* Palabras al Margen

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El uribismo ha incurrido a diversas instancias y vericuetos legales para frenar el debate. El mismo Uribe adelantó una denuncia contra el senador Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, para que Fernando Alameda, ejecutivo del Centro de Pensamiento Primero Colombia, pudiera recusar a Cepeda por procesos abiertos, sin que la recusación quedara a nombre propio de Uribe.

“Usted envía razones y envía gente para que obstruya el debate…yo de usted hubiera presentado la recusación a nombre propio y no seguiría buscando sistemáticamente rehuir el debate”, respondía Cepeda.

¿A qué le tienen tanto miedo?

Una de las estrategias propias de Uribe para desvirtuar las mil y un acusaciones que pesan en su nombre y el de su familia, ha sido su posición de “frentero”, abierto a cualquier debate y juicio donde más que responder acusaciones suele evadir por medio de la retórica y el señalamiento ajeno. Una estrategia discursiva similar a la utilizada por Pablo Escobar frente a las acusaciones que surgieron en su contra por el entonces ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla.

Incluso aquella posición “frentera” se disuelve en el aire a la hora de mostrar pruebas concretas. Por recordar un ejemplo, tras una fuerte columna de Daniel Coronell llamada El amigo secreto, cuestionando la procedencia de la fortuna de los hijos de Uribe, Tomas y Jerónimo, Uribe saltó llamando a Coronell mafioso y chantajista. El columnista pidió la declaración de renta de los Uribe, a la que el expresidente aceptó sin vacilación y con tono desafiante por medio de una declaración pública, prometió a los ciudadanos hacer públicas todas sus declaraciones de renta, incluyendo las de sus hijos. Los colombianos seguimos a la espera de dichas publicaciones desde el año 2010.

La Comisión de Ética, constituida mayoritariamente por uribistas, se extralimita, tomándose facultades que no le corresponden pues su única función es dar respuesta afirmativa o negativa a la recusación. Uribe debe ser y será mencionado en el debate, en palabras del propio Cepeda: “El objeto del debate es ese. No se podría hacer un debate sin mencionar el objeto del debate, a no ser de que se admita la censura de la opinión, que sería impensable”.

Pues así las cosas, el debate de Cepeda, tan condicionado como está, queda programado en la comisión segunda del Senado para el próximo 18 de septiembre.

La justicia ha estado cooptada y manipulada por sectores cercanos al uribismo. Ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ni la Fiscalía han tenido la independencia suficiente para adelantar investigaciones expeditas al respecto, por el contrario, cada investigación que se abre se caracteriza por distintos elementos que la entorpecen y desvían.

Este tipo de debates constituyen, pues, los pequeños espacios aún disponibles dentro de las instituciones formales para generar un esclarecimiento de la verdad frente a los nexos de altos representantes del Estado y la constitución y la formación del fenómeno más violento del conflicto armado colombiano, como lo ha sido el paramilitarismo. Si no es así, entonces, ¿qué función asumieron los debates sobre parapolítica en el congreso mientras Uribe ejercía su segundo mandato presidencial? Como afirmó la senadora Claudia López, “La facultad de control político es esencial a la función del congreso”.

Iván Cepeda continúa hoy la gestión que valientemente defendió el Nuevo Liberalismo en los 80´s, llevando al asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y posteriormente de Luis Carlos Galán, por señalar abiertamente los nexos de la clase política tradicional y el narcotráfico.

Para nadie es un secreto que Uribe es uno de los políticos peor rodeados -tanto en su ejercicio público como fuera de él-, y más señalados por importantes protagonistas del paramilitarismo como Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Juan Guillermo Monsalve, entre muchos otros.

La restricción al debate contra Uribe en el Senado se asemeja más a las formas de inmunidad/impunidad que gozó Pinochet, otro famoso innombrable, tras su derrota en el plebiscito del 88, que a una consideración ética sobre incoherencias de control político dentro de un sistema democrático.

La ciudadanía debe sumarse a la marcha pacífica en la Plaza de Bolívar el próximo jueves 18 de septiembre, para exigir verdad sobre los vínculos de Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico, no sólo en apoyo a la gestión de Cepeda, sino por el esclarecimiento sobre una inmensa cantidad de delitos cometidos, no ya a nombre de Uribe, sino de todos los colombianos.