* Palabras al Margen

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Si bien los colegios comunitarios sólo ofrecen un ciclo básico de profesionalización de dos años, son una alternativa de educación superior y permiten la continuidad a otros niveles e instituciones del sistema. La gratuidad representaría un impulso decisivo a las aspiraciones de millones de jóvenes, tal y como lo planteó el mismo Obama en su discurso: “este plan es su oportunidad para graduarse preparado para la nueva economía, sin una gran deuda a sus espaldas”.

En Chile, es inminente la aprobación de una reforma educacional que incluye la modificación de los términos sobre los que se basaba la financiación de la educación superior y que va en dirección de implementar y ampliar la gratuidad de los estudios universitarios2.

Estados Unidos y Chile se han convertido en referentes para buena parte de las ideas y políticas públicas que han predominado en el continente y en Colombia sobre la educación superior y, en particular, sobre su financiación. Pues bien, estos referentes abandonan la consigna fundamental de su modelo privatista de que las familias paguen, rescatan el papel del Estado en el financiamiento suficiente de la educación superior y reconocen los fracasos que el modelo privatista ha tenido en términos de equidad social, profundización del rezago educativo en sectores de la población más pobre e incluso en sectores de ingresos medios y en el empobrecimiento causado a millones de familias y jóvenes profesionales, por cuenta del sobreendeudamiento al que se vieron sometidos para sufragar el alto costo de las matrículas, en una trama que involucró la permisividad del Estado con el ánimo de lucro y la voracidad del sistema financiero.

En Colombia, por el contrario, el gobierno está empeñado en insistir en un modelo de financiamiento basado principalmente en el esfuerzo de las familias soportado con la concurrencia de créditos público-privados. Un empeño que paradójicamente tiende a la reproducción de ese modelo privatista chileno que hoy se desmonta en las universidades y en el Congreso de Santiago.

El documento Acuerdo por lo superior 2034, que el movimiento estudiantil ha señalado como un reencauche del fallido proyecto de Ley modificatorio de la Ley 30, y que es la hoja de ruta del gobierno en la materia, mantiene un fuerte acento en el financiamiento privado de la educación que contrasta con la precariedad de recomendaciones para el financiamiento de la oferta pública3. Persiste la intención gubernamental en un modelo de disminución del subsidio a la oferta (desfinanciación de las universidades públicas) y expansión del subsidio a la demanda (más Icetex y otros créditos que se dirigen principalmente a instituciones privadas).

El debate de la gratuidad, que ha sido constantemente desestimado, debe instalarse en la nueva coyuntura que se avecina con la anunciada reglamentación de medidas a partir del documento Acuerdo por lo Superior y a propósito del inicio del programa “Ser Pilo Paga”, que el gobierno presenta engañosamente como una financiación gratuita a la educación superior de 10.000 jóvenes de todo el país, cuando en realidad es un crédito condonable que se convertirá en una gran deuda a las espaldas de buena parte de los beneficiarios.

La gratuidad debe corresponder a una reivindicación para transformar las bases del acuerdo social sobre la financiación y sostenibilidad del sistema de educación superior como un todo, a una condición para la realización de un derecho social y a una oportunidad para la inclusión social en la Colombia del posconflicto.

La consigna de la gratuidad debe ir unida a la recuperación institucional y financiera de las universidades públicas, que deberían ser prioridad y eje del liderazgo de una política pública transformadora y democrática; así como a medidas audaces de bienestar que eviten la deserción.

Seguramente las demás necesidades fiscales del país y otras razones económicas no justifiquen una aplicación universal de la gratuidad pero, sin duda, es necesario y posible que la plena contribución estatal alcance a más colombianos de las clases menos favorecidas sin las condiciones de los créditos educativos, inclusive con la participación de universidades privadas de alta calidad académica.

La argumentación por la gratuidad no puede confundirse con acciones específicas como “Ser Pilo Paga” que, de hecho, es un reconocimiento tácito de que el modelo privatista ha excluído a millones de jóvenes de la educación superior, aunque ofrezca como solución más de lo mismo: una nueva modalidad de crédito del Icetex4 que, aunque condonable, puede terminar condenando a buena parte de los beneficiarios a deudas onerosas si por alguna razón llegan a desertar de la carrera universitaria que escogieron, como lo hacen alrededor del 45% de los estudiantes universitarios en Colombia. Además, que el subsidio de manutención en muchos casos será tan precario como un salario mínimo por semestre.

El mismo documento Acuerdo por lo Superior reconoce que, en ciertas modalidades de créditos educativos del Icetex, “a pesar de los subsidios de tasa de interés y sostenimiento y condonación parcial del crédito, todavía se asocia como un crédito de alto riesgo. En la línea de crédito ACCES, diseñada para aumentar la cobertura de la población más vulnerable con mérito académico, el nivel de la cartera vencida en amortización asciende al 30%. Lo anterior constituye un problema para los estudiantes que desertan o que tienen ingresos bajos tras su egreso de la carrera”.

El programa “Ser Pilo Paga”5, que surgió de una repentina promesa con tintes electorales, sin estudios previos y que tomó sin preparación a los funcionarios del Ministerio de Educación que trabajan sobre la marcha, es una reiteración de las premisas privatistas. Y aunque ayudara a algunos, y ojalá a la mayoría de beneficiarios (en el mejor de los casos es probable que entre el 10-15% no lo logré y pasen a ser deudores del Estado), no es una solución a los problemas de acceso equitativo y mucho menos una “revolución” como lo llamó la revista oficialista Semana6.

La reivindicación de la gratuidad debe ser un componente fundamental de un proyecto nacional educativo de vocación pública que acoja sin condiciones y garantías de permanencia a los jóvenes que aspiran a ver realizado su derecho educativo y que no hipoteque de antemano el futuro de los jóvenes profesionales como ya sucede en Colombia7, así como en Chile y EE.UU, motivando la corrección de sus políticas en un caso y obligando al presidente a poner el tema en la agenda política en el otro.

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1La versión en español del discurso de Obama está disponible en la edición internacional del diario El País de España. Véase, http://internacional.elpais.com/internacional/2015/01/21/actualidad/1421806228_186047.html

2Para conocer documentos y más detalles de la reforma educacional en Chile, véase, http://reformaeducacional.gob.cl/. Según declaraciones de prensa del Ministro de Educación chileno, el gobierno esperaba que antes del 31 de enero de 2015 la reforma fuera aprobada por el Senado, cuyas comisiones ya le dieron el visto bueno el pasado 17 de enero al proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados a finales de 2014.

3En el capitulo quinto del documento se pueden leer las siguientes recomendaciones sobre el financiamiento a la oferta privada: “1. Se debe contemplar un nuevo modelo de financiamiento de las IES privadas que contemple la posibilidad de establecer mecanismos que permitan arbitrar recursos en condiciones favorables para sus necesidades de inversión, así: a). El Ministerio de Educación, a través de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER S.A.l, establecerá líneas de fomento de tasa compensada para financiar grandes inversiones de infraestructura física y tecnológica y de dotación. b). El Ministerio de Educación, a través del Fondo Nacional de Garantías y de FODESEP, entre otras, establecerá un fondo de garantías para respaldar los créditos de las IES privadas destinados a inversiones que fortalezcan la calidad de las instituciones. Este fondo se nutrirá con recursos de las mismas IES privadas y del PGN. c). Se propone la transformación de FODESEP, para fortalecer su rol actual de financiador de las instituciones públicas y privadas. d). Los programas de fomento, dirigidos desde el Viceministerio de Educación Superior, tendrán líneas específicas para el fortalecimiento de las instituciones privadas. (Acuerdo por lo Superior. Página 144).

4Aunque los recursos los dispone el Ministerio de Educación, será el ICETEX la entidad encargada de administrar los recursos del programa y establecerá los términos y condiciones de su desembolso, condonación y eventual recobro.

5En todo caso, es urgente que el Ministerio de Educación avance en una reglamentación transparente del programa que defina claramente los beneficios, obligación y en general los términos y condiciones de operación del programa. Hasta ahora, se observa mucha discrecionalidad y respuestas coyunturales a los retos que va presentando la implementación.

6Véase, http://www.semana.com/nacion/articulo/revolucion-educativa/414939-3

7El endeudamiento de personas con el ICETEX es hoy un grave problema que el gobierno se niega a reconocer, de acuerdo con el Representante a la Cámara Rodrigo Lara “la cartera activa total en cobro pre jurídico al corte de agosto de 2014 tiene un número de 26.277 obligaciones” (véase, http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5099:buscan-eliminar-cobros-prejuridicos-y-casas-de-cobranza-para-deudores-de-icetex&catid=16:noticias&Itemid=198). La Asociación Colombiana de Usuarios de Prestamos Educativos (ACUPE) afirma que alrededor de 16 mil personas tienen deudas con el ICETEX y que la respuesta de esta entidad ha sido la contratación de dos empresas de cobranzas para ejecutar cobros prejurídicos, lo que ha agravado la situación financiera de los usuarios.