El pasado 23 de mayo de 2017 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá profirió una sentencia contra el exjefe paramilitar del Bloque Tolima, Indalecio José Sánchez Jaramillo. Esta sentencia, contra un paramilitar poco conocido, hubiera pasado desapercibida si no fuera por la tesis que contiene sobre la naturaleza de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Una tesis, defendida por el magistrado Eduardo Castellanos, que va voluntariamente en contravía de la mayor parte de las conclusiones elaboradas por sus colegas de Justicia y Paz, así como de la mayoría de las investigaciones académicas acerca del fenómeno paramilitar.

En esta sentencia, el magistrado afirma que las AUC fueron “una alianza temporal e inestable de diferentes dueños de ejércitos privados regionales y narcotraficantes, que convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz que, en principio, les ofreció un marco jurídico flexible para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil”1. Así mismo, manifiesta que “cada comandante en su zona, hizo lo que quiso hacer con absoluta autonomía, y declaró guerras de manera unilateral cuando quería expandirse territorialmente, a pesar de los intentos (fallidos) de confederación por parte de la ‘casa Castaño ’”.

La tesis de Castellanos apunta entonces a cuestionar la concepción de las AUC en tanto que “organización paramilitar jerárquica, con un mando nacional unificado y responsable”. Pero este cuestionamiento de la dimensión organizacional de las AUC también le sirve para controvertir su carácter “político”, sus relaciones con el Estado y la homogeneidad de su accionar. En otros términos, al polemizar sobre la naturaleza de las AUC, la sentencia de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá tiende a minimizar lo que representó esta organización y, sobre todo, la dimensión y el significado que llegó a tener el paramilitarismo en Colombia2. Por lo tanto, es necesario analizar y contestar los argumentos del magistrado Castellanos, así como intentar demostrar en qué medida las AUC encarnaron la culminación de un proyecto nacional contrainsurgente.

 

Sobre las nociones de “confederación” y de “mando nacional unificado”

El magistrado Castellanos hace énfasis en casos de disputas violentas entre comandantes, en episodios de rebeldía frente a Carlos Castaño, y en la fragmentación de las negociaciones durante el proceso Justicia y Paz para negar la dimensión jerárquica y la existencia de un mando nacional unificado y responsable dentro de las AUC. Para él, esta organización era más una alianza precaria de ejércitos privados que una confederación de grupos paramilitares.

Es correcto afirmar que las AUC nunca fueron un grupo armado con una organización rígida y con una estructura estrictamente piramidal, como puede serlo un ejército regular o incluso una guerrilla como las FARC-EP. De igual manera, no tenían un centralismo absoluto con respecto a la toma de decisiones y mucho menos en cuanto al tema de los recursos económicos. Sin embargo, sí tenían una verdadera estructura y una coherencia suficiente para expandirse y actuar según directrices elaboradas por la cúpula central. Contrariamente a lo dicho por Castellanos, la organización correspondía precisamente a la idea de confederación, es decir, la unión de grupos paramilitares que, aunque conservan un cierto nivel de autonomía en sus territorios, le responden a un organismo central encargado de coordinar una política colectiva con el fin de lograr un objetivo común.

La conformación de las AUC correspondió al deseo de combatir la “subversión” en todo el territorio nacional y de difundir el “ideario político” paramilitar en toda la sociedad colombiana. Lograron expandirse por casi todo el país (a veces a través de operaciones conjuntas, como en el caso de la masacre de Mapiripán) y ejercer territorialmente un modelo parecido de control militar, social y económico. Es cierto que hubo luchas internas, peleas entre jefes y cuestionamientos del mando de Castaño, pero esto no niega el hecho de que todos pertenecían a un mismo proyecto. Además, es necesario relativizar estos hechos con respecto a la evolución de la organización en el tiempo.

Las AUC no aparecieron como núcleo original del paramilitarismo en Colombia, sino que nacieron precisamente para unir los grupos ya existentes, tanto los “históricos” (como por ejemplo las Autodefensas del Magdalena Medio) como los grupos que nacieron bajo la sombra de las Convivir, y extenderse a todo el territorio nacional. Es en este proceso de extensión y de fortalecimiento de la organización que tuvo lugar el sometimiento de algunos jefes antiguos (como Hernán Giraldo, en el Magdalena) y la guerra declarada a algunos grupos “independientes” (como los “Buitragueños” en Casanare, que, contrariamente a lo que deja entender la sentencia, nunca hicieron parte de las AUC).

En la mayor parte de la existencia de las AUC, es decir, durante su expansión y consolidación,   se puede afirmar que la organización sí contaba con un mando claro o, más bien, con un líder evidente en la persona de Carlos Castaño, un hombre absolutamente clave en el destino de la guerra en Colombia. Castaño fue quien diseñó, en gran parte, las AUC y le dio el impulso y la organización necesarios para su “éxito”. Pero, sobre todo, era la persona que tenía todos los contactos claves y de alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas, de las instituciones del Estado, de la política, del mundo empresarial, etc. En el apogeo del poder de las AUC, Castaño recibía diariamente las visitas de notables que llegaban en helicóptero hasta su finca para poder discutir con él.

Esto indica que, a pesar de la ausencia de una jerarquía muy estricta dentro de las AUC y de que los diferentes Bloques actuaban en parte según los intereses de sus propios jefes, sí había una orientación general y unas directrices impulsadas desde arriba por Carlos Castaño. Las peleas internas más fuertes, en las cuales hace tanto énfasis Castellanos, tuvieron lugar en la última etapa de la organización, es decir, una vez que los Bloques de las AUC habían terminado de consolidar su poder, que Carlos Castaño se había apartado de la comandancia y que empezaron las negociaciones con el gobierno de Álvaro Uribe.

 

Sobre la presencia de narcotraficantes

En su sentencia, el magistrado Castellanos hace referencia a la presencia importante de narcotraficantes dentro de las AUC e, incluso, a la venta de Bloques (“franquicias”) a capos por parte de la “Casa Castaño”, para así poner en duda el carácter político de la organización y presentarla más bien como una alianza de grandes criminales. Pero la realidad es mucho más compleja. Primero que todo, es necesario recordar que las relaciones del paramilitarismo con el narcotráfico existieron desde sus inicios, es decir, desde los años ochenta. Se puede mencionar, por ejemplo, la conformación del grupo MAS (Muerte A Secuestradores) por parte de numerosos capos de la droga, la manera como el Cartel de Medellín financiaba las Autodefensas del Magdalena Medio a cambio de protección de sus propiedades y sus laboratorios, o el papel clave del capo Gonzalo Rodríguez Gacha en el genocidio contra la UP. De hecho, los propios hermanos Castaño hicieron parte del Cartel de Medellín.

Fue justamente cuando se armó un grupo de antiguos socios de Pablo Escobar con el fin de acorralarlo, los famosos “Pepes” (Perseguidos por Pablo Escobar), que se selló la alianza entre Carlos Castaño y Don Berna, clave en la historia de las AUC. Aunque la presencia de narcotraficantes pudo generar molestias en algunos jefes paramilitares, en realidad  nunca fue realmente cuestionada dentro de las AUC y hubo capos del narcotráfico dirigiendo Bloques casi desde un principio (como el mismo Don Berna, Macaco o Cuco Vanoy). Pero el punto fundamental es que los Bloques al mando de narcotraficantes participaban de igual manera en la lucha contrainsurgente, incluso las ya mencionadas “franquicias” (como puede ilustrarlo, por ejemplo, el accionar del Bloque Vencedores de Arauca). Es claro que el narcotráfico, como también el interés por otras actividades económicas, sirve para desmontar la idea de un supuesto paramilitarismo “puro” (tal vez el único jefe paramilitar “pura sangre” fue Rodrigo Doble Cero, al mando del Bloque Metro), sin embargo, de ninguna manera puede servir de argumento para cuestionar el carácter contrainsurgente de las AUC.

 

Sobre el proceso Justicia y Paz

El magistrado Castellanos hace énfasis en los pormenores del proceso Justicia y Paz para sacar conclusiones sobre la desorganización dentro de las AUC y su falta de homogeneidad. Al hacerlo, comete un grave error de interpretación pues se enfoca en la última fase, muy particular, de la existencia de las AUC, y demuestra su incapacidad de analizar esta organización en función de su evolución, y menos de ubicarla en el tiempo largo del conflicto armado. Su análisis se basa principalmente en el momento en que se puede considerar que el proyecto de las AUC se agota, no porque haya sido debilitado sino, por el contrario, porque ya “triunfó” y al haber logrado la “victoria” pierde, de alguna manera y al mismo tiempo, su razón de ser. Es por eso que un análisis riguroso de la naturaleza de las AUC debe preocuparse por compararlas con el panorama del paramilitarismo antes, e incluso después, de su existencia, así como por estudiar la manera en la que esta organización llevó a cabo una verdadera estrategia exitosa de expansión y consolidación.

Se puede decir incluso que el magistrado tiene una profunda confusión cuando afirma que los grupos que conformaron las AUC “convergieron a inicios del siglo XXI, para aprovechar las oportunidades que se abrieron con un proceso de paz”. En efecto, es un total contrasentido decir que la razón de ser de las AUC fue el proceso Justicia y Paz, que empezó más de cinco años después de su nacimiento, puesto que es, por el contrario, por la fuerza y el “éxito” que alcanzaron las AUC, así como  por su “proximidad” con el gobierno de Uribe, que se dieron estas negociaciones. Por otro lado, la falta de unidad que hubo durante este proceso también corresponde al progresivo aislamiento de Carlos Castaño y su posterior asesinato, a un reajuste de intereses entre Bloques, a la creencia de que cada comandante podía sacar provecho al negociar por su lado, pero también a la falta de seriedad por parte del gobierno y al papel muy poco claro del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.

 

El carácter político de las AUC y sus vínculos con el Estado y la sociedad

La tesis del magistrado Castellanos emitida en la sentencia contra un exjefe del Bloque Tolima no se limita a una mera discusión sobre la dimensión organizativa de un grupo armado ilegal, sino que tiene implicaciones sobre la comprensión del fenómeno paramilitar en su conjunto e incluso sobre la significación de la guerra misma. No se puede alegar el hecho de que las AUC no hayan tenido únicamente preocupaciones contrainsurgentes para afirmar que se trataba simplemente de una alianza oportunista y bastante incoherente de distintos grupos criminales. Porque al hacerlo, no se pueden entender las conexiones de esta organización con el Estado y con ciertas élites del país. Si el análisis se limita a tratar cada Bloque por separado,  se renuncia a tener una visión “macro” y a buscar  patrones comunes, que es justamente lo que hace el magistrado y se pierde de vista el objetivo común de la organización global así como sus complicidades con el más alto nivel de la sociedad.

Las AUC tenían un componente contrainsurgente absolutamente indiscutible, que se manifestaba claramente con la colaboración constante de las Fuerzas Armadas, tanto por omisión como por cooperación activa, incluso mediante operaciones conjuntas contra las guerrillas, y gracias a las comunicaciones directas con altos mandos militares. De hecho, es importante resaltar que el significativo debilitamiento de las guerrillas que tuvo lugar a principios de los años dos mil no fue sólo la consecuencia de los efectos del Plan Colombia sino también el fruto de la arremetida de las AUC. Igualmente, tenían acceso a toda la información estratégica de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), a través de contactos directos con los más altos funcionarios de la institución, que incluso suministraban nombres de personas como blancos militares, como por ejemplo el subdirector José Miguel Narváez (que llegó a ser considerado como uno de los “ideólogos” de las AUC) o el director, nombrado por Uribe, Jorge Noguera.

Fue durante el “reino” de las AUC que se hicieron pactos explícitos con políticos con el fin de “refundar la patria”, a tal punto que los “parapolíticos” alcanzaron a representar el tercio del Congreso, según las palabras del propio Salvatore Mancuso. De la misma manera, se hicieron convenios con empresas para prestar seguridad y reprimir o asesinar sindicalistas y líderes sociales, a cambio de financiación para la organización, como lo demuestra perfectamente el caso del sector bananero en Urabá. Las complicidades con las AUC se dieron en los estratos más altos del país, como lo evidencia el caso del famoso, y a la vez enigmático, “Grupo de los Seis”, que designa un puñado de notables que aconsejaba a Carlos Castaño y, por lo tanto, influenciaba de manera clave las orientaciones de las AUC.

Lejos de ser una alianza inestable de grupos criminales diversos, las AUC representaron un proyecto global coherente, beneficiado de todo tipo de complicidades, con una dimensión política innegable y un accionar similar en todo el territorio nacional. Este último puede resumirse así: operaciones militares contrainsurgentes, “guerra sucia” antisubversiva, apropiación de las tierras e implementación de rentas económicas, alianzas con poderes políticos y empresariales lugareños, y cooptación de las instituciones locales. Las AUC se expandieron por todo el país y acumularon un poder descomunal, a tal punto que se puede decir que su triunfo representó, en cierta medida, la toma de posesión paramilitar de Colombia. Es decir la victoria de una “cultura paramilitar” que impregnó todas las esferas de la sociedad colombiana y que condujo a la llegada a la presidencia de la República de un personaje como Álvaro Uribe, arquetipo de esa cultura y cuya candidatura fue totalmente respaldada, dos veces, por las AUC, como lo han señalado diversos jefes paramilitares en repetidas ocasiones.

Si bien el fenómeno paramilitar ya ha sido analizado ampliamente, y desde diversos ángulos, su complejidad, su importancia y sus huellas obligan a continuar en un trabajo de reflexión, en aras de poder ampliar la indispensable memoria histórica del conflicto armado colombiano. Por las mismas razones, es imprescindible que todo lo relacionado con el paramilitarismo tenga un lugar preponderante dentro de los trabajos de la futura Comisión de la Verdad.

  1. http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/juicios/611-bloque-tolima/6667-las-auc-fueron-una-alianza-criminal-de-ejercitos-privados
  2.  sta sentencia dio lugar a una respuesta conjunta y crítica de organizaciones sociales, académicos e investigadores: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2017/06/PRONUNCIAMIENTO-ANTE-LA-SENTENCIA-DEL-MAGISTRADO-DE-JUSTICIA-Y-PAZ-EDUARDO-CASTELLANOS-ROSO-DEL-23-DE-MAYO-DE-2017-1.pdf