* Palabras al Margen

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La región afectada por el proyecto hidroeléctrico está compuesta por grandes propiedades tradicionales y pequeñas propiedades que tienen dos orígenes: a) producto de la reforma agraria de los años 1970 (con trabajo familiar parcelado) y b) parceleros tradicionales. Del mismo modo, existen pequeños productores que no tienen propiedad como partijeros y arrendatarios de tierras, muchos de los cuales tienen lazos familiares con pequeños propietarios, jornaleros y mayordomos, haciendo parte de un mismo grupo social que cuenta con diferenciaciones sociales.

Dentro de los diversos grupos poblacionales, están los campesinos beneficiarios del programa de reforma agraria, quienes conforman ocho empresas comunitarias1 localizadas en los municipios de Gigante y Agrado2, creadas en las décadas de 1970 y 1980. Ellas han tenido desarrollos e historias diferenciadas que están relacionadas con los momentos en que se recuperaron las tierras, los sistemas de riego, las formas de pago de las deudas contraídas con entidades financieras, la rentabilidad de las empresas, las vías de comunicación, etc.

El modelo de repartición de tierras de esa época estuvo basado en la figura de la ley 135 de 1961 de reforma agraria, que solamente fue impulsado seis años después con la creación, por medio del decreto presidencial 755 de 1967, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Esta organización se radicalizó en la década de 1970 con una grande cantidad de recuperaciones de tierras en varias regiones de Colombia3.

En términos generales, la ley consistía en que después de ocupaciones de tierras improductivas por parte de campesinos, el gran propietario tenía la posibilidad de conservar la mitad de su propiedad con la obligación de vender la otra parte para el entonces Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), utilizando principalmente en el proceso de adjudicación al campesino la figura de “empresas comunitarias”. Si el dueño de la tierra no quería la venta, esta iba a pleito con el INCORA. Esto pasó con los terrenos que comprenden las empresas La Libertad y La Escalereta, las cuales después del tiempo y el esfuerzo fue ganada por los campesinos.

Del mismo modo, todas las empresas de la región se dividieron entre los diferentes socios fundadores, conservando al día de hoy el nombre, y en algunos casos, el titulo colectivo, no obstante, el trabajo de la tierra está delimitado por parcelas de núcleo familiar. En otras palabras, se presentó una predominancia de la esfera de la unidad doméstica (entendida como “el conjunto de individuos que viven en la misma casa y poseen una economía domestica común” (Heredia, 1979) por sobre un colectivismo que fue promovido en la época de la reforma agraria. Aclarando que, esta forma de organización social no implica la ruptura entre las diferentes unidades domésticas que hacen parte de una misma comunidad.

Así, la organización de dos de las empresas comunitarias de la región era la siguiente: en la Libertad (localizada en el municipio de Gigante, en los corregimientos de Rioloro y Veracruz, fundada después de siete años de lucha en 1977) cada unidad doméstica trabajaba con i) dos hectáreas para cultivos de pancoger con maíz, tomate, habichuela, yuca y plátano, ii) 5.5 hectáreas para cultivos intensivos o comerciales como arroz (en relación con el molino Florhuila), iii) 1,5 hectáreas para labranzas como llaman al cacao., y iv ) ½ hectárea para la vivienda (EIA; 306). En la Escalereta (en el municipio de El Agrado y fundada en 1973 después de dos años de luchas) la distribución es similar: i) 1,0 hectárea para pancoger como hortaliza, maíz, plátano, frijol, ahuyama, ii) 14 hectáreas para cultivo rotatorio (arroz o tabaco), iii) 4,5 hectáreas para ganado (EIA; p. 301).

El proyecto hidroeléctrico y sus conflictos

La llegada del proyecto El Quimbo para quienes viven en la región, ha implicado cambios en su cotidianeidad, así como la acentuación de conflictos que ya existían y giran alrededor de la tierra. En términos generales, en la región se han presentado tres grandes decisiones que han cambiado las condiciones de producción de las personas que allí habitan como son: 1) la declaratoria de utilidad pública en septiembre de 2008, que imposibilitó que los propietarios de tierras pidieran préstamos a las entidades financieras en cultivos como el arroz, el cacao o el tabaco, afectando igualmente a los pequeños productores como partijeros y arrendatarios; 2) la venta de las grandes propiedades (en 2010 y 2011) con la que muchos trabajadores y pequeños productores complementaban parte de sus ingresos familiares; y 3) las compensaciones para cada “grupo poblacional”, lo cual ha profundizado conflictos por la tierra, realizando dos divisiones a tener en cuenta: lo entendido como Área de Influencia Directa (área estrictamente inundada) Área de Influencia Indirecta (el “resto”) y entre propietarios y no propietarios.

Los cambios producto de estas tres decisiones del Estado por el proyecto han implicado múltiples reacciones y acciones por parte de los grupos de la región. En el caso de las empresas comunitarias, ellas se encontraban en un proceso de crecimiento en número de miembros, el nacimiento de nuevos grupos familiares, a partir de casamientos y la importancia de la tierra para su reproducción como grupo social, crearon para ellos escases de tierra con el tiempo. Empresas como la Escalereta que tenía en sus orígenes 21 núcleos familiares tiene en la actualidad (2013) más de 90.

Expedida la licencia ambiental, se estipuló que en el proceso de reasentamiento a aquellos que tuvieran menos de 5 hectáreas tenían derecho a 5 hectáreas más una casa y en el proceso de reubicación a los miembros fundadores se les restituiría la tierra que tenían (es decir quienes tenían más de 5 hectáreas).

En ese proceso, Emgesa realizó una diferenciación entre aquellos que eran propietarios y quienes no lo eran. Es decir, las personas propietarias tenían derecho y las no propietarias no, desconociendo a núcleos poblacionales como los residentes no propietarios, quienes comparten lasos familiares y de vecindad con aquellos propietarios miembros de las empresas comunitarias y que por los diferentes procesos de herencia y sucesión, habían quedado sin posesión formal de la tierra en el momento de la llegada de la hidroeléctrica.

Muchos iniciaron procesos de división formal de sus propiedades buscando que las compensaciones del proyecto llegaran a sus familias. En el caso de los miembros de la empresa La Escalereta iniciaron negociaciones directas con Emgesa (a diferencia de otras comunidades que han aceptado la medicación de la organización Asoquimbo, la cual ha trabajado por la restitución de los derechos de las poblaciones afectadas por el proyecto). La negociación que inició la Escalereta se materializó en julio de 2011 donde Julio Santafé, gerente del proyecto, entregó los títulos a las personas de esta comunidad y donde la mayoría de sus miembros firmaron para Emgesa aceptar la compensación.

Sin embargo, en la actualidad las reubicaciones de estas personas no ha iniciado, sumiendo a las poblaciones en la incertidumbre. Así, en la Escalereta se realizó un paro en julio de 2012, producto de su incertidumbre por el no inicio de las reubicaciones y de las compensaciones de aquellos que eran residentes no propietarios, hijos y parientes de los propietarios que han vendido.

Una de las integrantes de esta comunidad expresó “el tejido social ya no existe, la unidad como comunidad se está rompiendo porque se enfrentan unos a otros, porque a uno le dan condiciones y a otros ni siquiera nos ponen cuidado para solucionar los problemas a nuestros hijos, nuestros nietos que son residentes no propietarios. A esas familias son las que están desalojando porque a los propietarios que están compensando que está vendiendo, a ellos les están exigiendo que tienen que sacar a las familias que están en sus predios, en esos lotes o casas para poder Emgesa pagarles”.

Así, Emgesa ha utilizado la siguiente estrategia: 1) presionar a los propietarios para la venta directa de predios (desconociendo un artículo de la licencia ambiental que estipula que los pequeños propietarios tienen como primera opción el reasentamiento/reubicación o pago del predio); y 2) las personas que exigen reubicación no las compensan al momento, inundándolas de incertidumbre, en medio del avance de las obras.

Finalmente, existe en la región de influencia del proyecto el quimbo, diferencias entre los diferentes centros poblados. Así, se han presentado otras acciones como recuperaciones de tierras (como en la Honda-Gigante 2012 y La Virginia-Altamira 2013), toma de las obras (inicios de 2012), resistencia al proceso de venta de tierras, e inconformismo frente a las compensaciones. En estos procesos la presencia de Asoquimbo, ha sido fundamental como mediadora que ha exteriorizado la problemática y ha conseguido ser un interlocutor de aquellos que han sido desconocidos, así como implementar una estrategia jurídica que ha hecho que diferentes entidades del Estado se pronuncien frente al proyecto, proponiendo de la misma forma la creación de la Zona de Reserva Campesina en la región en vez de la hidroeléctrica.

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1Siguiendo a Zamocs (1986) “económicamente, las empresas comunitarias fueron pensadas como cooperativas de producción de gran escala que proveerían de un uso de trabajo y de otros recursos de forma más racional, expandiendo la absorción de innovaciones tecnológicas, y facilitando el acceso al crédito y otros servicios, mejorando así la posición de los campesinos en el mercado y simulando un proceso de capitalización que generaría un crecimiento autosostenido” (p. 174. Traducción propia). Igualmente, el titulo dentro de las empresas comunitarias permanecería indivisible por un número de años y posteriormente podría ser dividida en pedazos de tierra por sus miembros. 

2En el municipio de Gigante están las empresas La Libertad, Los Cocos, Remolino y Las Peñas, mientras en el municipio de El Agrado están las empresas La Escalereta, Los Lagos, El Triunfo y La Cañada.

3Ver Zamocs (1986) – The agrarian question and the peasant movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association 1967—1981; Cambridge University Press and United Nations Research Institute for Social Development.