Camilo Galindo

* Camilo Galindo

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de maestría en derecho (perfil investigativo) de la misma institución y candidato a magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como investigador y consultor en materia de derechos humanos en diversas ONG y agencias de cooperación internacional. Actualmente, es integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) en Argentina

En días pasados, el joven Andrés Camilo Ortiz fue ejecutado por un integrante de la Policía Nacional. Diversa información de prensa señala que la víctima, junto a unos compañeros, intentaron entrar sin pagar a una estación del sistema Transmilenio. El patrullero los persiguió en un vehículo de servicio público y, luego de interceptarlo, disparó sin contemplaciones contra Andrés Camilo. Algunos videos del sitio de la escena dejan ver que el policía, después del hecho, intentó manipular la escena del crimen. 

Un caso similar se presentó en marzo del año pasado. El joven Wilber Alvarado tuvo una discusión con un patrullero de la policía en otra estación de Transmilenio, al parecer, por el no pago del pasaje. La víctima se fue del lugar, por lo que el policía lo persiguió y, al igual que con Andrés Camilo, le asesinó sin mediar palabra. Otros patrulleros llegaron a la escena del crimen y favorecieron la huida del responsable. Hoy está prófugo. 

En una revisión rápida de prensa, especialmente la regional, se hallan sinnúmero de casos en los que el uso de violencia letal por parte de la policía es común. Patrulleros que disuelven riñas entre vecinos disparando contra ellos; presuntos ladrones que son ejecutados en vía pública sin que hubieran generado un riesgo contra la vida de los uniformados; manifestantes que son reprimidos con armas letales. Aunque los casos son diferentes parecen tener un punto en común. La violencia letal a manos de la policía es una práctica cotidiana. A pesar de que expertos en el tema señalan que las muertes por parte de la policía no parecen ser un buen indicador de efectividad y respeto de la ley, en Colombia y otros países de la región se ha normalizado la idea que la policía mata. 

Desde el poder político se transmite la idea del delincuente como el gran enemigo de la sociedad. Los discursos oficiales y las prácticas cotidianas de las fuerzas de seguridad apuntan a mostrar al criminal como un sujeto desprovisto de derechos. Es como si su supuesto accionar criminal eliminara automáticamente sus garantías constitucionales. La Constitución sólo cobija a “gente de bien”. Las comunidades y los vecinos donde los problemas de seguridad son, sin duda, graves, normalizan esta nueva imagen del enemigo. Los medios de comunicación la multiplican. 

Este nuevo enemigo de la sociedad tiene, además, características que lo hace fácilmente identificable: jóvenes, afrodescendientes, de comunidades o barrios pobres, desempleados, barristas, etc. Estos estereotipos son asumidos por las fuerzas policiales como características sospechosas que favorecen y justifican la violencia letal. De no ser por testigos, grabaciones y el esfuerzo incansable de sus familiares (que demostraron que fueron asesinatos injustificados), casos como los de los jóvenes de Transmilenio o el grafitero Diego Felipe Becerra hubieran quedado como otra cifra más en la lucha contra la delincuencia. En la necesidad de combatir a supuestos criminales con la fuerza que sea necesaria.  

En aquellos casos donde la arbitrariedad es descubierta, la justificación se limita a la metáfora de las manzanas podridas. Individuos que actuaron contra los lineamientos organizacionales. La responsabilidad penal se reduce a un individuo traidor. No se cuestionan las prácticas institucionales (formales e informales) ni la responsabilidad de mando. Tampoco las presiones externas de alcaldes y altos funcionarios para entregar resultados, ni de un poder judicial que en ocasiones es permisivo. 

Pero pensar que la cuestión no es de individuos sino de la organización también es insuficiente. Las investigadoras Luciana Cepeda, Ana Laura López y otras1  advierten que también se debe superar la tesis de la “institución podrida”. El problema no está sólo en la policía. La red de interdependencias y favorecimientos entre instituciones públicas (y otros actores privados) lleva el problema más allá de la organización. Para que la muerte sea legalizada se requiere la actuación del poder ejecutivo y el judicial (uno defendiendo la lucha contra la delincuencia, el otro cubriendo de legalidad la violencia letal). También hay actores privados que requieren de la eliminación física de los supuestos delincuentes para su tranquilidad. 

El problema es mayor. No sólo basta con decir que fueron manzanas podridas; tampoco que talar el arbol de manzanas es suficiente. La violencia letal por parte del Estado es vista como normal. Ciertos sectores de la sociedad ven con buenos ojos la muerte del indeseado. Los medios de comunicación se encargan de exaltar la lucha contra la criminalidad. El problema está, entonces, en el bosque.  

 

 

  1. Cepeda, Luciana y otras; “Policía: “no estás matando a un nene o un inocente, estás matando a un delincuente””; en, Daroqui, Alcira (comp)., “Muertes silenciadas: la eliminación de los “delincuentes”. Una mirada sobre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la policía y la justicia”, Buenos Aires, ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2009.