* Palabras al Margen

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Fue durante el III Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado entre el 1 y 5 de Julio del 2008 en la Universidad de Antioquia, que escuché las sabias palabras del filósofo Guillermo Hoyos (cito de memoria) “la diferencia entre nosotros es de raíz, usted [refiriéndose al uribista que acababa de concluir su presentación y cuyo nombre no recuerdo] parte de la base de considerar a Colombia como una democracia, yo no”. El profesor Hoyos precedió a darle una lección de historia política colombiana al uribista, en la que demostró por qué no se puede considerar a Colombia como una democracia. Lo hizo sin necesidad de invocar el más robusto significado de la categoría en la Grecia Antigua, ya que, para controvertir al uribista, fue suficiente con limitarse al deflacionario concepto liberal de la democracia, que la reduce a un problema de elecciones libres, para comprobar que en Colombia democracia enuncia su contrario: la concentración del poder en las manos de pocas élites sobre la base de una alianza con los grupos paramilitares y la exclusión política de la mayoría.

Las recientes elecciones confirman lo dicho por el profesor Hoyos. Si en 1994, con el ‘Proceso 8.000’ se comprobó que el Cartel de Cali había penetrado de manera masiva el Congreso, dicha penetración sólo se ha incrementado a lo largo de más de dos décadas de la Constitución de 1991. El Cartel de Cali modificó la estrategia del Cartel de Medellín, pasando de un intento por cooptar directamente los espacios políticos, en la que el propio Pablo Escobar resultaría electo al Congreso, por una cooptación más invasiva pero indirecta (lo que le otorgaba al cartel menos exposición y quizás mayor capacidad de maniobra) en la que más gente resultaba implicada en el negocio. De acuerdo con Claudia López, “los condenados por el proceso 8.000 obtuvieron el 12% de las curules con cerca de 900.000 votos, equivalentes al 8% de la votación para Senado. Si se suman algunos investigados no condenados se llega hasta una cifra equivalente al 12% de la votación. Además de penetrar el Congreso, el Cartel de Cali fue determinante en la victoria presidencial de Ernesto Samper, a quien financió con varios millones de dólares” (Y Refundaron la patria…p. 31-32). La situación empeoró una vez que el Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, tuvo éxito en su intento por volver a legalizar el paramilitarismo con la aprobación de las Convivir en 1994 (estatus legal que habían perdido en 1986); una estrategia política que acompaña el nacimiento de esos ejércitos desde sus orígenes en la década de los ochenta, en el marco de la competencia entre terratenientes, gamonales, narcotraficantes y el ejército colombiano contra la guerrilla por el control territorial del Magdalena Medio. De modo que en el 2002, afirma López, “los congresistas electos con apoyo del narco paramilitarismo obtuvieron el 34% de las curules y más de dos millones de votos, equivalentes al 25% de la votación para Senado. Ocho de cada diez de esos congresistas entraron a hacer parte de la coalición del presidente Uribe y cogobernaron con él desde entonces. En 2006 casi todos los congresistas de la parapolítica fueron reelegidos y mantuvieron la misma proporción y representatividad dentro de la coalición de gobierno” (Y Refundaron la patria…p. 32).

¿Qué acaba de suceder en el 2014? Lo que se esperaba. La Fundación Paz y Reconciliación, liderada por León Valencia, publicó que ahora eran 131 aspirantes al Congreso los que resultaban vinculados con la ilegalidad, la mayoría de ellos en la coalición uribista que continúa siendo, desde que surgió, la fuerza política más penetrada por el paramilitarismo y la que sigue quedándose con la mayoría de los votos. De acuerdo con López, este fenómeno describe una suerte de captura invertida, ya no de los ilegales a los legales, sino de los legales hacia los ilegales, en donde son las élites regionales de antaño—“los Vives, Caballero, Campo, Pinedo y Luna del Magdalena; los López Cabrales, Jattin y de la Espriella de Córdoba; los García, Guerra y Arana de Sucre y Bolívar; los Araujo y Molina de Cesar; los Pérez, Valencia Cossio y Uribe de Antioquia; los Barco y Tapasco de Caldas; los Mestre, Ballesteros y Villareal de Santander; y los Mosquera Chaux de Cauca” (Y Refundaron la patria…p. 55-56)—las que buscan a los ejércitos para garantizar sus elecciones. Ejércitos que cambian constantemente de nombre (MAS, Pepes, ACCU, Convivir, AUC, Bandas Criminales) para romper nominalmente con una continuidad histórica que sigue haciendo de la democracia, en boca del uribista, una glosa de su inversión.

Como lo señala Francisco Gutiérrez en el prólogo que escribió al libro editado por Claudia López, Y refundaron la patria…, la conclusión es devastadora: “una pesada herencia para el régimen político colombiano en el futuro inmediato, que tendrá que lidiar con un Estado severamente carcomido y con sus cadenas de mando tronchadas por la convivencia permanente con grandes estructuras ilegales” (p. 10). La pesada herencia de aquel carcomido Estado se ha hecho sentir con la reciente revocatoria del mandato de Gustavo Petro. Aquí vale la pena analizar parte de la respuesta que la senadora electa del Partido Alianza Verde, Claudia López, le dio el 19 de marzo a Mauricio Pichot Elles, de Noticias Capital, cuando éste le preguntó por la decisión del presidente Juan Manuel Santos de no acatar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH al alcalde Gustavo Petro en su proceso relacionado con la Procuraduría General de la Nación. La compleja respuesta de la senadora—que al mismo tiempo acusó correctamente de prevaricato al presidente Santos y aseguró, incorrectamente, que la decisión de Santos pone a Colombia al mismo nivel de Venezuela sobre la base de similares incumplimientos a las instancias internacionales con las que ambos Estados se han comprometido—dice lo siguiente:

“Lo tercero es que evidentemente está violando las garantías democráticas en Colombia, con qué argumento le vamos a decir a la gente que se manifieste pacíficamente, que no tome las armas, que no use la violencia si aquellos que le han cumplido a la paz los tumban a la brava cuando ganan legítimamente en las urnas, de manera que es un pésimo mensaje para la democracia, para la reputación nacional e internacional del Estado colombiano y evidentemente para la paz. Lo otro que me parece que está ocurriendo aquí es que el presidente Juan Manuel Santos le acaba de regalar capacidad de negociación a las Farc. Las Farc ahora van a tener mucho más argumentos para exigir garantías de impunidad mucho mayores que en las que en su momento se dieron a otros procesos de paz porque si el ejemplo es éste… De manera que el presidente Santos además le acaba de regalar a las Farc un cheque en blanco de negociación que antes no tenía, lo cual es una gran torpeza con el proceso de paz y con los intereses de los colombianos. Y lo tercero que ha ocurrido es que con esta decisión, que empezó con el abuso de poder del procurador y termina hoy con el abuso de poder del presidente, lo que se están violando no son solamente los derechos del ciudadano Gustavo Petro, sobre todo se están violando los derechos de los ciudadanos bogotanos que éramos los que teníamos el derecho de decidir en las urnas si el alcalde debía quedarse o irse”.

La senadora electa ofrece al menos tres marcos interpretativos para entender la decisión del presidente Santos: i) el marco constitucional vigente, en el que la decisión del presidente lo vincula con el prevaricato y en ese sentido constituye una clara muestra de la corrupción de su gobierno y la continua impunidad con la que operan las élites gobernantes; ii) el marco geo-político regional, en donde una dudosa comparación con Venezuela hace que la decisión del presidente “nos ponga al nivel de una republiqueta”, como lo dice la senadora López; y iii) finalmente el marco de la guerra, en donde las decisiones políticas continúan leídas como estrategias de guerra, en donde la destitución de Petro aparece re-significada como un “darle un cheque en blanco” a la guerrilla, en una transferencia simbólica que de manera apropiada reconoce el carácter sintomático de la destitución, en tanto manifestación de la imposibilidad para la disidencia de participar en el poder, es decir, en donde la democracia continúa funcionando como la glosa de su inversión y la política continúa siendo la continuidad de la guerra por otros medios.

En este sentido, la confianza con que la senadora López concluye su mensaje, vaticinando la no reelección de Santos y afirmando que “le llegó el tiempo a las élites rancias de salir de la institucionalidad y del poder”, es al mismo tiempo urgente y problemática. Urgente, porque ese momento no les llegó a las élites en el 2014, todo lo contrario, como lo demuestra la casi completa exclusión política de la izquierda en estas recientes elecciones, sumada al abuso de poder con el que se viola la democrática decisión de los ciudadanos de optar por una posibilidad política distinta con la destitución de Petro, el momento llega tan tarde que nunca habían tenido aquellas élites rancias tanto poderío como ahora. Problemática, porque la senadora no habla sólo como analista sino como parte del partido Verde y como coordinadora programática de su candidato presidencial, Enrique Peñalosa, que no tuvo reparos en buscar al uribismo para conquistar la alcaldía de Bogotá, la misma que las élites rancias ahora le quitan a la izquierda con la destitución de Gustavo Petro. De modo que si bien es cierto que, para disgusto de Uribe, Peñalosa está dispuesto a confirmar la comisión de Santos en la Habana para continuar con los diálogos de paz, él también hace parte de las mismas élites rancias que la senadora desea fuera de la institucionalidad y del poder. Aquí cabe recordar que fue la decisión de Peñalosa de buscar al uribismo la que supuso la renuncia de Antanas Mockus al Partido Verde, quién, por el contrario, buscó alianzas con Gustavo Petro del Polo Democrático cuando se disputaba la presidencia con Santos. Petro le dijo que no al Partido Verde por las mismas razones que Mockus le dijo que no al vínculo de su partido con el uribismo, porque a ambos les preocupaban los costos político-ideológicos que semejante coalición suponía para sus partidos con miras a un dudoso resultado electoral. Es nuevamente el partido Verde, en cabeza de una de sus élites más rancias, el que de nuevo busca a la izquierda, a López, como representante de uno de esos sectores progresistas y democráticos, para ver si puede volver a inyectarle legitimidad a un partido que hace pocos años no tenía reparos en asociarse con el uribismo, el grupo más penetrado por el paramilitarismo, como lo ha sabido exponer públicamente la propia senadora López.

Aquí vale la pena recordar el modo en que Bernice Johnson Reagon describió aquello en lo que consiste hacer alianzas, cuando realmente se está haciendo trabajo de coalición, como un convivir con una amenaza que compromete el propio núcleo de quien se arriesga a hacerlas y que la propia Bernice Johnson Reagon considera no solo necesarias sino inescapables. Para Mockus, esa coalición del Partido Verde con el uribismo significó no sólo comprometer sino sacrificar el propio núcleo de la organización en la que ya no se sintió reconocido. Para Petro significaba lo mismo asociarse con el Partido Verde. Ahora es López quien enfrenta el desafío, consciente de que la situación es tan grave como la describe Bernice Johnson Reagon, que la izquierda no ganará los espacios institucionales de poder que le permitirán sobrevivir si, paradójicamente, no se asocia con la quizás menos rancia de las derecha (arriesgando su propia vida al hacerlo), debido a que ahora enfrenta la poderosa maquinaria electoral con la que cuenta la derecha más rancia y que incluye, por supuesto, el control político de extensos territorios a base de narco-paramilitarismo.