Silvia Quintero

* Silvia Quintero

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante de Maestría en Filosofía de la misma universidad, en donde también se desempeña como docente de hora cátedra en el área de teoría política. Dentro de sus intereses se cuentan las teorías feministas y de género, la memoria histórica, la filosofía política, el análisis de problemas urbanos y la pedagogía. Tiene experiencia en procesos de educación popular y proyectos de participación con niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bogotá

En el marco de esta reflexión, el gobierno nacional ha planteado el concepto de paz territorial, ligado a las garantías para la participación desde una perspectiva local, especialmente rural. Dicho concepto propone la necesaria intervención del Estado en el campo, para reducir la brecha que existe entre lo urbano y lo rural en materia de acceso a oportunidades y políticas públicas sociales, así como para atenuar la violencia del conflicto que se considera –implícitamente- ha tenido como escenario principal al campo, por ser un lugar caracterizado por un histórico abandono institucional (Jaramillo, 2015).

La lectura sobre el conflicto que prevalece en el discurso de la paz territorial, así como lo que podríamos encontrar en numerosos ejemplos, tanto en medios de comunicación como en la alta tendencia académica a estudiar el conflicto armado colombiano en el campo, han tendido a invisibilizar el hecho de que las ciudades han desempeñado también un rol histórico en el conflicto, que no es ni tan distinto ni tan lejano a ese mismo conflicto sobre el que se está hablando en las mesas de negociación, aun cuando tenga unas características propias.

Por ejemplo, en un debate dado durante el mes de febrero del presente año, en el programa “Semana en Vivo” se planteaba lo siguiente: “La guerra en este país no se libra en las grandes ciudades sino en regiones alejadas donde no ha habido presencia del Estado y donde los actores armados: guerrilla, paramilitares y grupos criminales, han impuesto las condiciones sociales, económicas y de control del territorio” (Semana, 2016).

Esa lectura –por demás predominante- que excluye a la ciudad como escenario del conflicto, haría parte de lo que Carlos Mario Perea ha identificado como uno de los esquemas de representación del conflicto que reduce el conflicto violento al conflicto armado (valga la redundancia) “…donde la reducción significa el olvido de las expresiones del conflicto violento que no encuadran en el desarrollo y la lógica de la guerra” (CNMH, 2015).

En este sentido, cuando se piensa en la ciudad y sus problemas, se señalan aspectos como la delincuencia común o la movilidad, dejando de lado otros fenómenos bastante sentidos y que claramente podríamos conectar con las dinámicas propias del conflicto que desde hace décadas se vive en el país.

Para la muestra podríamos señalar algunos elementos:

El crecimiento exponencial que han tenido las Fuerzas Militares en la última década, especialmente promovido por la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe, por obvio que suene, requería sumar más personas a las filas del Ejército. Esas personas son en su mayoría jóvenes de estratos bajos de zonas tanto urbanas como rurales. En la ciudad específicamente, esa necesidad ha desatado con particular fuerza las “detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento” (nombre atribuido por la Corte Constitucional en varias de las sentencias que ha proferido en torno a este fenómeno), popularmente conocidas como “batidas”.

Los jóvenes son detenidos de forma arbitraria con el fin de ser incorporados de manera inmediata al ejército para tomar parte directa en las confrontaciones armadas que se libran en diferentes regiones del país en el marco del conflicto armado.

En ese mismo contexto de la Seguridad Democrática, en el año 2005 el ministro de Defensa del momento, Camilo Ospina, expidió una directiva con la cual se brindaban bonificaciones de hasta 3,8 millones de pesos por cada guerrillero dado de baja. Fue así como, para el año 2014, de una cifra nacional de 5.673 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, sólo durante el gobierno de Álvaro Uribe habrían sucedido 5.326 (Uribe, 2014).

En Bogotá tuvieron resonancia los casos de jóvenes principalmente de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa y el municipio de Soacha, que fueron desaparecidos, asesinados y falsamente presentados como guerrilleros dados de baja en combate, por parte de las Fuerzas Militares.

Si estos hechos no son suficientes para pensar en las expresiones urbanas del conflicto, se podría hablar también de la presencia de actores armados distintos de la Fuerza Pública en la ciudad.

Al respecto se han desarrollado varias investigaciones sobre el caso de ciudades como Medellín, en donde durante la década del 90 y principios del 2000, era muy evidente el control territorial por parte de grupos armados en determinadas zonas de la urbe. También es posible encontrar dinámicas similares en otras regiones del país, tal como lo menciona Mario Aguilera: “Los paramilitares se insertaron en ciudades como Cúcuta, Medellín, Buenaventura, Tumaco y Bogotá, principalmente sobre el control de las bandas delincuenciales presentes en cada contexto urbano. Entre tanto, la guerrilla no creó en la ciudad los “contrapoderes” que sí estableció con vigor en el campo” (Aguilera, 2014).

Sobre Bogotá se han realizado algunos análisis, especialmente de principios de la década del 2000, entre los que se cuenta un estudio desarrollado por ACNUR sobre el desplazamiento intraurbano y en donde se visibiliza la presencia de actores insurgentes y paramilitares en determinadas regiones de la Ciudad, principalmente zonas periféricas y rurales.

Sin embargo, en la actualidad poco o nada se habla sobre la presencia de estos actores en la Ciudad, sobre las fronteras invisibles que han creado en los territorios que ocupan, ni acerca de los mecanismos que despliegan para establecer órdenes territoriales concretos, como sucede al oriente de San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, Usme o al nororiente de Usaquén, por mencionar algunas localidades.

Difícilmente se podrán encontrar referencias bibliográficas que documenten esta situación y, sin embargo, cualquiera que viva, frecuente o conozca a personas que habitan en estos lugares, sabrá bien de qué estamos hablando, pues se trata de un secreto a voces.

Además, habría que pensar en la relación estrecha que existe entre la presencia del paramilitarismo en la ciudad y la mal llamada “limpieza social”, dinámica sistemática de asesinato selectivo que en ciudades como Bogotá se presenta en zonas periféricas y barrios populares, y cuyas cifras siempre tendrán un manto de incertidumbre pues se trata de una violencia de carácter político, pero que no se reconoce ni se tipifica como tal y sus víctimas son sumadas a las tasas de homicidios generales que suceden en la ciudad. “De los 189 casos ocurridos en Bogotá, con saldo de 346 homicidios, se identificó la práctica en cuatro expedientes directos [no asociados directamente al paramilitarismo] y seis de miembros del Bloque Capital” (CNMH, 2015), (las cursivas son propias).

Así, la “limpieza” o exterminio social que se vive en los barrios populares de las ciudades, no es protagonizada exclusivamente por grupos aislados, son actividades que en algunos casos están directamente asociadas a los grupos tradicionalmente en disputa dentro del conflicto armado y que se han hecho con el control de facto de nuestros barrios. Ese control se traduce en la imposición de dinámicas particulares de organización de la vida que terminan definiendo los lugares y los horarios en los que nos podemos movilizar, en la estigmatización y persecución que afectan, por ejemplo, a trabajadoras sexuales, delincuentes comunes, ciudadanos habitantes de calle o a jóvenes señalados por su forma de vestir o por sus prácticas artísticas. El hecho de que exista un estigma social frente a todas estas personas, ha generado además un contexto de legitimidad, cómplice de la impunidad en que se encuentran estos crímenes.

A esto podría sumarse la persecución judicial, las amenazas y los asesinatos selectivos también dirigidos contra líderes y miembros de diferentes organizaciones sociales en el país. Aunque muchos de estos casos suceden en las zonas rurales, las ciudades no han estado exentas de tales situaciones.

No podría dejarse de lado tampoco el hecho de que el crecimiento de las ciudades en este país ha ido de la mano de la violencia y que buena parte de quienes habitamos lugares como Bogotá provenimos de familias que en tiempos más o menos recientes tuvieron que desplazarse a la ciudad por causa de la violencia y la inequidad. De los millones de familias en situación de desplazamiento que han llegado a Bogotá en la última década, buena parte lo han hecho como consecuencia de ese mismo conflicto que nos dicen constantemente –y con descaro- que se vive solamente en el campo.

Entonces ¿dónde está la guerra? ¿Por qué ocultar las formas en las que el conflicto se vive en la ciudad? ¿Cómo piensa la paz un país cuya población se encuentra mayoritariamente en las ciudades y para quienes pareciera que el conflicto no les afecta en absoluto? ¿Cómo es que, a pesar de vivir las consecuencias de la guerra en la ciudad, muchas personas piensan que esto nos les corresponde?

Un análisis eminentemente rural del conflicto, se vuelve cómplice de que en las ciudades prevalezca un fuerte desinterés por la construcción de paz, pues parece como si las problemáticas de las ciudades fueran absolutamente independientes del conflicto armado y en esa medida asuntos como las negociaciones de paz con las FARC o la apertura de diálogos con el ELN no nos incumbieran.

Lo que parecen mostrar las situaciones relatadas previamente es que la paz requiere pensar en la ciudad también como escenario del conflicto armado y que este asunto no nos debe importar sólo porque sea éticamente correcto o esté de moda, sino porque atraviesa nuestras vidas. No se trata de negar o restar importancia a los estragos de la guerra y el abandono estatal sobre el campo, sino de hacer visible y recalcar variables que han estado ausentes en las lecturas del conflicto de quienes están sentados tomando decisiones al respecto.

Como es sabido, el Plan Nacional de Desarrollo de Juan Manuel Santos contempla a las ciudades como escenarios estratégicos dentro de su proyecto económico. Bogotá, por ejemplo, condensa los más importantes centros financieros, es además un paso obligado de la gran mayoría de alimentos que se producen en el país y que luego son redistribuidos dentro y fuera de la ciudad, además ocupa un lugar fundamental en el esquema de transporte de bienes y mercancías y es uno de los principales lugares desde donde se toman las decisiones que afectan al resto del país: ¿deberíamos creer que es casualidad la ausencia de la ciudad en el discurso oficial sobre un posible “postconflicto”? ¿Por qué las ciudades están por fuera de negociación?

Las ciudades son entonces un terreno de disputa, es allí donde también se discute y se piensa el país entero. Es necesario empezar a nombrar eso que se ha vuelto innombrable.

Incluso en aras de garantizar una mejor calidad de vida en la ruralidad, es importante que pensemos la ciudad, en la manera como absorbe el trabajo y producción del campo o en cómo provoca el agotamiento de las reservas de agua dulce del país. Tenemos que posicionar como necesidad que la ciudad sea planificada colectivamente y que esa paz, que pretende darle prioridad a lo que se ordene desde los territorios, nos permita pensar sobre un país que es campo y ciudad simultáneamente.

BIBLIOGRAFÍA

• AGUILERA, Mario (2014), “Contrapoder y justicia guerrillera: Fragmentación política y orden contrainsurgente en Colombia 1952-2003”, Ed. Universidad Nacional de Colombia, IEPRI, Bogotá.

• Defensoría del Pueblo, ACNUR, EuropeAID, (2004), “Extractos del documento, desplazamiento intraurbano como consecuencia del conflicto armado en las ciudades”. Documento disponible en línea: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/788.pdf?view=1 última visita, 17-03-2016.

• Elespectador.com, “Así investigó la Fiscalia los falsos positivos y el Cartel de Bogotá”, en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/asi-investigo-fiscalia-los-falsos-positivos-y-el-cartel-articulo-627292

• Eltiempo.com, “Así se planearon los falsos positivos de Soacha, caso por el cual ya hay 49 militares detenidos”, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5259927

• Encuentros regionales para la paz, „La construcción de paz desde los territorios”. Informe de la red de encuentros regionales para la paz, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Paz. http://documentos.pas.org.co/Contruccion%20paz%20territorios.pdf

• GUARÍN, Sergio (2016), “Dilemas de la paz territorial y de la participación ciudadana”. Artículo del portal de opinión Razón Pública, disponible en línea: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1275

• JARAMILLO, Sergio (2015), „La paz territorial”. Ponencia presentada por el Alto Comisionado para la Paz en la Universidad de Harvard. Disponible en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/discursos/Documents/La_Paz_Territorial_version_final.pdf

• PEREA RESTREPO, Carlos Mario (2015), “Limpieza social. Una violencia mal nombrada”, Informe presentado por el CNMH en el marco de un convenio interadministrativo con el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI-, de la Universidad Nacional de Colombia. Investigación a cargo de Carlos Mario Perea Restrepo y Andrés Rincón Morera.

• ROMERO, Marco (2015), “Desafíos de la paz territorial”. Artículo de prensa, UN Periódico, No. 185. Disponible en línea: http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/desafios-de-la-paz-territorial.html

• SANDOVAL, Daniel (2011), “La cara oculta del conflicto en Bogotá, reclutamiento y desplazamiento urbano”. Artículo de prensa, disponible en línea: http://www.directobogota.com/especiales/185-la-cara-oculta-del-conflicto-en-bogota-reclutamiento-y-desplazamiento-urbano

• Semana.com “La historia desconocida de los falsos positivos”, http://www.semana.com/nacion/articulo/la-historia-desconocida-falsos-positivos/241215-3

• Semana en Vivo, “Paz territorial en Colombia”, publicado el 29/02/2016, disponible en línea: https://www.youtube.com/watch?v=VJG2EOwOPPg

• URIBE, Alirio (2014), “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia: entre la impunidad y la continuidad”, presentación desarrollada en Debate de Control Político, Cámara de Representantes de Colombia. Disponible en: https://prezi.com/q1venvpchedv/presentacion-ejecuciones-extrajudiciales-en-colombia-entre-la-impunidad/