ejecutivo nacional debe exigirle a las Farc-Ep un cese de hostilidades unilateral como condición para continuar el diálogo, tal y como se acordó en la negociación con los grupos paramilitares.

Este cese, sin embargo, no fue tan cierto. Tan sólo entre los años 2003 y 20052, los paramilitares fueron responsables de 1.008 asesinatos en el marco de masacres y 2.650 asesinatos por motivaciones políticas; igualmente, la Defensoría del Pueblo pudo establecer que en el mismo periodo se presentaron 4.547 infracciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de estos grupos3. Precisamente, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló en su informe 2004 que la tregua era violada reiterativamente.

El incumplimiento sistemático del cese de hostilidades no generó ninguna consecuencia en la negociación con los paramilitares, al punto que en una ocasión el Alto Comisionado para la Paz respondió que este acuerdo era metafórico, por lo cual era aceptable que los grupos paramilitares continuaran con las hostilidades. La pregunta al CD es, entonces, la siguiente ¿por qué es cuestionable que sigan las hostilidades entre el Estado colombiano y las Farc si no se pactó nada contrario, mientras que no lo era que los paramilitares las continuaran cuando se comprometieron a cesarlas?

Las posiciones diametralmente opuestas del uribismo y su partido en tan sólo estas dos aspectos comparados llevan a preguntarse por el trasfondo de sus críticas. ¿Son más importantes las víctimas de un bando que del otro? ¿El problema no es la ponderación de sus derechos con la paz sino a quién benefician estas reformas? Un partido como el CD debería respetar el debate democrático y dar respuesta, no sólo a estas preguntas, sino también replicar análisis tan detallados como el realizado por La Silla Vacía.

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1Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “la CIDH se pronuncia frente a la aprobación de la ley de Justicia y Paz en Colombia”, Washington D.C., EEUU, 15 de julio de 2005.
2Banco de datos del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Informe estadístico, 2005.
3Defensoría del Pueblo, Seguimiento al cese de hostilidades de las Autodefensas Unidas de Colombia y el proceso de reincorporación a la civilidad de varios de sus miembros, 2005.