* Palabras al Margen

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Colombia no es la excepción a esta crisis. La Asamblea Constituyente de principios de 1990 prometió una educación fundamentada en el servicio público, cumpliendo una función social, algo que el Estado no hizo realidad. Tampoco se ha logrado que la educación forme a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; ni en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (CPC, artículo 67).

El sistema educativo en Colombia es dual: público y privado. En general, es de baja calidad, costoso, sin pertinencia e ineficiente, orientado por una filosofía crematística. Para la muestra un botón: la actual ministra de educación, María Fernanda Campo Saavedra, experta en finanzas y banca, fue sacada de la entidad más mercantil, esto es, venía de fungir como presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin duda, la educación es una mercancía más.

La obsesión de las últimas décadas lo constituyen las pruebas cuantitativas del Estado, reflejo de una pedagogía memorística, conductista y “bancaria” (Freire). Por ello, las instituciones educativas “entrenan” a sus estudiantes para lograr los mejores resultados; además es un buen negocio, los colegios mejor escalonados atraen clientes y pueden cobrar pensiones elevadas. El sector público, con resultados inferiores, implementa programas para parecerse a las entidades privadas “exitosas”. Es tal la situación que la mayoría de los docentes del sector público matriculan sus hijos en las entidades educativas privadas.

No existe política pública educativa animada a construir proyecto de nación según la CPC y en el marco de un estado social y democrático de derecho. La educación pública provee una masa homogenizada y alienada, escasamente capacitada y funcional a un mercado laboral saturado y orientado a la explotación requerida por el proceso de acumulación de capital. El privado suministra la tecnocracia y la dirigencia que hace posible la reproducción del sistema de dominación. En conjunto, la educación genera y transmite los valores, principios y prácticas al servicio de una estructura social hegemónica, estratificada y clasista.

En el año 2000, en carta enviada al Director General de la Unesco, un colectivo de intelectuales, liderados por el sociólogo Pierre Bourdieu, condenó la adhesión de este organismo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios –AGCS-, debido a la concepción exclusivamente mercantil de la educación, la ciencia y la cultura, impuesta por la Organización Mundial del Comercio –OMC. Alertaron que en adelante las empresas privadas utilizarán las leyes del mercado para transformar en mercaderías y en fuente de ganancias las actividades de servicios ligadas a los derechos humanos de la educación y la cultura. «Educación Market» es el título que aparece en los documentos de la OMC.

El mercado de la educación en Colombia

A diario, 13,2 millones de colombianos y colombianas hacen parte, de manera directa, del complejo sistema educativo colombiano: 12,6 millones de estudiantes y 579 mil docentes, en cerca de 61.000 instituciones educativas (ver cuadro 1).

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Fuente: estimaciones del autor con base en DANE, Censo educativo anual C600 y estadísticas del ministerio de Educación.

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El sector público, en términos cuantitativos, tiene posición dominante en la educación preescolar, básica y media. El sector privado monopoliza la educación técnica, tecnológica y superior (gráfico 1). Las empresas privadas educativas controlan una cuarta parte del mercado educativo.

La educación privada es un buen negocio. Estas instituciones que se extienden como espuma sobre los humedales de la Sabana de Bogotá, por ejemplo, tienen cada una entre 1.000 y 1.600 estudiantes. Las matrículas oscilan entre dos y tres salarios mínimos legales (lo que deja por fuera al 80% de los asalariados; estos devengan menos de 2 SML). Como barrera de entrada, los padres de familia deben pagar actualmente entre 10 y 20 millones de pesos; antes se llamaba “bono”, pero ante la prohibición del Ministerio de Educación, le cambiaron el nombre por “Fideicomiso”, articulando el negocio educativo al sector financiero.  Los activos, corrientes y fijos, de cada una de estas instituciones educativas supera los 10.000 millones de pesos, representados en cerca del 80% en terrenos y edificaciones suntuarias (la imagen es lo que vende).

En el año 2012, tomando como ejemplo una institución educativa de propiedad privada de la Sabana de Bogotá, un colegio con 1.550 estudiantes (30% en preescolar, 33% en primaria y 37% en bachillerato) obtuvo ingresos mensuales por $1.860 millones. El número de empleados es de 300 (129 docentes de tiempo completo y 57 de tiempo parcial, más 114 entre administrativos y de servicios); los costos operativos son de $900 millones al mes; por tanto, la utilidad bruta sobre ingresos es de $960 millones mensuales, esto es, 49%. La ganancia bruta anual de esta entidad fue de $11.520 millones en el año 2012.

En 2012, el sector privado de la educación en el país obtuvo alrededor de $42 billones en ingresos por matrículas y pensiones, correspondiente al 23,4% de la población estudiantil. El otro componente del sistema, la administración pública, gastó en este mismo año $39 billones anuales para atender el 76,6% de esta comunidad. En promedio, el costo promedio por estudiante en el sector privado es 3,5 veces mayor al costo por estudiante del sector público. Este mayor costo por estudiante ($14,2 millones al año en el privado y $4,1 millones en el público) no se refleja en la calidad y pertinencia de la educación; lo explica una mejor “hotelería” para el bienestar de los estudiantes, el “status” que satisface a los padres de familia y las utilidades que se apropian los empresarios de la educación.

En Colombia, el gasto público (sin ánimo de lucro inmediato) en educación (corriente y de capital) como porcentaje del PIB aumentó de 3,2% en 1980 a 4,8% en 2010. El promedio en América Latina y el Caribe es 5,3% y en los países de mayor desarrollo humano 5,1%.

Una mercancía de calidad defectuosa

Hace más de dos milenios, el sabio filósofo estagirita Aristóteles enseñó que “el ser, la acción y el producto quedan resueltos en una unidad”. Según el Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, liderado por J. Delors (1996.), la educación debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.

En Colombia, el porcentaje de satisfacción con la calidad de la educación, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2013, es de 71,7 (el promedio mundial es de 64,2% y en los países de desarrollo humano –IDH- muy alto es de 61,3%). Tendemos a sobreestimar la calidad de nuestra educación. En las pruebas internacionales, los estudiantes se encuentran por debajo del promedio en lectura, matemática y ciencia (87,75 y 81 respectivamente de desviación de la media mundial), en matemática, los jóvenes colombianos están tres años de estudio rezagados en comparación con un estudiante francés promedio y en lectura dos años respecto de un estudiante británico promedio.

Si bien actualmente la tasa neta de matrícula en el nivel de primaria alcanza el 95%, la tasa de deserción es de 15,5 (el promedio de deserción en América Latina y el Caribe es 14,3 y en los países de IDH muy alto 3,8%). El porcentaje de jóvenes de 20 a 24 años que culminan la educación secundaria en Colombia es de sólo 30%. De los que alcanzan el bachillerato, sólo 37,2% continúa sus estudios o continúa su capacitación; no obstante, 45,4% abandona la educación superior.

En los últimos 35 años, en Colombia la escolaridad promedio de la población de 15 y más años de edad aumentó de 4,6 años en 1978 a 7,4 años en 2012, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 (actualmente, en América Latina y el Caribe el promedio es de 7,8 y en los países de desarrollo humano –IDH- muy alto es de 11,5 años).

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Fuente: cálculos del autor con base en estadísticas de la Registraduría General de la Nación

De acuerdo con el gráfico 2, el aumento en el nivel educativo y las mayores coberturas de la educación no se han traducido en un ejercicio ciudadano efectivo (en 1950, el 90% de la fuerza de trabajo no alcanzaba ni el nivel de primaria), de hecho, durante el último siglo, en promedio cerca de dos de cada tres colombianos en edad de votar no participan en las elecciones ni toman parte de las decisiones políticas de interés colectivo.

En un país periférico como Colombia, que vive de las dotaciones naturales (actividades extractivas de energía, minería y biodiversidad, sin aportar valor agregado, controladas por transnacionales) e importa la mayoría de los bienes manufacturados, sin soberanía siquiera alimenticia, la educación es elemental y abstracta, sin articulación con el mundo real y desdeñosa de la ciencia y la tecnología. Según el Institute for Magnagement Development, escuela de negocios que funciona en Ginebra, Suiza, Colombia ocupa el puesto 52 entre 59 países en cuanto a competitividad. El país retrocedió seis puestos entre 2011 y 2012; los 14 factores que tienen que ver con la educación registran un nivel muy bajo.

Con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio se ha hecho evidente la debilidad relativa del aparato productivo nacional, ni el sombrero “voltiao” aguantó la competencia internacional. Para que sobrevivan los productores el Gobierno ha tenido que distribuir subsidios a diestra y siniestra, desde los cafeteros y arroceros, pasando por los ganaderos, la agroindustria y la industria, hasta, recientemente, los papicultores.

El sistema educativo tampoco garantiza la convivencia pacífica. La violencia recorre los espacios familiares, escolares y públicos. El 70% de los estudiantes es víctima de agresiones, verbales, física o psicológica, en las entidades educativas. En general, la tasa de homicidios en Colombia es de 33,4 por cada 100.000 habitantes (en el mundo 6,9); la confianza en las personas es de sólo el 14% y de 43% la percepción de seguridad (30 y 66%, respectivamente, en el mundo, según el Informe de Desarrollo Humano 2013).

Finalmente, la educación tampoco es garantía de un ingreso seguro al mercado de trabajo. Para el año 2012, el desempleo en Colombia para las mujeres jóvenes fue de 25,2% y en los hombres jóvenes 14,7%, debido a la escasa experiencia, al bajo nivel educativo y a la poca pertinencia de la educación recibida. En el país, donde los jóvenes representan casi el 30% de la población en edad de trabajar, uno de cada cinco jóvenes entre 14 y 29 años se encuentran por fuera de los sistemas educativo y laboral, convirtiéndose en víctimas y victimarios de todos los males que  recorren la sociedad colombiana.