* Palabras al Margen

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Pero el verdadero tropiezo fue protagonizado por la bancada del Centro Democrático. Como si «moción de orden» se tratara de un término totalmente ajeno a quienes habían prometido a sus electores dedicarse a la actividad parlamentaria, los congresistas uribistas repartieron su palabrería a diestra y siniestra: en vez de discutir asuntos relativos al orden del debate, los uribistas optaron por defender anticipadamente al «acusado» sin escuchar las acusaciones, diciendo que el debate era «ilegal» y que Cepeda iba a dedicar su intervención a proferir «infamias». Al hacer esto los uribistas cayeron en su propia trampa. Todos exigían «garantías» para que Uribe pudiese contestar la interpelación de Cepeda, lo que implicaba reconocer la existencia no sólo de un debate sobre el paramilitarismo, sino un debate acerca de los nexos de Álvaro Uribe con estas organizaciones, pero al mismo tiempo, reclamaban a capa y espada la inexistencia del debate.

Tan incomprensible como el torpe reclamo de la bancada uribista, fue la repentina «decisión» de Uribe de retirarse del recinto. Sobre todo sus razones. Uribe habló de un complot entre Iván Cepeda, el gobierno, las Farc, además de los paramilitares y sus antiguas víctimas. Lo inverosímil de la situación no fue la de nombrar la existencia de un complot. Lo que resultó realmente asombroso es que Uribe haya dicho que tiene «pruebas probatorias» del complot.

Después de que Uribe se retiró hacia la Corte Suprema a radicar las «pruebas probatorias», el senador Cepeda inició su intervención. Para muchos no había nada nuevo en sus acusaciones y muchos medios coincidieron en que lo que hizo el senador fue reunir un conjunto de pruebas que ya eran de conocimiento de la opinión pública. Sin embargo, Cepeda no hizo solamente un panorama, un paneo o una foto de elementos relativamente dispersos en la historia de Uribe con el paramilitarismo. Su intervención partió de la afirmación de que «la parapolítica es un eufemismo». Es un eufemismo porque el paramilitarismo no es solamente un grupo al margen de la ley o una triste y pequeña excepción a la vida institucional de la democracia más «antigua» y «estable» de América Latina. El paramilitarismo es una alianza de sectores sociales (ejército, sectores reaccionarios, carteles del narcotráfico, entre otros) que se convirtió en una política criminal del Estado para combatir a otros criminales, como el narcotraficante Pablo Escobar.

La verdad es que el golpe más «certero» que las fuerzas de la «justicia» le propinaron al cartel de Medellín con la muerte de Pablo Escobar, no fue obra exclusiva de la «gallardía» de la fuerza pública, sino de la aceptación de la derrota servil del Estado frente a sus propios «enemigos». La incapacidad que tenían los organismos de inteligencia estadounidenses y la fuerza pública colombiana para aprehender –o, si era el caso, asesinar- a Pablo Escobar fue compensada y saldada con la creación de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar). La muerte de Escobar no fue el final del narcotráfico, ni siquiera del Cartel de Medellín. Por el contrario, este Cartel se fue convirtiendo en una fuerza política capaz de ejercer el poder del Estado desde las posiciones políticas de la extrema derecha.

Así, el paramilitarismo no es la respuesta «natural» a los excesos (que en muchos casos son existentes y constatables) de la guerrilla, sino que es la evidencia más certera de la paradoja del Estado Social de Derecho colombiano, que suelen olvidar sus cultores: la utilización de medios criminales para proteger la «libertad» y el «orden». El culmen del paramilitarismo es cuando esa libertad y ese orden, protegidos por medios criminales, terminan transformándose en su significado. La libertad es la propiedad del terrateniente que bebe aguardiente y el orden es la no existencia de los comunistas y la izquierda política. No hay duda que el punto de vista político que defiende la libertad y el orden, entendidos en ese estricto sentido, es el uribismo. El uribismo, como fenómeno político, es impensable sin la mutación del cartel de Medellín en paramilitarismo y en fuerza política capaz de darle una dirección al Estado colombiano. También es impensable sin la figura de Álvaro Uribe como puente entre esta fuerza política institucional y su apoyo social.

A pesar de la «indignación» de Uribe y su bancada por las acusaciones de Cepeda, en realidad no se hizo difícil observar la actitud teatral de bufón del expresidente. El caudillo lució nervioso, inseguro, incierto, y sin un hilo conductor para sus afirmaciones. Las excentricidades de Uribe pudieron haber pasado desapercibidas debido al sufrimiento de personas que fueron víctimas del paramilitarismo. En un primer momento, el expresidente intentó desmentir las pruebas que vinculaban a su hermano Jaime con la señora Cifuentes y el helicóptero de su padre con el allanamiento a tranquilandia. Después, se refirió a su carrera política asegurando que había puesto los cimientos del Museo de Antioquia para responder a las revelaciones hechas por el gobernador de Antioquia de la época, según las cuales el presidente Betancur había manifestado estar molesto por tener a un «narco» en la alcaldía de la capital antioqueña. Aseguró también que las corridas de toros a las que hacía alusión Cepeda –patrocinadas por «bicicletas osito», una empresa que no sólo ostentaba un nombre lamentable y que era propiedad del hermano de Pablo Escobar- ocurrían en una casa «sencilla» que tenía una igualmente «sencilla» plaza de toros en sus haberes. Con esto dio paso a su cualidad preferida, reflejada en las sencillas haciendas que incluyen una plaza de toros: la austeridad.

Más allá de la espantosa costumbre de darse consuelo a uno mismo en público apelando a la «berraquera», la actitud de Uribe descansa en una intención política. Se trataba de dar el debate de tal modo que no pudiera desarrollarse ningún debate sobre el fenómeno paramilitar y la historia que los colombianos contamos de él. La permanente contradicción del uribismo, de acusar el «personalismo» del debate y defender siempre a la persona de Uribe, tiene, así, una explicación: desde el punto de vista uribista, el debate debía ser estrictamente personal, aislando al expresidente del fenómeno social que dio nacimiento a sus tesis políticas y a su forma de entender las relaciones entre los seres humanos. Solamente Alfredo Rangel, quien se mostró satisfecho intelectualmente con sus precarias intervenciones, intentó dar una «tesis uribista» sobre el fenómeno paramilitar, aludiendo a que el paramilitarismo había cambiado después del exitoso proceso conducido por Uribe en su periodo presidencial. En otras palabras: la reinserción de los paramilitares al «imperio de la ley» fue totalmente exitosa porque hoy en día vuelven a estar por fuera de ella.

La forma en que Uribe y los uribistas respondieron a Cepeda puede mostrar la verdadera dimensión del debate, que es imprescindible para las fuerzas democráticas y progresistas que quieren construir la paz. El debate no puede ser solamente sobre Uribe, pues eso sería hacerle el juego a sus intenciones políticas. Más bien, el debate debe concentrarse en la historia del paramilitarismo como alianza de sectores sociales y como forma de hacer política, que no puede ser superado por la derecha «moderada» de Juan Manuel Santos, ni únicamente por el culto religioso al orden legal, sino por la fundación de una nueva democracia basada en la idea de la paz como justicia social.

Por ello es esencial para la izquierda reescribir la historia del paramilitarismo en la opinión pública. Sus efectos estratégicos se dejaron ver en el desarrollo del debate. El santismo mostró su incapacidad de ser una fuerza política realmente promotora de la paz, gracias a dos actitudes triviales pero recurrentes. Por un lado, la actitud irresponsable de sus funcionarios gubernamentales, que no fueron capaces de preparar un informe y comprometerse en la reelaboración de la historia paramilitar, fundamental para entender el conflicto y alcanzar la paz. El ministro del interior se dedicó a repetir los cansados eslóganes de la política pública: verdad, justicia y reparación, mientras que el general encargado de la división antinarcóticos de la policía no hizo la tarea. Por otro lado, la actitud «conciliadora» buscó pactar con el uribismo y con la izquierda para evitar el debate, sentando una posición neutral que no sólo es imposible, sino que resultaba antidemocrática en ese contexto, ya que se traducía en una obstrucción del contenido político del debate.

El uribismo mostró su faceta natural: la guerra y la perpetración del conflicto armado. A las fuerzas de la izquierda democrática les queda una tarea esencial para la construcción de la paz, vislumbrada por el debate: intentar que los colombianos entendamos nuestro país por medio de la historia del paramilitarismo.