* Palabras al Margen

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Hoy es posible constatar que el neoliberalismo no es la consecuencia de la dictadura, sino que por el contrario, es el modelo implementado y perfeccionado durante los gobiernos de la “concertación de partidos por la democracia”. Esto se ha hecho evidente no sólo gracias a análisis teóricos de economía, calificados por los sectores políticos gobernantes como ideológicos extremistas, sino principalmente por los movimientos sociales que han dado cuenta de los diferentes sectores en los cuales el neoliberalismo se ha implementado desde el periodo de la dictadura: educación, salud, jubilaciones, explotación de los recursos naturales y derechos laborales.

Es posible mencionar claramente, y de manera sintética, algunos aspectos estructurales del neoliberalismo que han tenido un desarrollo marcado en Chile hasta el día de hoy:

a. La implementación de políticas de precarización del empleo y del debilitamiento de los derechos laborales
b. La privatización de las ramas de la producción anteriormente existente en manos del Estado
c. Una política general de desnacionalización de los recursos naturales
d. Una política general de liberalización del comercio mundial, de apertura arancelaria, congruente con las nuevas formas de organización industrial distribuida a nivel mundial1
e. El modo de gestión neoliberal de aspectos de carácter bio-político, tales como la salud y las jubilaciones.
f. La instauración de mecanismos de transferencia permanente de fondos desde el sector público al privado
g. La implementación de mecanismos de endeudamiento generalizado en toda la sociedad

Respecto de la precarización del empleo y del debilitamiento de los derechos laborales, lo que durante la dictadura pudo implementarse por medio de la violencia y la represión, durante la democracia se ha implementado sin necesidad de éstas. Como hoy día ocurre en muchos países europeos, en Chile la precarización del empleo se ha introducido “por áreas”, por medio de políticas que se presentan bajo el nombre de “fomento” o “generación de nuevos empleos”, o el de “excepciones”: empleo precario para jóvenes, para mujeres, para zonas pobres, para profesionales universitarios recién egresados. Se trata de la creación de normas que se agregan a las ya existentes, sin eliminarlas, aunque de hecho las nieguen, y que debilitan por sectores los derechos laborales tradicionalmente adquiridos a través de prolongadas luchas de los trabajadores. A través de grandes anuncios se afirma favorecer el empleo, desarrollar la economía, crear alternativas para los individuos y las familias, sin tomar en cuenta la calidad del empleo que favorecen, los bajos niveles salariales implicados y la falta de derechos laborales y sindicales que los rodean2. Es gracias a esta modalidad de precarización que no se necesitan grandes reformas laborales para implementar la lógica neoliberal, sino que basta con crear “excepciones” que faciliten el empleo precario, dando así la impresión de beneficiar a aquellos que no lo poseen, y de esta manera beneficiar al país entero.

Respecto de la desnacionalización de los recursos naturales, esto se ha hecho de manera indirecta, sin afectar el principio de “bienes nacionales”, a través del otorgamiento del control de la comercialización de los recursos, del dominio de la cadena de elaboración de los derivados o concentrados, que son los que realmente se ocupan en la producción industrial, o del dominio de la administración financiera de los excedentes en dinero que produce la riqueza teóricamente nacionalizada3. En el papel, los países siguen siendo dueños de los recursos, pero la riqueza que la explotación de estos recursos genera pertenece a los inversionistas de las transnacionales. Los excedentes en dinero son administrados por la banca trasnacional. Además, esta desnacionalización ha operado por medio de lo que se ha llamado una explotación “mixta”, en la que los Estados nacionales entran en sociedad con las empresas trasnacionales, en tratos “paritarios” que favorecen claramente a las transnacionales, en términos de que las liberan de cargas tributarias o de fiscalización sobre sus operaciones. En Chile se implementó, además, el régimen llamado de “concesiones plenas”, consistente en la concesión de la explotación y, en caso de ser retirada, el Estado está obligado a pagar a la empresa afectada el 100% de las ganancias que podría haber obtenido por su explotación.

En cuanto a la gestión de aspectos que se pueden llamar de índole “bio-político”, Chile es ejemplar en la liberalización de la salud y de las jubilaciones.

El sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado en 1980, obliga a los chilenos a cotizar el 10% de sus salarios en administradoras privadas. Éstas pueden utilizar este ahorro obligatorio como fuente de capital, sin estar obligadas a ofrecer una garantía real de rentabilidad, o de participación en la política inversionista de los cotizantes. Como dato se puede indicar que durante los treinta años de este sistema se han acumulado más de 250.000 millones de dólares. Sobre esos fondos los propietarios de las AFP han cobrado cerca de un 30% de las cotizaciones en comisiones por su administración, sin consideración de rentabilidad real de sus inversiones. Así, a pesar de las fluctuaciones y las crisis financieras, los dueños de las AFP han recibido entre 500 y 1000 millones de dólares cada año. En 2008, a causa de la crisis financiera internacional, el fondo global disminuyó en cerca de un 30%, una cifra mayor que todas las ganancias obtenidas por esos fondos en los 27 años anteriores, y a pesar de ello los dueños de las AFP obtuvieron en 2008 ganancias por 10 millones de dólares. En 2009, sin que los fondos se hubiesen recuperado realmente, sus ganancias volvieron a ser del orden de los 500 millones de dólares. El mecanismo de comisiones y la libertad de uso que disponen las AFP, define claramente un sistema de “expropiación” de la riqueza proveniente del trabajo de los afiliados, que es reutilizada en la inversión dentro de áreas como el retal, la fruta y las pesqueras, la celulosa y el papel, así como en la mediana minería privada. De esta forma, el 70% de los fondos han sido invertidos en tan sólo diez grandes grupos de empresas chilenas4. De esos beneficios, los trabajadores no han percibido ningún porcentaje. En 2012 la pensión promedio pagada por el sistema de AFP alcanzó tan sólo 178.000 pesos (unos 360 dólares). Las pensiones pagadas correspondían en promedio a tan sólo el 33% del salario percibido por los trabajadores antes de pensionarse. Peor aún, el 60% de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009 han sido aportadas por el Estado, debido a que el 60% de los pensionados recibe menos de $75.000 (150 dólares), y sus pensiones deben ser compensadas por un aporte estatal. De esta forma, la expropiación resulta finalmente fortalecida por el Estado, que lejos de ser un simple actor neutro frente al funcionamiento del “mercado” de las jubilaciones, se ha transformado en un agente directo de la capitalización de las AFP. Esto es una muestra del rol “activo” del Estado en una política de carácter claramente neoliberal.

Las políticas implementadas en la salud pública durante los gobiernos de la Concertación, han consolidado, por otra parte, el paradigma de “focalización de los recursos”, que ha eliminado el gasto global, basal y permanente en salud, en la medida en que ha instaurando un modelo de gestión en que el Estado sólo construye la planta física de los hospitales públicos, dando en concesión todo lo que está en relación con su funcionamiento. Por otro lado, el sistema público de salud (FONASA, AUGE, GES) se dedica sólo a pagar prestaciones individuales. Las licitaciones y las concesiones de los servicios anexos (aseo, alimentación), e incluso de los centrales (administración, prestaciones médicas), precariza el empleo en el sector y convierte el gasto estatal más bien en un privilegio, en un sistema de bonos y asignaciones, suprimiendo su carácter de derecho permanente.

Aun más significativo es el mecanismo de transferencia de los fondos públicos al sector privado, por medio del sistema llamado de Garantías Explícitas en Salud (GES). En Chile dejó de existir auténticamente salud pública, lo que hay es un sistema de bonos y asignaciones estatales a las necesidades médicas de los individuos, considerados de manera singular y aislada, como simples unidades de capital. Los fondos estatales dejan de ser considerados como un medio para el aumento de los niveles de salud de la población, y empiezan a ser simplemente “gasto”, costos que se deben controlar permanentemente para no aumentar el presupuesto estatal.

El GES es un mecanismo que permite articular de manera eficaz los cuatro aspectos básicos de la lógica neoliberal en la salud: singularización de la idea de salud y de la administración de las instituciones relacionadas con ella, gestión privada de los servicios por medio de licitaciones, precarización de los servicios públicos y transferencia de los fondos públicos hacia el sector privado.

El 84% de la población chilena cotiza en el sistema público de salud (FONASA). Si una persona necesita una hospitalización, el Estado aporta un bono GES para pagar al hospital público que lo atiende. A modo de ejemplo, en 2012 la cantidad pagada por el concepto de “día cama” ascendió a $129.000. Pero el costo real de ese “día cama” es de alrededor de $300.000. Como el hospital público es administrado como una “unidad económica independiente” por los municipios, el hospital queda debiendo esa diferencia al Estado. Cabe destacar que los municipios no reciben fondos del Estado, dedicados a cubrir esa diferencia, por lo que la mayor parte de los hospitales acumulan una “deuda hospitalaria” que, de hecho y en consecuencia, les impide mejorar sus prestaciones o aumentar las camas disponibles. Si el hospital público no dispone de las camas necesarias (lo que es muy común, dado el nivel de endeudamiento), la persona enferma, considerada aquí como el “usuario”, tiene derecho a acudir a una clínica privada. El Estado, en ese caso, debe asumir el costo que la prestación implica. Pero entonces, en esos casos, el Estado acepta pagar hasta $800.000 por el “día cama”, costo establecido de manera unilateral por la clínica privada y que comprende los “costos comerciales” de toda empresa privada. A diferencia de los hospitales públicos financiados por las municipalidades, las clínicas no deben pagar al Estado la diferencia del bono. Gracias a este mecanismo, durante los nueve años de la implementación del sistema GES, el Estado ha traspasado 8.000 millones de dólares al sistema privado de salud. En el mismo periodo se habían acumulado más de 200 millones de dólares en “deuda hospitalaria”.

Las movilizaciones estudiantiles de 2005 y 2011 han dado cuenta de mecanismos similares en el ámbito la educación, y han puesto de relieve la manera en que opera el neoliberalismo. Es por esta razón que esas movilizaciones son representativas de conflictos que desbordan el ámbito puramente educativo y que implican transformaciones estructurales de la política económica. Un intento real de transformación de la situación de la educación en Chile implica directamente un cambio tanto en la política tributaria como en la gestión de las instituciones educativas.

En Chile existen los llamados colegios que funcionan con fondos municipales, los colegios privados y los colegios privados con subvención del Estado. Estos últimos se encuentran agrupados en grandes sociedades con sostenedores que pueden lucrar libremente con el servicio directo, y con servicios relacionados como el transporte escolar, los materiales de estudio, o el financiamiento de las escolaridades compartido entre el Estado y las familias. Los colegios municipales, por su parte, no pueden obtener ese lucro porque los municipios, a causa de su precarización, se encuentran obligados a desviar los fondos que reciben para educación hacia otros rubros. La subvención del Estado permite en ese caso una transferencia de fondos públicos hacia el sector privado, que tiene como consecuencia el empobrecimiento de sector público. Las diferencias en la escolarización entre los dos sectores reproducen las desigualdades existentes en la sociedad chilena, pues aquellos que pueden pagar una parte del gasto en el sector privado logran obtener una calidad de enseñanza que la precarización del sistema público no permite obtener. Eso genera una situación complementaria y completamente lógica dentro de las coordenadas del neoliberalismo: el endeudamiento. Mientras que los sectores más pobres de la sociedad deben aceptar un sistema de educación cada vez mas empobrecido, las familias que logran sobrepasar ese nivel logran integrarse al sistema subvencionado únicamente por el aporte que pueden hacer gracias al endeudamiento. Evidentemente ese endeudamiento opera con el sistema de préstamos bancarios. De esta manera, el endeudamiento de las familias no solo sirve de aporte para el sistema de privatización de la educación, sino que además genera otra forma de “expropiación” de la riqueza hacia el sector bancario, que obtiene grandes dividendos por medio de estos créditos.

La situación es aún más evidente en el sistema de educación superior. Durante la dictadura militar existía aún el llamado “crédito del Estado”. Los estudiantes que no podían pagar los aranceles se endeudaban con el Estado, a un porcentaje bastante bajo. Luego del retorno a la democracia, se implementó un sistema de “crédito con aval del Estado” (ideado ya durante la dictadura). Este consiste en que el Estado se porta “garante” de los créditos que los estudiantes (y sus familias) obtienen de los bancos. Así, cuando un estudiante no podía pagar el “crédito del Estado”, por razones económicas demostrables, existía la posibilidad de “condonar” la deuda”. Ahora, en el caso del crédito con aval del Estado, este último no solo debe pagar intereses de base más altos en el caso en que el estudiante no pueda pagar el préstamo, sino que además debe pagar los intereses adicionales del no pago. Los estudiantes son sindicados como deudores, lo que les impide obtener otras formas de crédito. Si un estudiante no termina su carrera (pues para obtener un diploma hay que cursar al menos 5 años), queda debiendo todas las mensualidades por las cuales se endeudó con el banco, y en su defecto, el Estado debe hacerse responsable de esa deuda. Las consecuencias son una vez más: la singularización de un derecho, transformado en “bien de consumo”, en “gasto” y en “deuda”; la transferencia permanente de los fondos públicos hacia el sistema privado; la privatización de la enseñanza universitaria, o la adopción de formas de gestión privada al interior de las instituciones de carácter público, instituciones obligadas a financiarse por medio de la prestación de servicios o de la conversión de la enseñanza en “servicio de consumo”, dado que el financiamiento del Estado es cada vez menor. Por esta vía las universidades del Estado se han convertido en centro de negocios para muchos profesores, a los que se alienta a crear programas de diplomado, postítulo o posgrado administrados por ellos mismos, bajo el nombre y la normativa de la propia universidad a cambio de un cierto porcentaje de lo que recauden por escolaridad. Es una de las consecuencias de lo que se ha conocido como “autonomía” de las universidades, que es una manera irónica de llamar al modo de gestión privado producido por la precarización. La autonomía es en ese caso un sinónimo de la transformación de los individuos y también de las instituciones en “agentes de capitalización”, o como le llaman los mismos neoliberales, en “agentes de la concurrencia”, según el “principio de la competencia”. Según los neoliberales, este principio debe ser aplicado en todos los ámbitos: instituciones del Estado, educación, salud, justicia, criminalidad, entre otros. Su aplicación consiste en aislar los elementos de cada uno de esos ámbitos, singularizarlos, para luego hacerlos operar según dicho principio. El aislamiento no es el fin de la política neoliberal, sino uno de los mecanismos esenciales para obtener el verdadero fin, que es la competencia entre ellos por la obtención de capital. Este aislamiento permite que cada unidad social, individuo, grupos o instituciones, se convierta en una unidad de capital dentro de un flujo general de capitales. Visto en términos de la realización histórica de su implementación, se puede afirmar que lo que este principio ha realmente permitido es la expropiación de la riqueza social hacia el sistema financiero y las transnacionales.

En noviembre pasado ha sido electa nuevamente como presidenta Michelle Bachelet, luego de un periodo de gobierno de la centro derecha. Las movilizaciones estudiantiles, así como también las movilizaciones por temas medioambientales y algunas de carácter sindical, obligaron a los candidatos y a los partidos a reconocer la necesidad de pensar en el modelo económico chileno y en las desigualdades que genera. La exigencia de la gratuidad en todos los niveles de la educación, así como el fin del lucro, han sido temas que hace algunos años atrás eran pensados como parte de una ideología extremista e irrealista. Hoy, las movilizaciones han hecho que éstos sean temas políticos de primer plano, hasta el punto en que han sido acogidos en el programa de la presidenta electa. Los estudiantes saben, sin embargo, que la realización de esas exigencias no será posible sin transformaciones estructurales. Es lo que los estudiantes movilizados han puesto de relieve durante estos últimos años. Por esta razón es bastante previsible que esas movilizaciones continúen durante este nuevo período de gobierno de centro-izquierda.

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1Una parte importante del análisis que aquí presento se puede encontrar de manera detallada en el texto de Carlos Pérez Soto, Cuarenta años de modelo neoliberal en Chile: http://radio.uchile.cl/2013/10/07/40-anos-de-modelo-neoliberal-en-chile.
2Según los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el 99% de los chilenos vive con un salario promedio de 680 dólares ($339.680), el otro 1% con un salario promedio de 27.400 dólares ($13.703.000), es decir, 40 veces mayor. Es importante notar que esa mayoría también es desigual: el 81% de las personas en Chile viven con un salario promedio de tan sólo 338 dólares ($169.000) con un tope, en ese promedio, de 1096 dólares mensuales ($548.000). Ver el estudio completo, hecho por Ramón López, Eugenio Figueroa y Pablo Gutiérrez, puede verse en www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/306018fadb3ac79952bf1395a555a90a86633790.pdf
3Entre 2006 y 2011 las grandes compañías mineras extranjeras se han llevado de Chile más de 160.000 millones de dólares en ganancias. Hay que notar, además que mientras la inversión total de estas compañías entre 1974 y 2006 sumó 19.976 millones de dólares, sólo en 2006 obtuvieron ganancias por 25.405 millones de dólares. Ver, al respecto, los resultados expuestos por los economistas Orlando Caputo y Gabriela Galarce en www.archivochile.com/Ideas_Autores/caputoo/caputolo0052.pdf; y resumidas en www.elciudadano.cl/2011/11/12/43953/como-las-transnacionales-usufructuan-del-cobre-chileno/.

4Ver, al respecto, los múltiples estudios sobre las AFP, realizados por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), en www.cendachile.cl/