* Palabras al Margen

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El concepto de derecho a la ciudad se ha revitalizado y se ha intentado dotar de un contenido político en escenarios y eventos como: los Foros sociales de Quito y de Barcelona en 2004, la Carta mundial del derecho a la ciudad, popularizada por la UNESCO, la Declaración europea sobre el derecho a la ciudad votada por la Cámara de poderes locales en 2005, la Coalición “Right to the city”, los artículos de David Harvey y la obra de Don Mitchell y muchas otras publicaciones que están actualizando el concepto.

En Colombia, las organizaciones que participaron en el Foro social urbano alternativo y popular realizado en abril de 2014 en Medellín, reconocieron el derecho a la ciudad como la posibilidad de “vivir dignamente y gozar de la experiencia urbana, con el pleno disfrute de nuestro hábitat, apropiándonos del espacio público, sin el monopolio del mercado (…) Uno de los objetivos es avanzar hacia la formación de sujetos políticos asumiendo nuestro derecho a transformar la ciudad, acorde a nuestros intereses, cultura e identidad”.

Ahora bien, si ese es el contexto en el que se está retomando el concepto del derecho a la ciudad, es importante identificar en él una respuesta al proceso de urbanización generalizado desde hace varias décadas en el mundo. En este sentido, reclamar el derecho a la ciudad supone reivindicar algún tipo de poder configurador del proceso de urbanización, teniendo en cuenta la forma en que se hacen y rehacen nuestras ciudades. Las ciudades han brotado de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción y, en este sentido, la urbanización ha sido siempre, por tanto, un fenómeno relacionado con la división en clases, ya que ese excedente se extraía del algún sitio y de alguien (…) De ahí surge una conexión íntima entre el desarrollo del capitalismo y el proceso de urbanización (Harvey, 2013: 21).

Harvey afirma que la forma capitalista de urbanización está plenamente inserta en la reproducción del capitalismo y por esta razón resulta fundamental poner en pie una alternativa anticapitalista que genere formas distintas de urbanización. Para este autor, la urbanización del capital presupone la capacidad del poder de clase capitalista de dominar el proceso urbano. Esto implica la dominación de clase, no solo sobre los aparatos de Estado, sino también sobre toda la población: su forma de vida, su capacidad de trabajo, sus valores culturales y políticos así como sus concepciones del mundo (Harvey, 2013: 105). En otras palabras, la lucha por el derecho a la ciudad se enfrenta a los poderes del capital que se nutre de las rentas derivadas de la vida en común que otros han producido.

Uno de los procesos que ha precipitado el desplazamiento de la población a escenarios centralizados ha sido la industrialización y, por lo tanto, el que marca la ciudad y la urbe contemporáneamente. Sin embargo, para autores como Lefebvre, en la ciudad hay dos caras de la moneda: un proceso de industrialización y otro de urbanización, es decir, una producción económica y otra concentrada en la generación de una forma de vida social, que por lo demás siempre han estado en diferentes fases de desarrollo. Y si seguimos esta idea, otros autores como Lucas Correa (2010) consideran que la vida urbana no puede estar sometida por el desarrollo industrial y que ahora la lógica debe ser el desarrollo para la vida urbana.

Según la carta mundial del derecho a la ciudad y las Naciones Unidas, la tendencia sostenida sigue siendo que los habitantes urbanos sean cada vez más en relación con los habitantes rurales y por ello llaman la atención sobre los acontecimientos urbanos. Por lo tanto, hablar de los derechos humanos o de un proceso de desarrollo remite necesariamente a las ciudades, pues es allí donde se concentra la mayor población mundial bajo la tendencia actual.

Si bien las ciudades ofrecen mayores servicios y oportunidades respecto al campo, no significa que las urbes lo ofrezcan a la totalidad de sus habitantes, y precisamente este límite se convierte hoy en principio de desigualdad en varias ciudades del mundo. Por esta razón, se reafirma la idea de David Harvey quien sostiene que la propia urbanización es el resultado de una producción en la que participan millones de trabajadores generando valor y plusvalor. Y en consecuencia, bajo este modelo se mantiene una diferenciación social en la que la calidad de vida urbana se ha convertido en una mercancía para los que tienen dinero y para la reorganización de una geografía urbana que requiere siempre del uso de la violencia y el desplazamiento. En este sentido, la urbanización se ha impuesto a partir de la desposesión de las masas urbanas de cualquier derecho a la ciudad. Además, de un proceso previo de desposesión de familias rurales.

El derecho a la ciudad como concepto y reivindicación

El derecho a la ciudad es un concepto acuñado en 1968 por Henri Lefebvre. En su libro El derecho a la ciudad reconfigura la experiencia urbana e insiste en el doble proceso de urbanización e industrialización y sugiere considerar al urbanismo como la consolidación de una ‘ideología’. Introduce una distinción entre la ciudad y lo urbano: la ciudad como una realidad presente, inmediata, dato práctico-sensible y arquitectónico, y, por otra parte, lo urbano como una realidad social compuesta por relaciones a concebir, a construir o reconstruir por el pensamiento. La ciudad como “proyección de la sociedad sobre el terreno, es decir, no solamente sobre el espacio sensible sino sobre el plano específico percibido y concebido por el pensamiento, que determina lo urbano” (1969). Para Lefebvre la solución a la oposición campo/ciudad es el advenimiento de un tercer término, lo urbano.

El derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Sólo puede formularse como el derecho a la vida urbana, transformada y renovada. Se trata de romper con la práctica burocrática de la ordenación de la ciudad para fundar un urbanismo experimental, que combine un análisis de los fenómenos inéditos ligados a la afirmación de lo urbano y un derecho, es decir, una legítima reivindicación de un modo de vida que transfigure la cotidianidad urbana.

Para este autor, el derecho a la ciudad está relacionado con una idea que reconoce que para “cambiar la vida” es necesario “cambiar la ciudad”. Y por lo tanto, el ‘derecho a la ciudad’ debe formularse como ‘derecho a la vida urbana”. Ese derecho es una exigencia de confort urbano, de bienestar ambiental, articulado con una fuerte demanda de democracia participativa y de autogestión local.

En conclusión para este autor “el derecho a la ciudad se manifiesta como una forma superior de los derechos: derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar. El derecho a la obra (a la actividad participante) y el derecho a la apropiación (muy diferente al derecho de propiedad) están imbricados en el derecho a la ciudad.” (Lefebvre, 1969:159). En otras palabras, el derecho a la ciudad propone la consolidación de una ciudad en donde se garantice el derecho al trabajo, a la instrucción, a la educación, a la salud, al alojamiento, al ocio y a la vida. Entre estos derechos en formación figura el derecho a la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentros y a los ritmos de vida y empleos del tiempo que permiten el uso pleno y entero de estos momentos y lugares.

Ahora bien, uno de los autores que actualmente retoma la lectura de Henri Lefebvre es David Harvey, para quien:

“El derecho a la ciudad no es un derecho únicamente individual, sino un derecho colectivo concentrado. Incluye no solo a los trabajadores de la construcción, sino también a todos aquellos que facilitan la reproducción de la vida cotidiana: los cuidadores y maestros, los reparadores del alcantarillado y el suburbano, los fontaneros y electricistas, los que levantan los andamios y hacen funcionar las grúas, los trabajadores de los hospitales y los conductores de camiones, autobuses, taxis, los cocineros, camareros y animadores de fiesta (…)” (Harvey, 2013: 200).

Para este autor es posible identificar las múltiples relaciones que consolidan un modelo de ciudad y al mismo tiempo la relevancia y reconocimiento político tanto a los encargados de la conducción de agua hasta nuestros hogares como a los que fabrican las tuberías y grifos en la fábrica. Es decir que por un lado, la explotación de clase no se limita al lugar del trabajo y por otro lado, se debe entender una lucha de clases a la vez como una lucha por los derechos de la ciudadanía en el hábitat propio de los trabajadores (2013: 188).

Otra lectura posible de este concepto se encuentra en la forma en que ha sido adoptado por el derecho y la jurisprudencia, pues desde este punto de vista el derecho a la ciudad debe ser una herramienta que ayude a garantizar los derechos en la ciudad. Sobre todo debe ser parte integral de las herramientas de la planeación citadina. La propuesta de incluir el Derecho a la Ciudad dentro de la discusión jurídica tiene la intención de ver cuáles serían los marcos regulatorios en la obligación que tendría el Estado y los gobiernos en su cumplimiento.

Desde esta perspectiva, el contenido del derecho a la ciudad se sintetiza en cuatro líneas:

– La ciudad como posibilidad, es decir, la ciudad se ofrece y posibilita a sus ciudadanos. Se relaciona cuando la ciudad se comienza a pensar en futuro para brindarles garantías a los ciudadanos. Esto incluye tres aspectos: el espacio físico (accesibilidad, buena ubicación y paisajística), personal (autodeterminación y no aislamiento) y colectivo (participación, decisión y gestión).
– El goce de los derechos en el contexto urbano, relacionado con el usufructo equitativo de lo producido por la ciudad, así como la reivindicación por la vivienda digna y acceso al agua.
– El goce de los derechos humanos y la participación acentuando en la posibilidad de participar e incidir en la construcción de ciudad, para que ésta sea garante de los derechos humanos.
– La carta mundial por el derecho a la ciudad: plantea las líneas a nivel internacional para que éste se convierta en un nuevo derecho humano exigible y con responsables; ensalzando la corresponsabilidad entre individuos, organizaciones sociales y autoridades institucionales, vinculando en estos procesos a las minorías y las personas que han sido vulneradas. Finalmente, acuerdos con el sector privado, la economía solidaria y los impuestos (Correa, 2010).

En términos generales, quiere configurar el derecho a la ciudad como la posibilidad de garantizar que todas las personas sean titulares de estos derechos, haciendo un reconocimiento especial a aquellos que han sido vulnerados y se encuentran en desventaja respecto a la mayoría, desde que habiten una ciudad permanente o transitoriamente. De otra parte, son responsables todas aquellas instituciones sociales (públicas y privadas) más los individuos que habitan en las urbes. En síntesis, el derecho a la ciudad se basa en el usufructo equitativo de la ciudad, participación en su construcción y goce de los derechos humanos en ella.

Bajo esta perspectiva, el trabajo de autores como Lucas Correa (2010) reconocen el derecho a la ciudad bajo tres pilares importantes: uso y beneficio de la ciudad de manera equitativa, participación en la construcción de los rumbos de la ciudad y escenario de la realización de los derechos humanos. Todos como elementos que brindan posibilidades de imaginar una propuesta entorno al derecho a la ciudad y que de una u otra forma están alimentado los procesos de movilización y demandas en el plano urbano a nivel mundial.

Relación con el momento actual

El potencial de las luchas adelantadas por los movimientos urbanos sigue estando relegado a intentos específicos de reformas particulares y no como una posibilidad de afectación sistémica y de clase. En este caso, Harvey podría ser ubicado en una línea revolucionaria y no reformista. Aunque reconozca que el derecho a la ciudad es a la vez la exigencia del cumplimiento de un derecho colectivo y un significante vacío, pues para él todo depende de quién lo llene y con qué significado (…), la definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar la lucha por materializarlo (2013: 13)”. Y a pesar de las afirmaciones hechas por Harvey, en las que deja demasiado abierto el concepto, podemos reconocer que este derecho es más colectivo que individual y pasa necesariamente por el ejercicio de un poder colectivo sobre el proceso de urbanización. Es más, lo condiciona a la creación de un vigoroso movimiento anticapitalista que logre transformar la vida urbana en su cotidianidad y sea acompañado de la concentración de la política en la producción y reproducción de la vida urbana como proceso de trabajo fundamental.

En este sentido, Harvey llama la atención de procesos, movimientos y partidos de izquierda a que trasciendan las diferencias generadas por sus “formas organizativas” y logren articular acciones sobre las formas en las que debe organizarse una ciudad. En especial, cuando las comunidades no son sujeto de un derecho común al espacio público. Y en este contexto, se hace necesario reclamar mayor control democrático sobre la producción y uso del excedente. El derecho a la ciudad como está constituido es demasiado estrecho y está en manos de una pequeña élite política y económica con capacidad para configurar la ciudad según sus propias necesidades particulares. Una muestra de este desequilibrio en el desarrollo urbano se evidencia en los grandes bloques de apartamentos, las comunidades de acceso restringido, los campos de golf o los centros comerciales de lujo que no contribuyen en nada a reconstituir una vida cotidiana decente para las masas empobrecidas.

Al contrario, se puede afirmar que hoy la crisis urbana aumenta: las megalópolis se han multiplicado, las desigualdades territoriales han aumentado, lo mismo que los muros y otros cerramientos edificados sin preguntarse por lo común. El uso del automóvil no cesa de generalizarse y la movilidad es imposible, el uso de los recursos no renovables se acelera y la morada de los humanos se vuelve inhabitable. Esto caracteriza una crisis urbana que se compone de pobreza, miseria, discriminación, baja calidad de vida, desempleo, viviendas hacinadas y sin servicios públicos, criminalidad y violencia urbana, entre otras condiciones.

Y en este sentido, es necesario reivindicar el usufructo colectivo, justo y equitativo que debe rendir la ciudad a todos y todas sus habitantes (con el énfasis diferencial sobre aquellos y aquellas que históricamente se han encontrado en mayor desventaja frente a la mayoría: desplazados, discapacitados, pobres, minorías en sus distintas variantes, etc.). Parece una forma interesante de acercarse a un proceso de redistribución que ahora puede ser analizado desde las aristas urbanística, tecnológica, de transporte, aire, agua, convivencia y seguridad, entre otros. Además de la promoción de una participación con incidencia por parte de los habitantes en las riendas de su ciudad, que tenga en cuenta formas de ejercicios pedagógicos populares para que las y los habitantes de las ciudades tengan acceso a las herramientas de planeación y las políticas públicas y sociales, de tal forma que puedan usarlas en función de sus ejercicios de construcción de urbe. De otra parte, hay que tener en cuenta un debate sobre la participación, pues bajo el modelo actual de ciudad y país inmerso en un claro sistema-mundo capitalista, los actores del sector privado querrán actuar e incidir en los escenarios de construcción de ciudad a favor de sus intereses. Pareciera obvia la ilegitimidad de los sectores privados a la hora de hablar sobre el futuro de la ciudad, pero es un tema que hay que tener claro para hablar del derecho a la ciudad.

Actualmente, el derecho a la ciudad y lo urbano espera su desarrollo legal junto a propuestas concretas de política pública que sean movilizadores. Algunos de los puntos claves para observar la vigencia del concepto hoy en las ciudades Colombianas son:

1. El ordenamiento de la ciudad: ¿quién ordena la ciudad? Ordenamiento popular y los planes de ordenamiento territorial.
2. Derecho a la vivienda y el hábitat. La triada: bancos, inmobiliarias, constructoras contrarias al derecho a la vivienda y al hábitat integral. Tenemos derecho a una vivienda digna, que debe ser nombrada como vivienda adecuada en el marco de los derechos de tercera generación (DESC). No hay vivienda digna ni adecuada sin garantía de acceso a los servicios públicos domiciliarios con tarifas adecuadas. Hace poco más de 50 años el arquitecto sí tenía algo que decir a la ciudad, pero con el avance cada vez más agresivo del capitalismo, la vivienda pasó a ser un medio de especulación. Atraídos por el dinero rápido, muchos empresarios se lanzaron a la construcción de miles de viviendas, muchas veces de escasa calidad arquitectónica, que conforman un territorio urbano que cuesta definir como ciudad. Y esto ha sido consecuencia de la privatización de los servicios de infraestructura básica, sumado a una desinversión en la extensión de servicios públicos1.
3. Con el derecho a la ciudad se experimenta una relación completamente nueva con lo político. Para eso conviene crear una cultura democrática local y sobre todo movilizar a los habitantes. Se trata ciertamente del porvenir mismo de la democracia municipal y de asumir su ciudadanía. El barrio donde se vive no sólo significa pertenencia sino también espacio de participación política. El concepto está vinculado a acciones de democracia directa local y el derecho a la ciudad asocia prácticas ordinarias locales con aspiraciones planetarias mundiales.
4. Conecta reivindicaciones políticas con las ambientales; los recursos naturales, los alimentos y la relación campo-ciudad.
5. Ciudades de derechos que garanticen educación, salud, trabajo y cultura.

En términos generales se podría afirmar que el modelo a la ciudad que resulte de este proceso estará garantizando un derecho que como pobladores urbanos estamos construyendo. Por lo tanto, los retos que se presentan en la ciudad principalmente son: a) derrotar el paradigma clásico-liberal que defiende la propiedad privada individual sobre el resto de elementos en la ciudad, bajo el respaldo estatal. b) Reconocer que la explotación de clase no se limita al lugar del trabajo y por lo tanto, que se debe promover la existencia de procesos que reivindiquen los derechos de la ciudadanía en el hábitat propio de los trabajadores y c) Actuar a partir de un escenario que contemple la tensión entre la presión que genera la globalización y el mercado, con las aspiraciones sociales de los habitantes urbanos.

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1También se podría evaluar el hecho de donde construir. Por un lado, lugares que no son aptos por los inminentes riesgos (suelos, deslizamiento, inundación, contaminantes) y, por el otro, áreas que ecológicamente no pueden soportar construcciones y menos cuando no se tienen en cuenta las tecnologías de avanzada en la protección ambiental.

Bibliografía

Correa, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”. Territorios. No. 22. Bogotá: Universidad del Rosario.

Foro Social Urbano, alternativo y popular. Memorias en: http://issuu.com/forosocialurbanoalternativoypopular /docs/memorias_foro_suap

Harvey, David (2013). Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal.

Lefebvre, Henri (1969). El derecho a la ciudad. Barcelona: Edicions 62.