* Palabras al Margen

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El proceso de paz sigue avanzando a pesar de los problemas y las tensiones analizadas en los artículos anteriores1. Sin embargo, lo ha hecho en medio de un álgido debate que demuestra que las controversias políticas se profundizan cada vez más. Alrededor de las negociaciones se han agrupado sectores con visiones y propuestas políticas opuestas, reflejadas en la oposición y el optimismo que distintos actores manifiestan frente a los acuerdos de La Habana y la transformación política del país. Si bien los diálogos se han desarrollado según la agenda pactada, en el pasado mes de septiembre la prensa escrita centró su atención en el cruce de argumentos entre el uribismo y el gobierno de Juan Manuel Santos, y el escepticismo de los analistas, especialmente en lo que refiere a los tiempos políticos y los mecanismos de justicia.

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Septiembre fue uno de los meses más críticos del proceso de paz, quizás el momento de mayor escepticismo desde que se iniciaron las conversaciones. Aunque se vio con buenos ojos el reinicio de los diálogos, luego de una corta pausa en la discusión sobre participación política, suscitada por la necesidad de las Farc de analizar las reformas legislativas que el gobierno venía promoviendo -como el referendo-, las posiciones de los actores políticos no variaron significativamente respecto a los meses anteriores. Sin embargo, otros actores, como columnistas y analistas que habían manifestado su apoyo al proceso, transitaron hacia el escepticismo. Los pocos avances en las conversaciones y los efectos políticos que leyes como el Marco Jurídico para la Paz podían tener en el proceso, fueron los detonantes de esta nueva posición.

A finales de mes, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, emitió una declaración en la que anunció que rompería la confidencialidad de la mesa de negociación, como medida para contener la ofensiva mediática que en su opinión fue impulsada por el presidente de la república Juan Manuel Santos, quién señaló a las Farc como culpables del lento avance del proceso de paz. El jefe máximo de las Farc respondió ante el mensaje de Santos diciendo que «Lo que se acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección»2, y no la paciencia de los colombianos, como lo había afirmado el mandatario. Para las Farc, la oleada de críticas provenientes de actores institucionales sobre la larga duración del proceso, solo pretendía identificarlos a ellos como culpables y brindar un margen de legitimidad al gobierno de Santos para las futuras elecciones presidenciales.

Las críticas hacia las Farc partieron de lo anunciado por el presidente Santos: «La idea es que las conversaciones no tengan un tiempo ilimitado, que se puedan medir en meses y no en años»3, al dar a conocer el «Acuerdo general para la terminación del conflicto» en septiembre de 2012. Sin embargo, un año después, solo se había acordado el primer punto de la agenda. En respuesta a esta situación, representantes del gobierno jugaron un papel importante, culpando a las Farc por la lentitud de los diálogos. El vicepresidente Angelino Garzón dijo que las Farc estaban dilatando mucho el proceso, y el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón «les dijo a las Farc que firmen pronto, porque “el Presidente les ha dado una señal muy clara a nombre del pueblo colombiano y esperamos que rápidamente le cumplan al país”»4, y añadió en otras declaraciones que deben dar menos comunicaciones fuera de proporción y producir más avances en el proceso de diálogo con el gobierno en La Habana.

Sin embargo, desde la instalación de la mesa en Oslo, los negociadores del gobierno y de las FARC manifestaron posiciones radicalmente opuestas sobre el tiempo de duración de los diálogos. Por un lado, para el gobierno el tiempo de las negociaciones debía ser corto, pues los temas de discusión no se referirían al modelo político o económico del país. Por el otro, las Farc no consideraban el tiempo como un límite, y desde un inicio plantearon que el proceso de paz sí debía incluir discusiones políticas que permitieran transformaciones profundas del sistema político y económico, en aras de solucionar las contradicciones que dieron origen al conflicto.

Esta lectura distinta del proceso de paz volvió a tomar un protagonismo significativo un año después, en septiembre de 2013, por ser el inicio de un periodo pre-electoral marcado por una baja popularidad del presidente Santos después del Paro Nacional Agrario. Esto requirió de acciones urgentes por parte de la institucionalidad para dirigir la crisis de legitimidad que vivían los diálogos hacia las Farc, y no hacia el gobierno, el cual manifestó que si fracasaban las negociaciones, Colombia no habría perdido nada, y la guerra seguiría siendo el mecanismo para alcanzar la paz.

Mientras el gobierno canalizaba la crisis de legitimidad del proceso de paz hacia las Farc, sectores del uribismo la dirigían hacia el gobierno en aras de generar una situación política de desprestigio que pudiera ser aprovechada electoralmente por el Centro Democrático. Parte de las críticas contra el gobierno las desarrollaron analistas y columnistas opositores de las negociaciones, quienes manifestaron un rechazo profundo a la declaración de Timochenko y al proceso de paz. Se destacó la opinión del columnista Pablo Jaramillo, quien aseguró que la comunicación del máximo líder de las Farc solo demostraba que era el grupo guerrillero quien manejaba la agenda política desde La Habana y el ritmo de las conversaciones con el gobierno nacional5, dando a entender que la paz de Santos conduce a la entrega del país al castro-chavismo6, reforzando la idea que otros actores del uribismo han venido señalando. En ese mismo sentido se pronunció el analista Rafael Nieto, quien aseveró que Santos convirtió una derrota estratégica de las Farc en una negociación «entre iguales», donde ganaba siempre las Farc. Así, este sector de analistas y opositores acudió a esta situación para generar un escenario de crisis y desconfianza gubernamental, que implicara un panorama aún más desfavorable para Santos en las elecciones presidenciales.

Aunque la confidencialidad de las negociaciones se mantuvo, el anuncio de Timochenko dejó un sinsabor en varios analistas que hasta el momento habían defendido el proceso de paz, quienes manifestaron que esta situación era una expresión de la crisis de las negociaciones. Entre ellos, el director de la Fundación Indepaz, Camilo González, manifestó que la ausencia de avances en las rondas de conversaciones había sido consecuencia de la discusión permanente de todos los temas de la agenda, pues en la mesa se combinó la participación política, la refrendación y la implementación.

Al debate por la duración de las conversaciones se sumaron las contradicciones políticas que las partes de la mesa habían hecho manifiestas, como un factor que permitió cuestionar la legitimidad del proceso de paz. Así lo señaló Héctor Riveros, analista de la Silla Vacía: «este anuncio pareciera demostrar que discusiones como el mecanismo de refrendación y la justicia transicional habían entrado en una situación sin salida»7.

Los temores de algunos analistas y columnistas sobre esta situación sin salida, se agudizaron por el comunicado oficial por parte de la Corte Constitucional en el que aclaró las condiciones de exequibiliad del Marco Jurídico para la Paz, entre ellas, las limitaciones para hacer uso de la suspensión de penas. El texto señaló: «El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática»8. Esta declaración generó un panorama de dudas dentro de analistas y académicos, principalmente por las implicaciones políticas que esto tendrá para el proceso, teniendo en cuenta que las Farc en varias ocasiones afirmaron que si se llega a lograr la paz, no aceptarán ir a la cárcel. Sin embargo, con esta nueva situación jurídica tal pretensión parece ser imposible de cumplir, y esto podría afectar el desarrollo de las conversaciones y los acuerdos a los cuales se pueda llegar.

Después de conocerse el comunicado oficial de la Corte Constitucional, las críticas a la norma por parte de las Farc no radicaron únicamente en su unilateralidad, sino en su contenido y aplicación, pues el escenario genera además de inseguridad jurídica, un escenario de rendición de los milicianos ante la justicia. Con esta situación, los jefes guerrilleros tendrían que ir necesariamente a la cárcel, lo que garantizaría una menor impunidad para aquellos que demandan justicia carcelaria, pero también un riesgo gigantesco de que las Farc decidan no firmar un acuerdo de paz. Así lo manifestó Rodrigo Granda en un comunicado de las Farc refiriéndose al Marco Jurídico para la Paz como «“imposición” y “estorbo para lograr el fin del conflicto”»9.

Esta situación generó dudas y escepticismo sobre la continuidad del proceso de paz. Entre los académicos que se pronunciaron, se encuentra el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, y el director de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, quienes señalaron que la posibilidad de investigar casos ocurridos de forma sistemática, sin especificar que deben ser únicamente los relacionados con crímenes de lesa humanidad o de guerra, genera un escenario de confusión para las Farc, pues no son claras las condiciones en las que se desarrollaría su proceso de dejación de armas.

Existe otro elemento que agudizaría la eventual inestabilidad política del proceso de paz, señalado por estos académicos. El órgano responsable de reglamentar el Marco Jurídico para la Paz y de resolver las diferencias interpretativas por medio de una ley estatutaria sería el Congreso elegido en 201410. Esto podría, en un futuro, transformar nuevamente los mecanismos de la justicia transicional, dado que el avance del uribismo y su consolidación como fuerza política importante al interior del Congreso puede derivar en una correlación desfavorable para los miembros de la guerrilla, quienes tendrían que enfrentar un escenario judicial adverso si llega a buen término el proceso en La Habana.

Las dudas por los tiempos políticos y los futuros mecanismos de justicia desataron un escenario de incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz. Tanto los opositores como los optimistas se refirieron a esta situación como problemas profundos de los diálogos. Sin embargo, un sector de formadores de opinión apoyó a Santos para enfrentar la crisis de legitimidad de las conversaciones, pero en este caso siendo escépticos sobre las negociaciones, por la desconfianza que suscitaron las distintas declaraciones de las Farc y el poco futuro que le veían al mismo. En ese sentido, se destaca la posición de Gabriel Silva Luján, quien ha hecho de su columna en El Tiempo un espacio para la defensa férrea del gobierno Santos y para el debate con el uribismo. Silva, en una columna titulada «¿Hora de romper?», plantea que las Farc con sus actitudes le han hecho un favor infinito a Álvaro Uribe, al deslegitimar los diálogos, y por ello finaliza diciendo que «De pronto Santos les debería hacer caso a los que claman que es hora de romper»11, aspecto que no lo había contemplado en sus escritos anteriores. Del mismo modo, el columnista Nicolás Uribe Rueda, quien de forma moderada había apoyado el proceso de paz, en su columna «Salvar el pellejo» afirmó que pocas esperanzas quedan en las conversaciones: «Para que la guerrilla cese en su intención de dispararnos, lo único que sirve es la claudicación»12, haciendo referencia a las Farc como únicos culpables de un fracaso inevitable de la negociación. Por su parte, la editora de El Tiempo, Marisol Gómez, en varias de sus noticias afirmó que «Si (…) todo se mantiene como está hoy, el pronóstico para el proceso de paz es malo»13.

Los planteamientos desarrollados por estos columnistas y otros medios de gran acogida nacional esbozaron, a diferencia de otros análisis, un apoyo al gobierno de Santos; sin embargo consideraron que la paz no puede ser la única apuesta del gobierno para la reelección, dada su crisis de legitimidad en la sociedad, y probablemente, la crisis política al interior de la mesa.

La crisis de legitimidad del proceso de paz planteó dos retos, uno a las partes negociadoras y otro a los movimientos sociales. En los meses siguientes a septiembre, tanto el gobierno como las Farc (y sus representantes en La Habana) asumieron la tarea de defender los diálogos ya fuese, en el caso del primero, impulsando la aprobación de leyes en el Congreso (como fue el caso del llamado referendo por la paz) o, en el caso de la mesa de conversaciones, haciendo públicos avances y acuerdos de los puntos de la agenda. Por otra parte, los temores expresados en relación con la posibilidad de que el uribismo triunfara en las elecciones al Congreso y Presidencia, hizo evidente que la paz es una política de gobierno y no de Estado y que la continuidad del proceso depende de la configuración política de los órganos de poder público del país. Esta situación le impone una tarea fundamental a los movimientos sociales: defender el proceso de paz y disputarle la decisión de su continuidad a quienes buscan con él —o en contra de él— conseguir sus victorias políticas, para que la política y la construcción de paz no dependan del presidente de turno y ésta sea el inicio de una nueva democracia. El análisis de la manera como estos retos fueron afrontados hará parte de los próximos artículos del Observatorio.

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1Los artículos pueden ser consultados en el siguiente enlace de Palabras al Margen: http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/category/teopoco
2http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-revelara-secretos-proceso-de-paz/358878-3
3http://www.elespectador.com/noticias/temadeldia/una-nueva-oportunidad-paz-articulo-372583
4http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/anuncio-timochenko-sobre-proceso-paz-expresion-crisis-analistas
5http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/con_el_mismo_rasero_1/con_el_mismo_rasero_1.asp
6http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/224123-a-las-farc-no-les-interesa-la-paz-sino-el-poder-francisco-santos
7http://www.larepublica.co/asuntos-legales/anuncio-de-timochenko-es-expresi%C3%B3n-de-crisis_64551.
8http://www.elespectador.com/noticias/judicial/maximos-responsables-de-crimenes-de-lesa-humanidad-no-p-articulo-444833
9http://www.semana.com/nacion/articulo/farc-marco-juridico-paz-estorbo/358151-3
10En el mismo sentido se pronunció el analista José Gregorio Hernández de Razón Pública, el columnista Yesid Reyes Alvarado de El Espectador y Juanita León de la Silla Vacía.
11http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13091274
12http://www.elespectador.com/opinion/salvar-el-pellejo-columna-449208
13http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13084827