* Palabras al Margen

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Estrategias de paz y guerra

Desde la instalación de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las FARC se ha desarrollado en el país una doble estrategia de guerra y paz. Mientras en La Habana se llevan a cabo diálogos con el objetivo de finalizar el conflicto armado y emprender la construcción de la paz, en Colombia, por acuerdo entre las partes, la confrontación armada continúa y ni el grupo guerrillero ni el Estado parecen estar dispuestos a ceder militarmente. Esto queda claro cuando se revisan las posturas que, desde agosto, fueron adoptadas alrededor de la discusión sobre el cese al fuego.

Aunque el grupo guerrillero aceptó conversar en medio de las confrontaciones, desde el principio ha promovido un cese bilateral de hostilidades y el 20 de noviembre, y durante dos meses, ordenó detener las actividades ofensivas y de sabotaje a la infraestructura pública y privada del país. Sin embargo, varios hechos hacen pensar que esta decisión pudo hacer parte de una estrategia de guerra. En primer lugar, acuerdos similares en anteriores procesos de paz le permitieron a las FARC reagrupar sus frentes, rearmarse y proyectar sus estrategias a futuro, en últimas, fortalecerse militarmente. En segundo lugar, el grupo guerrillero no suspendió todas sus actividades bélicas y, como consecuencia de esto, durante el periodo de tregua se registraron varios combates y acciones contra la Fuerza Pública, aunque estas se redujeron notablemente. Finalmente, la guerrilla aprovechó para confrontar verbalmente al Gobierno, al calificarlo de guerrerista por negarse a aceptar un cese bilateral.

Por su parte, la administración de Santos con apoyo de sectores institucionales y de opinión, le ha dado continuidad a la estrategia de guerra heredada de gobiernos anteriores.

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Como lo habíamos señalado en un artículo anterior, el fracaso de las negociaciones del Caguán estuvo acompañado del fortalecimiento de todos los actores armados del conflicto, incluyendo por supuesto a las Fuerzas Armadas. En efecto, la puesta en marcha del Plan Colombia y de la seguridad democrática permitió aumentar el pie de fuerza y extenderlo por el territorio nacional de la mano de enfrentamientos con los grupos guerrilleros, con un gran soporte tecnológico y armado. Estos hechos, sumados a los golpes a los mandos medios y altos y las cifras de desmovilización, les permiten a muchos afirmar que el correlato del fortalecimiento militar del Estado fue el debilitamiento de las guerrillas, en particular de las FARC. Esto, para ellos, es una ganancia que no se debe ceder. En palabras del presidente Santos al advertir que no habría cese al fuego: «La paz no se puede lograr a cualquier precio»1.

Es más, antes y después del anuncio de tregua de las FARC, el presidente Santos, el ministro de Defensa; Alejandro Navas, el comandante de las Fuerzas Militares, y José Roberto León Riaño; director de la Policía Nacional, fueron insistentes en afirmar que el Estado no solo continuaría con sus operaciones militares, sino que estas se incrementarían. Esta posición fue respaldada por distintos políticos, medios de comunicación y analistas, en unos casos porque interpretaron que en la decisión de la tregua unilateral de las FARC habían distintos propósitos (mejorar su imagen a nivel internacional, presionar un cese bilateral, hacer un balance de su situación actual pensando en lo que seguirá después de la firma de un acuerdo final, ganarse a la población civil, presentar al gobierno como guerrerista y quitarse de encima la presión militar) o en otros porque consideraron que a diferencia del Caguán, donde había una guerrilla fuerte frente a un Estado débil, esta vez la negociación tiene como trasfondo una estatalidad fuerte, que gracias a los éxitos en seguridad y defensa tiene al grupo guerrillero en la mesa de diálogos2.

El argumento del fortalecimiento del Estado por la vía militar no fue utilizado solo para respaldar al Gobierno en su decisión de continuar con la guerra, sino como un hecho que le daba a Santos legitimidad para dialogar con el grupo guerrillero. Así, en la prolongación de la estrategia bélica del gobierno de Santos, a través de los planes Consolidación y Espada de Honor y de la negativa de cesar el fuego, hay un parte de tranquilidad para quienes encuentran en el fortalecimiento militar del Estado un factor de legitimación del proceso de paz. Como lo ha manifestado el Presidente en varias ocasiones, si los diálogos no funcionan y no se logra un acuerdo final para la terminación del conflicto, el Estado no habrá perdido la ventaja estratégica ganada en los últimos diez años y podrá continuar avanzando en la derrota militar de las FARC.

Sin embargo, poco o nada se dice sobre los efectos que la prolongación delaconfrontación armada tiene en la población civil. Mientras las FARC instrumentalizan las consecuencias de la guerra para mostrar como válida su decisión de cesar unilateralmente el fuego y señalan al Estado como el actor guerrerista del conflicto armado. El Gobierno, por su parte, omite las consecuencias de la confrontación en las distintas zonas donde esta se desarrolla y se limita a exaltar la labor de los miembros de las Fuerza Pública. En uno y otro bando es la lógica de la guerra la que impera.

Por fuera de la lógica belicistasectores políticos, organizaciones sociales, ONG y analistas han criticado que mientras se habla de paz se continúe haciendo la guerra. Respaldaron en ese sentido, la idea de que el inicio de los diálogos debería estar acompañado por el cese de la confrontación militar entre las FARC y el Gobierno, no solo para generar un ambiente de confianza que posibilitará un mejor desarrollo de aquellos, sino porque permitiría que la población civil (sobre todo la que habita en las zonas donde el conflicto armado es más intenso) dejara de vivir los embates de la guerra3. En este caso las posiciones están guiadas por la necesidad de construir paz y dejar de alimentar la guerra. Abrir el proceso a actores interesados en la paz sin promover al mismo tiempo la guerra, también se convirtió en uno de los ejes de análisis de estos dos meses.

 

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Participación de la sociedad civil

Entre noviembre y diciembre del año pasado, la participación de la sociedad civil se convirtió en uno de los temas de mayor discusión en el marco del proceso de paz. Las reiteradas manifestaciones sobre el tema por parte de las FARC, la presión de los movimientos y organizaciones sociales para ser tenidos en cuenta en las discusiones, la realización de mesas regionales por iniciativa de las comisiones de paz del Congreso y los mecanismos acordados entre las partes negociadoras en favor de la intervención ciudadana situaron el tema en el centro del escenario político. El debate se desarrolló entre posiciones que van desde la agitación política hasta el fortalecimiento institucional y desde la terminación del conflicto hasta la construcción de paz, pasando por exigencias de inclusión y posturas de deslegitimación.

Desde que fue anunciado el inicio de conversaciones, las FARC incitaron a los distintos sectores de la sociedad a manifestarse, con alusiones a la participación plena del pueblo, el llamado a este para que exigiera su intervención directa en los diálogos y la afirmación de que es él quien tiene las llaves de paz (y, por lo tanto, podemos suponer, que estas no le pertenecen a Santos, como él lo afirmó en su discurso de posesión), y continuamente llamaron a la apertura de espacios para la participación. Con la bandera de la participación de la sociedad civil el grupo guerrillero procuraba mostrarse como el representante de las voces populares, promovía un ambiente de descontento social que podría poner en entredicho la calificación de progresista que Santos da a su administración e intentaba ampliar la nueva ventana de legitimación política que se le abrió al grupo con el inicio de los diálogos. Ahora bien, que la guerrilla haya optado por la vía de la agitación política no quiere decir que desaprobara los espacios impulsados por las instituciones nacionales (en concreto, las mesas regionales por la paz organizadas por el Congreso) y por la misma mesa de conversaciones (página web, formularios en las alcaldías municipales y foros temáticos). Por el contrario, agradecieron a las comisiones de paz del Congreso por el trabajo realizado en las regiones e invitaron a participar en el foro sobre desarrollo agrario.

El Gobierno nacional tomó una posición contraria a la de las FARC. Aunque también legitimó los mecanismos y escenarios acordados por la mesa de conversaciones, comprendió la participación de la sociedad desde una perspectiva diferente, ya no se trataba de la participación plena del «pueblo», sino de encauzar las propuestas de la sociedad de manera organizada y de acuerdo con sus políticas de gobierno. En efecto, el presidente Santos había sostenido desde el principio que los únicos que harían parte de los diálogos serían los delegados del Gobierno y las FARC y que la participación de la sociedad sería canalizada a través de espacios institucionales. En el mismo sentido se pronunció el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien en el encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas afirmó que el Gobierno era el único medio a través del cual las propuestas podían ser llevadas a La Habana. Para el ministro, «el camino hacia la paz no puede transitarse sobre una carretera destapada. Consolidar la paz significa, entre otras, garantizar y robustecer la institucionalidad en el nivel territorial, fortaleciendo también las capacidades de nuestras autoridades»4. El fortalecimiento institucional aparece entonces, como la contraparte de los intentos de las FARC de legitimarse como un interlocutor en las negociaciones, en especial en las regiones en las que el grupo guerrillero tiene mayor presencia.

Mientras las FARC y el Gobierno se disputaban la bandera de la participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, que no se sintieron representados por ninguna de las dos partes negociadoras, exigieron ser incluidos en el proceso. Y aunque al igual que el Gobierno y las FARC respaldaron los espacios y mecanismos de participación definidos por la mesa, hicieron algunos reparos. En el lanzamiento de la propuesta de paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Alejandra Miller, vocera del Espacio Regional de Paz del Cauca, aseguró: «Las organizaciones sociales se paran en sus agendas propias que han venido construyendo a lo largo de estos años. Nosotros insistimos en que esas agendas de la sociedad civil no van a ser entregadas para ser negociadas por nadie»5. Esta posición fue compartida por Aida Quilcué, líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Henry Caballero, vocero de paz del antiguo grupo armado Quintín Lame y líder indígena.Finalmente, la ONIC manifestó su preocupación por la manera como se manejó el espacio impulsado por las comisiones de paz del Congreso: «Nos preocupa que se haga aparecer ante los medios y ante el Gobierno y las Farc, que esta iniciativa del Congreso recoge la participación y las propuestas de la sociedad civil en los temas estructurales para lograr la paz»6.

Otros actores se ubicaron entre la inclusión de la sociedad y la consolidación institucional, argumentado que la participación de la sociedad fortalece el apoyo proceso y hace que este no se realice «de espaldas al país». Además, afirmaron que es necesario que los acuerdos a los que llegue la mesa de conversaciones sean reflejo de las propuestas hechas por la población que ha sufrido directamente las consecuencias del conflicto, pues esto es una garantía para que los acuerdos sean refrendados y posteriormente implementados7.

La posición de rechazo a la inclusión de actores de la sociedad civil en el proceso estuvo motivada por las declaraciones de los miembros de las FARC, las prevenciones y prejuicios frente a movimientos y organizaciones como Marcha Patriótica y, en algunos casos, la oposición explícita o tácita a los diálogos de La Habana. En opinión de José Félix Lafurie, José Obdulio Gaviria, Alfredo Rangel, Rafael Nieto Loaiza (cercanos ideológica y políticamente al expresidente Uribe) y el congresista Augusto Posada, grupos cercanos o afines a las FARC, se arropaban bajo este título para otorgarse a sí mismos la representación de todos los colombianos. Posada se pronunció de la siguiente manera: «Me da la impresión de que hay muchos grupos que se hacen llamar voceros de la sociedad civil. Me da la impresión de que se quiere armar un show mediático y un circo para escuchar a algunas colombianas afines a los intereses de la agenda oculta de las Farc (…) No se debe dar pie para aplazar la mesa de negociación para sentar algunos de los amigos de la guerrilla»8.Por su parte, para Rangel el interés del grupo guerrillero era muy claro: «rentar políticamente estos mecanismos de participación con el propósito de fortalecerse en términos políticos y sociales y sacar provecho del proceso de paz, aunque este no llegue a la firma de ningún acuerdo»9. Así, la oposición a la participación de la sociedad pasaba por la preocupación de legitimar a la guerrilla de las FARC.

La disputa por la inclusión de la sociedad civil tenía un elemento adicional: el peso dado a la construcción de paz en el actual proceso. Como resultado de las conversaciones exploratorias, las partes firmaron el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que trazó la ruta de los diálogos. A pesar de la incorporación de estos dos elementos como parte del proceso, de forma reiterada el gobierno nacional ha insistido en que los diálogos tienen como objetivo la finalización del conflicto armado y es a partir de este propósito que deberían girar las conversaciones y los acuerdos a los que lleguen las partes;  la construcción de paz queda relegada a un momento posterior que no haría parte de las discusiones y a las políticas sociales del gobierno.

No obstante, esta visión del proceso y del Acuerdo General no es compartida por todos aquellos que han respaldado los diálogos. Para los movimientos sociales, la construcción de paz es un elemento central, a partir del cual exigieron la apertura de espacios de participación. De nuevo, no para que terceros discutieran sus propuestas, sino para ser ellos mismos constructores de paz. Feliciano Valencia, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, afirmó: «Hacemos votos porque los diálogos prosperen, pero los indígenas sabemos que allá en Cuba, no estamos representados y por eso seguiremos construyendo caminos de paz»10.

Sin embargo, también hubo quienes manifestaron que el proceso no debería tener un alcance tan amplio. En ese sentido denunciaron que los espacios de participación acordados por las partes, en especial el foro sobre desarrollo agrario, iban más allá del propósito de terminar con el conflicto e implicaban la discusión del modelo de país, algo que, dicen ellos, no era el propósito inicial de los diálogos11.

Así, entre un ambiente de paz y de guerra, las posturas disímiles sobre la participación de la sociedad civil dejaron ver que los límites del proceso, en términos de quiénes discuten y sobre cuáles temas lo hacen, no estás definidos. Estos se van concretando como resultado de las presiones hechas por los distintos actores (sociales, políticos, económicos institucionales y armados), lo que a su vez genera nuevas disputas sobre el alcance de los diálogos. Al mismo tiempo el desarrollo rural (primer punto de la agenda) empezó a perfilarse como uno de los temas que generaría más debate en los siguientes meses. En un punto parecen estar de acuerdo quienes se pronunciaron sobre este punto: el campo necesita una transformación. Pero las diferencias aparecen cuando cada uno especifica cuál es el problema que es necesario solucionar, quiénes y cómo deben participar en la solución y cuál debe ser el carácter de la transformación. Algo similar sucede con el tema de las víctimas del conflicto, sobre el que hay pronunciamientos desde la confirmación de los acercamientos y que toma más fuerza con el paso del tiempo. Aquí también hay un punto en común: la necesidad de reparación; sin embargo, en este caso, la misma categoría de víctima y el uso que se hace de ella se encuentran en disputa. Estos dos temas serán analizados en el próximo artículo.

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1http://www.semana.com/nacion/articulo/presidente-santos-no-habra-tregua-ni-cese-fuego/267904-3
2Manifestaciones en estos sentido se encuentran en los diarios El Heraldo, El Espectador, El Tiempo y La República, los columnistas Jaime A. Fajardo Landaeta, Yohir Akerman, Andrés Mejía Vergnaud y Luis Ernesto Ruíz, el analista y consultor en temas de defensa John Marulanda y Jairo Delgado, General (r) de la Policía y director de análisis del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
3Así se pronunciaron congresistas como Carlos Baena, Ángela Robledo e Iván Cepeda; las ONG Colombianos y Colombianas por la Paz y Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ); organizaciones sociales como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y analistas como Vicenç Fisas, director de la Escuela de Paz de Barcelona.
4http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-389807-mandatarios-locales-seran-claves-el-proceso-de-paz
5http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-392520-propuestas-de-paz-de-los-indigenas
6http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-392520-propuestas-de-paz-de-los-indigenas
7Hacen parte de este grupo de actores Bruno Moro (coordinador del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia) y Alejo Vargas (director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Diálogos de Paz), encargados de la realización del foro agrario; los congresistas Iván Cepeda, Ángela Robledo, Gloria Inés Ramírez, Roy Barreras, José Joaquín Camelo y Fernando Motoa Solarte;  Luis I. Sandoval y Piedad Córdoba, integrantes de ONG; Camilo González Posso, director de Indepaz, y el diario El Espectador, entre otros.
8http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-386732-farc-quieren-hacer-show-mediatico-sociedad-civil
9http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/188826-sociedad-civil-juega-a-favor-o-en-contra-del-proceso-de-paz
10http://www.elheraldo.co/noticias/politica/gobierno-y-farc-ultiman-detalles-antes-de-dialogos-88301
11Así se pronunciaron los columnistas Diego Martínez Lloreda, Luis Guillermo Restrepo Satizabal y Darío Acevedo Carmona, el diario El País y el congresista Juan Carlos Vélez, todos cercanos al uribismo