* Palabras al Margen

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Así lo indica un breve artículo del diario El Espectador de hace casi dos mesesi, en el que se nos advierte que ya existe el borrador de un proyecto de ley estatutaria orientada, palabras más, palabras menos, a deshabilitar este mecanismo que le permite a las comunidades étnicas expresar y hacer valer su desacuerdo frente a proyectos gubernamentales y empresariales que afecten sus territorios. Tal y como lo señala la referida nota periodística, los artículos más polémicos de este proyecto de ley serían el Art. 29 y el Art. 37. En el Art. 29 se estipularía, con fuerza de ley, que si después de realizado el proceso de consulta previa no se llegase a un acuerdo con las comunidades afectadas en un plazo expedito, “la decisión sobre la medida recae en el Estadoii. Decisión soberana del Estado sobre los proyectos de infraestructura, de explotación de recursos naturales, o proyectos agroindustriales, que, incluidos en los Planes de Desarrollo nacionales o regionales, se hayan de realizar; y silenciamiento del desacuerdo de las comunidades étnicas (indígenas, tribales, afrodescendientes, raizales) cuyos territorios y formas de organización vital, social y económica se vean afectadas de una manera que éstas, en sus instancias autónomas de deliberación y representación, consideren indeseable. ¿Qué clase de instancia de concertación sería aquella donde ya está decidido de antemano que, en caso de no concertar, la decisión recae entera y unilateralmente en una de las partes? El Art. 30 del borrador de este proyecto de ley formula lo mismo en otras palabras: que la consulta previa, aunque es un derecho fundamental, no es “absoluto”, es decir, no conlleva el poder de veto; en breve, el desacuerdo de las comunidades étnicas frente al desarrollo de un proyecto gubernamental o empresarial en sus territorios, cuyos efectos se consideran desfavorables a la luz de sus formas de vida, de sociabilidad, de relacionamiento con la naturaleza y con su historia, dicho desacuerdo perdería la capacidad que hasta ahora ha conservado, de detener la realización del proyectoiii.

Como quien dice, el gobierno quiere convertir el proceso de la consulta previa, que hasta ahora viene funcionando de manera frágil, y muy a pesar de los múltiples ataques a los que ha estado constantemente expuesto desde que la ley 21 de 1991 incorporara en la legislación colombiana el convenio 169 de la OIT sobre “Derechos de los Pueblos Indígenas” (de 1989), en un protocolo cosmético e inocuo en el que las comunidades tendrán en últimas que aceptar los proyectos de desarrollo que se les impongan en sus territorios, sí o sí. Pero claro, este matoneo altanero y agresivo se presenta con toda la sensiblería del buen corazón generoso y sapiente, capaz de ayudar, comprender y favorecer a los más desfavorecidos, que lastimosamente no pueden comprender lo que mejor les conviene; o no pueden comprenderlo tan bien como lo comprenden el gobierno y los grandes capitales inversionistas que respaldan estos proyectos para los cuales la consulta previa se ha vuelto un palo en la rueda: “si no existió concertación en los intereses o consentimiento, la Entidad Pública del Orden Nacional decidirá si presenta o ejecuta la medida con criterios racionales, justos, proporcionales e imparciales a la finalidad constitucional que se persigue, estableciendo mecanismos necesarios para mitigar, corregir, restaurar los efectos que…iv. Así, un mecanismo institucional efectivo para empoderar a las minorías étnicas excluidas y marginadas, dándoles un poder de decisión sobre sus formas de vida y su relación con sus territorios, quedaría deshabilitado en nombre de la sapiencia caritativa de las acciones gubernamentales a las que todos debemos encomendarnos. Para completar el cuadro, una última pincelada: el borrador del proyecto de ley en cuestión concluye, sostenido en el Art. 37, que en tanto legislación de interés general, esta ley estatutaria no estará ella misma sujeta a la consulta previav. Es decir, que la ley que deshabilitaría el derecho fundamental de las comunidades étnicas de debatir y, llegado el caso, rebatir los proyectos legislativos del Estado que vayan en contra de sus autonomías territoriales y sus prácticas de autogobierno, no es considerada como de especial interés o impacto para dichas comunidades.

No es muy claro en qué vaya a parar este proyecto de ley; todo parece indicar que el gobierno y su sector empresarial aliado, donde sobresale la ANDI, han estado demasiado ocupados en hacernos pensar que la construcción de la paz en el país depende de que cada uno de nosotros sea capaz de elevar su nivel de autoestima exigida por el momento histórico, y de descubrir la generosidad en su corazón en un momento fugaz de introspección, con esa campaña publicitaria cuya gramática es digna de un bestseller de auto-superación; y entonces ha postergado por ahora la presentación de este proyecto de ley al Congreso. Tampoco sabemos lo que vaya a pasar cuando se debata allí, si es que este borrador llega a presentarse en su versión actual. Ojalá que no lo presenten así; o al menos, ojalá que de ser presentado, el Congreso se niegue a ser copartícipe de lo que sería un golpe mortal a las posibilidades de autogobierno, y de afirmación política de la singularidad y la diferencia cultural, por las que han incansablemente luchado las comunidades indígenas y afrodescendientes en nuestro paísvi. Pero no hay que ser tan sapiente ni tan capaz como este gobierno de tan corpulenta autoestima, para entrever que este proyecto de ley estatutaria ha sido fuertemente presionado por el lobby de un sector importante de la clase empresarial. Ese mismo sector que hace también algunas semanas lanzó con furor, en cabeza de la ANDI, esa campaña mediática orientada a hacernos decir a los cuatro vientos, lo que él se dice a sí mismo en el secreto soberano de su poder legislativo, donde dos o tres expertos del Ministerio del Interior redactan un proyecto de ley como éste: “soy capaz”. “Soy capaz” de impulsar el desarrollo económico del país pasándole por encima a las comunidades étnicas que puedan estar en contra de las “locomotoras”; “soy capaz” de entender mejor que ellas lo que más les conviene y cómo se debe hacer o no uso de los recursos naturales de sus territorios. Porque los empresarios de la ANDI se han encargado recientemente de reiterar de modo incisivo, cómo la consulta previa se ha vuelto un palo atravesado en la rueda del progreso del paísvii; el ministro de Minas y Energía, preocupado por el déficit fiscal y el retroceso de las ganancias de la minería extractiva, ha hecho lo propioviii. Por otra parte, afortunadamente en el país hay estudiosos muy serios sobre este asuntoix, especialmente en su dimensión jurídica, que seguramente darán la pelea llegado el caso.

Pero más allá de los detalles de la discusión jurídica que será de seguro muy intensa si este proyecto de ley llegase a ser presentado así al Congreso, la solapada coincidencia de estas dos decisiones gubernamentales estratégicas, tomadas en estrecha alianza con el circuito más representativo del sector empresarial, nos debe llevar, de nuevo, a hacernos varias preguntas: ¿Cómo es que piensan este gobierno y sus empresarios aliados para, con una mano, estar redactando el borrador de esta ley estatutaria que busca des-empoderar a las comunidades étnicas y lastimar seriamente su autonomía y su capacidad de auto-gobierno; mientras que, con la otra mano, lanzan esta agresiva campaña publicitaria para que cada uno de “nosotros” se sienta empoderado de participar en la construcción de la historia del país? ¿Cómo están entendiendo la “paz” como acontecimiento histórico? ¿Cómo quieren hacernos pensar que podemos, o no podemos, participar en su construcción? ¿Cómo asumen, o no, su responsabilidad ante las exigencias de la historia, y cómo se enlaza esto con su intento de que entendamos y asumamos como ciudadanos nuestra agencia ética y política de cierto modo?

Lo más preocupante acá puede ser justamente no tanto la disonancia entre estos dos gestos, sino más bien la profunda coherencia de la lógica que los anuda: el desarrollo y el crecimiento económico del país exigen un cierto tipo de individuo, uno cuya figura gana en relieve mientras se debilitan otras formas de vida y de sociabilidad que son irreductibles a ésta; uno que aparece como hacedor de la historia mientras que se debilitan y restringen aún más las posibilidades de labrar la historia de otros. Así es que gana en relieve la autoestima del sujeto innovador que se cree capaz de cambiar el rumbo de la historia con su ímpetu; de dejar atrás la violencia, la pobreza, el dolor, las ruinas, el sufrimiento sedimentado en tantas formas de injusticia y violencia estructurales como las que enhebran el tejido social del país. El sujeto que, como individuo abstraído súbitamente de las configuraciones de fuerza tan desiguales y arbitrarias que constituyen la sociedad que habita, “es capaz”, él sólo pero en alianza con los de pensamiento y actitud afín, de abrir nuevos rumbos hacia luminosos destinos. Así, el gobierno individualiza y desplaza hacia la iniciativa y la autoestima de cada quien, su responsabilidad institucional de salvaguardar las condiciones donde la diversidad y la diferencia (de los grupos étnicos minoritarios, por ejemplo, que son también una parte de los socioeconómicamente más desfavorecidos), puedan dejar sus huellas en el entramado de lo común y hacer valer sus formas otras de pensar en la economía, en la comunidad, en el territorio, en la historia, en su pasado y en su futuro. Se decide así en esta alianza gobierno-empresariado, sin que nadie parezca darse cuenta, a favor de una muy particular concepción de la relación entre el Estado y el funcionamiento hegemónico de las dinámicas de la economía global. El Estado se achica para intervenir menos en estas dinámicas y enfrentar cada vez menos sus efectos socioeconómicos estructurales, renunciando a su responsabilidad política de fortalecer la posición, la voz y la visibilidad de los que resultan más vulnerables a estos efectos y expresan así más vivamente su disenso; mientras que se agranda la figura del individuo como empresario emprendedor y se sobrevalora la energía de su capacidad para sobresalir entre los otros. Y se le da también un peso dominante a una cierta manera de comprender la situación del sujeto en la historia, en detrimento de otra. Una en la que se ignoran las relaciones de poder históricamente sedimentadas en un orden social que estabiliza profundas desigualdades que restringen la capacidad de acción e incidencia de ciertos grupos que, no obstante, luchan valerosamente por defender su lugar y su singularidad en esas condiciones que tienden a borrarlos y a silenciarlos; y se le da, en cambio, un inusitado relieve a la figura de un individuo lleno de sí mismo que en la euforia de su capacidad, no tardará mucho en juzgar como moralmente inadecuados e incompetentes para la “paz” a los campesinos, indígenas y afrodescendientes “aguafiestas” (si es que no los estigmatizan antes como “terroristas”), que harán sus plantones para bloquear las carreteras y llamar desesperadamente la atención del país sobre un estado de cosas que tiende a arrinconarlos, y para denunciar al gobierno que promueve este estado de cosas con toda la robustez de su autoestima.

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i“Si no hay concertación, decide el Estado”; El Espectador, Agosto 02 / 2014; (recuperado en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/si-no-hay-concertacion-decide-el-estado-articulo-508262)
iiCitado en “Si no hay concertación, decide el Estado”; también se encuentra en el Capítulo 5, Artículo 25, pg. 14, del borrador del “Proyecto de Ley Estatutaria por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones” que se puede encontrar en varios portales de internet. Entre ellos: https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2014/07/proyecto-ley-estatutaria-consulta-previa-2014-colombia.pdf )
iiiEn la cartilla de la ONIC titulada “El derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas de Colombia” (Julio / 2011), en la pg. 20, se pone de manifiesto con toda claridad la importancia que tiene para estos pueblos el derecho de veto: “La consulta previa sin derecho a decir no a lo que se consulta, vacía de contenido a la consulta, la vuelve un requisito intrascendente, la convierte en un procedimiento irrelevante, legitimador de la destrucción y la muerte de los Pueblos Indígenas” (documento recuperado En: http://cms.onic.org.co/wp-content/uploads/downloads/2012/02/cartilla_corregida_web.pdf )
ivCitado del Artículo 25 del borrador del “Proyecto de Ley Estatutaria….”, ya referenciado
vCapítulo 8, Artículo 37 del borrador del “Proyecto de Ley Estatutaria por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones”, ya citado
viPara apreciar la importancia política que este mecanismo de la consulta previa tiene para las comunidades étnicas basta reparar en la cartilla de la ONIC, previamente referenciada, y el cuidado con que esta ha sido redactada y diseñada.
viiEn las páginas 24-25 de la Introducción a su minucioso y detallado estudio sobre el tema, titulado “De la consulta previa al consentimiento libre e informado” (Ediciones Universidad del Rosario et. al., 2014) la Profesora Gloria Amparo Rodríguez señala una serie de pronunciamientos de la ANDI orientados a generar un ambiente de antipatía contra la consulta previa. Palabras más, palabras menos, en dichos pronunciamientos los directivos de la ANDI advierten que la consulta previa ha llegado a tener un efecto paralizante en el desarrollo económico y social del país.
viiiVer por ejemplo el artículo en el diario El Tiempo, “Qué espera la infraestructura del nuevo gobierno” (Junio 4 / 2014); Recuperado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14072500
ixVer el estudio de la Profesora Gloria Amparo Rodríguez previamente citado, o los trabajos de César Rodríguez Garavito y Natalia Orduz; entre éstos últimos se destaca: Orduz, Natalia y César Rodríguez. 2012. La consulta previa, dilemas y soluciones. Bogotá: Dejusticia.