* Palabras al Margen

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Del total del censo electoral, la ultraderecha registra mayor disciplina al momento del ritual democrático. Conoce la utilidad que representa controlar los instrumentos de poder. El 17,5% de los votantes expresa su ideología de extrema derecha fascista y totalitaria (respalda al binomio Uribe-Zuluaga y al partido conservador). En el centro se agrupa 13,2% de los potenciales electores (Unidad Nacional y Alianza Verde). Únicamente seis de cada cien ciudadanos expresa simpatías o militancia de izquierda (gráfico 1).

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Al momento de elegir al primer mandatario, a la oligarquía no le importa la abstención o el voto en blanco; los tiene sin cuidado. La preocupación es sobre los votos válidos. En la primera vuelta de la elección presidencial de 2014 la ultraderecha sale victoriosa al concentrar 44,8% de los votos válidos (gráfico 2). El dominio de la extrema derecha sobre la mentalidad colombiana es producto de una historia de terror, cinismo, explotación y alienación.

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La psicohistoria de la violencia política en Colombia, se levanta, según las investigaciones de Edgar Barrera, en una “trilogía del horror” que las élites políticas han usufructuado y querido naturalizar en la subjetividad del colombiano. Esta se manifiesta en tres dimensiones de la condición humana: i) Una estética de lo atroz, donde se siente gusto y placer con la muerte y/o desaparición física o simbólica de la otredad; ii) Una ética de la barbarie, donde se justifica moralmente la negación del conflicto armado y su consecuente crisis humanitaria e institucional, con lo cual se niega a las víctimas su condición histórica de sujetos de derechos; iii) Un cinismo colectivo que se construye como correlato moral de la impunidad, que logra instalar en la memoria social un sofisticado mecanismo de ocultamiento sistemático de la verdad (EBC; 2011, Estética de lo atroz, Ediciones Cátedra Libre, Bogotá). Ideología de extrema derecha incorporada al intelecto colectivo a través de mecanismos de control y reproducción política, religiosa, cultural, educativa y mediáticos.

Los ganadores de las elecciones presidenciales –en la primera vuelta- están representados por el binomio Uribe-Zuluaga (29,3% de los votos válidos), representantes e impulsores de esta barbarie nacional, símbolos de la lumpen oligarquía, mafiosa, premoderna y fascista. De hecho Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica y Sudáfrica encabezan el listado en el mundo sobre la mayor cantidad de crímenes violentos registrados cada año. En general, los hombres y mujeres en Colombia son tan pasivos frente a la guerra precisamente porque la mayoría sencillamente no ama la vida (como bien lo diagnosticó el psicoanalista social Erich Fromm). La cultura política colombiana dominante expresa esta fascinación por lo nauseabundo, lo sucio, lo podrido, lo destructivo, la eliminación de la “otredad”. La sociedad y sus instituciones son también torcidas, inmorales, corruptas, nepotistas; por ello el 44,8 % vota por la extrema derecha, y sus bases sociales no están compuestas sólo de lumpen oligarquía, hay que agregar la clase media inmoral, consumista y egocéntrica, como también el lumpen populismo.

A pesar de la explotación y opresión que ejerce la extrema derecha, la corrupción institucional y la exclusión social, en las contiendas electorales la participación de la izquierda, en promedio, no supera el 8% de la votación durante el último siglo. Las dos votaciones más altas en la historia política de la izquierda se alcanzan en 2006 con el candidato Carlos Gaviria (22,5%) y ahora en 2014 con la candidata Clara López (15,2%). No existe una correlación entre la dinámica de la abstención y la votación obtenida por los candidatos de izquierda; así por ejemplo, entre las elecciones presidenciales de 2010 y 2014, la abstención aumenta de 51 a 59,9% y los votos por los candidatos de la izquierda también elevan su participación de 9,2% a 15,2% (gráfico 3).

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La exclusión política es tan estructural en Colombia y el escepticismo sobre el simulacro democrático tan deprimente que a pesar de mejoras en las condiciones sociales en los últimos años -disminución de la pobreza, baja en el desempleo o reducción de la violencia- la abstención sigue creciendo (gráfico 4). La dinámica de las luchas populares va por cauces diferentes, a pesar de su criminalización por parte del Estado y los grupos de extrema derecha. Pero no podemos desechar las tesis de la precaria cultura política de los colombianos o la “desesperanza aprendida”, esto es, las mayorías humilladas y ofendidas no creen que con las elecciones su cotidianidad concreta pueda cambiar.

La reciente campaña electoral no es la más sucia, corrupta y delincuencial en la historia del país, como han señalado los medios de comunicación; estas perversas manifestaciones son inherentes a la clase dominante y la cultura política. No tenemos que remontarnos al crimen del líder popular Jorge Eliecer Gaitán a mediados del siglo XX; más recientemente los grupos de extrema derecha cometieron un genocidio sobre la Unión Patriótica durante los años 1980; en la campaña presidencial de finales de la misma década eliminaron a los candidatos de oposición. Durante los dos últimos gobiernos (Uribe y Santos) el asesinato de líderes populares, las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes populares, la persecución de intelectuales y políticos de izquierda y la judicialización de las bases campesinas, sindicales y étnicas hace parte del ejercicio cotidiano del poder (desde 2012 hasta el momento han sido asesinados 40 líderes y judicializados cerca de 300 campesinos pertenecientes a la Marcha Patriótica, mediante falsos positivos judiciales).

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El 15 de junio de 2014, la segunda vuelta para la elección final del presidente, es histórica para Colombia. No sólo está en juego la posibilidad de poner fin al conflicto armado de los últimos cincuenta años ante la asechanza de los halcones de la guerra. Más de fondo es una confrontación entre la ciudadanía decente, pero escéptica, en contra de la indecencia y necrofilia que caracteriza a los grupos de extrema derecha. La utopía mínima de los colombianos es lograr construir el Estado democrático y social de derecho prometido en la Constitución de 1991 como una barrera de contención frente a la barbarie y deshumanización de la amenaza que representan las distintas fuerzas de ultraderecha. Más allá de los antagonismos de ideas políticas, la confrontación es de la ley contra el hampa.