* Palabras al Margen

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Dicho informe parte de una idea central: es necesario incorporar consideraciones de sostenibilidad ambiental, social y económica, de forma preventiva y consustancial, a cada una de las iniciativas de paz acordadas en La Habana con implicaciones territoriales. Esto permitiría anticipar los procesos de degradación ambiental derivados del conjunto de intervenciones que se proyectan adelantar (infraestructura, ampliación de la frontera agropecuaria, desarrollo de proyectos extractivos, entre otras) en diferentes zonas del país de alto valor ambiental, algunas de las cuales han sido poco perturbadas o se han mantenido “aisladas” de grandes proyectos de inversión por cuenta de la propia dinámica del conflicto armado. De igual forma, proporcionaría las bases técnicas, normativas y sociopolíticas para garantizar que las actividades económicas y productivas que se van a promover en las regiones, consideradas como prioritarias para la implementación de las acciones de paz, sean coherentes “tanto [con] la vocación productiva de la población, como [con] las características biofísicas del suelo y la oferta natural disponible”1.

A modo de recomendación, el informe sugiere tres iniciativas que permitirían incluir una perspectiva sostenible en la implementación de los acuerdos de paz: i) adelantar procesos de ordenamiento territorial concertados, ii) fortalecer política, técnica y financieramente a las autoridades ambientales y iii) promover modelos de desarrollo local sostenible. Estas propuestas, aunque son tratadas de forma diferenciada, comparten una perspectiva política de la problemática ambiental del país, no sólo al reconocer que buena parte de los procesos de degradación territorial son resultado de vacíos normativos, de la debilidad técnica y financiera de las autoridades ambientales, del desconocimiento de las realidades locales tras la toma de decisiones desde organismos centrales, entre otras variables relacionadas con la forma de gobierno; sino particularmente al asentir que las acciones de paz deben estar atravesadas por activos procesos de participación y deliberación ciudadana.

Afirmar que la sostenibilidad de las propuestas de paz territorial pasa por enmarcar la perspectiva ambiental en un ámbito político, debe llevarnos a otras reflexiones. Revisemos algunas de ellas.

Sostenibilidad e imposición de formas

En primer lugar, vale la pena insistir, por obvio que parezca, que la forma como se interpreta la sostenibilidad es un campo de disputa y apropiación ideológica con claras repercusiones sobre los territorios. ¿Qué es lo que se quiere sostener? ¿Quiénes determinan el contenido de este concepto? ¿Quiénes se benefician de las prácticas derivadas de tal significación? En este sentido, la perspectiva política de la sostenibilidad (ambiental, social, económica) debe partir de la capacidad de identificar los actores e intereses que aportan a la construcción de su definición, así como las estrategias desplegadas para convertirlo en un concepto aparentemente unívoco y universal, frente al cual sólo resta su aceptación e implementación, pero no su resignificación.

Por lo anterior, el actual panorama de degradación ambiental, el deterioro de la calidad de vida de las poblaciones y la destrucción de la base de recursos naturales del país, no son consecuencias de algún orden natural de la sociedad ni simples externalidades fortuitas del sistema económico imperante, por el contrario, son procesos inherentes a una racionalidad económica global y a una forma de administrar los bienes públicos (es decir a una particular interpretación de la sostenibilidad, en este caso del capital) que, además de promover la expoliación desmedida de la naturaleza y la “imposición de formas” territoriales (siguiendo a Milton Santos), genera profundos escenarios de empobrecimiento social. En el marco de un proceso de paz es preciso que estos planteamientos se discutan, que se precise qué es lo que se quiere sostener (mantener en el tiempo) y, con ello, qué es lo que no está sujeto a cambios, de forma tal que se ponga en evidencia las relaciones de poder y los intereses que soportan el deterioro de la calidad de vida y la desigualdad social en vastos territorios del país, pese a su riqueza ambiental.

Calidad de vida y reordenación del mundo

En segundo lugar, es indispensable que el tema ambiental se convierta en un referente político dentro de las prácticas que orientan la implementación de las acciones de paz. En este sentido es relevante que, dentro del proceso de “reordenación del mundo” (en palabras de Enrique Leff) se adopten paradigmas que resalten las interacciones, las interdependencias y la complejidad de la realidad social y ecológica enfrentada. Así, el ordenamiento de los territorios y las dinámicas de planificación del desarrollo y de inserción de actividades productivas de gran capital, deben adelantarse atendiendo las condiciones ambientales del lugar, la participación de sus habitantes y, ante todo, la calidad de vida de sus pobladores. Esto significa que la implementación de las acciones de paz debe ser una oportunidad para que la sostenibilidad ambiental y social (en un sentido transformador, democrático y complejo) deje de ser una simple figura discursiva y se incorpore como elemento orientador en la ejecución de políticas concretas.

Política del bien colectivo Vs políticas sectoriales

En tercer lugar, en países como Colombia, donde las instituciones no responden al interés general y donde el horizonte de acción de los gobiernos de turno es dirigido por y para una minoría privilegiada, es preciso recuperar el sentido público de lo institucional. La calidad de vida y la calidad ambiental, dos caras de una misma moneda, son aspectos de interés colectivo y su aseguramiento demanda de instituciones robustas que dejen de actuar como garantes de los actuales escenarios de injusticia, desigualdad y corrupción.

La politización del ambientalismo implica, más allá de dinamizar la política ambiental del país, recobrar el sentido público del Estado a nivel nacional, regional y local. La paz exige cambios, y uno de los más apremiantes (si realmente se quiere superar las condiciones que alimentaron por tantos años el conflicto armado y si realmente se quiere construir condiciones que tornen efectivas la implementación de las propias políticas ambientales) es la recuperación del Estado de las mafias y los intereses de una minoría privilegiada para garantizar la sostenibilidad ambiental y social de las acciones a realizar. En pocas palabras, la politización del ambientalismo reclama priorizar la construcción de una política centrada en el bien colectivo (concepto igualmente en disputa, pero claramente ausente de la situación actual), por encima de la satisfacción de políticas sectoriales.

Mundo común y acción ciudadana

En cuarto y último lugar, la politización del ambientalismo, en el marco de un posible escenario de cese del conflicto armado, debe exigir que la acción ciudadana tenga una mayor presencia en el ámbito público. El bienestar colectivo, el sustento de la base material de la sociedad, la salud y la calidad de vida no son temas menores de los que el grueso de la población deba apartarse. Todo lo contrario, la problemática ambiental, instalada en una sociedad del riesgo global (siguiendo al alemán Ulrick Beck), debe generar una amplia y acalorada discusión con miras a favorecer una mayor visibilidad de la ciudadanía. Las problemáticas ambientales, que afectan elementos vitales para la convivencia común, exigen de una participación ampliada que anime una democracia socialmente activa. Esto implica discutir estos temas en ámbitos que trasciendan las esferas tecnocráticas, pero también exige una mayor movilización social en torno a estas inquietudes2. La paz son cambios, y uno de ellos debe apuntar a instalar las problemáticas ambientales en la arena de los asuntos públicos, pues no hay que olvidar que no existe ningún mundo común sin un medioambiente que lo posibilite.

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1SNUC y MADS (2014). Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia – Insumos para la discusión. Bogotá, Colombia. Pág. 8.

2Ver: “Indignación por la calidad ambiental del país: un tema pendiente de movilización social”, en: http://www.palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/indignacion-por-la-calidad-ambiental-del-pais-un-tema-pendiente-de-movilizacion-social