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* Palabras al Margen

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Por el resto, el compromiso no es necesario únicamente en periodo de transición, este es intrínsecamente consubstancial a la lógica del funcionamiento de toda democracia. De cierta manera, se puede considerar la democracia como el arte del compromiso. Desde esta óptica, la cuestión entonces es la de saber en qué medida recurrir al compromiso en el contexto tunecino constituye una nueva práctica fundadora de un régimen democrático y no la ocasión para buscar arreglos contingentes o de formar alianzas comprometedoras. De hecho, la ambiguedad del compromiso en política vuelve la implicación potencialmente posible. El desarrollo de estas prácticas de compromiso ¿dejan presagiar la construcción de instituciones políticas y sociales, de formas de regulación que responden a las exigencias de la democracia en tanto que régimen y no cómo simple procedimiento? Recordemos que según Castoriadis, la democracia es un «régimen de auto-institución».

Lo que está en juego en todo compromiso es la aceptación de la unidad en la diversidad, es decir poner las bases de una sociedad pluralista que respete las diferencias. Como lo muestra Raymond Aron, la democracia pluralista se funda sobre dos exigencias mayores que se combinan, «el respeto de la legalidad o de las reglas y el sentido de compromiso». El último, en tanto que forma de mediación social y política, implica el reconocimiento de la legitimidad de argumentos divergentes, y la necesidad de contener el conflicto con el fin de construir un acuerdo sobre la base del entendimiento.

En cuanto a la situación en Túnez, se puede, en diferentes aspectos, hablar de «compromiso histórico» en la medida que los actores políticos y los miembros de la sociedad civil han logrado establecer consentimientos consensuales que fijan las condiciones de un pluralismo efectivo, permitiendo la coexistencia de fuerzas socio-políticas con intereses y objetivos contradictorios. Específicamente, hubo formación de compromisos en la medida que, de un lado, las fuerzas de oposición (laicas) aceptaron la participación del partido islamista Ennahdha en el juego político, y por otro lado, los paridos políticos en el poder aceptaron la idea de negociación y de diálogo nacional para salir de las repetidas crisis políticas que conoció el país entre 2011 y 2014. A pesar de las divergencias de los respectivos proyectos, las dos tendencias se aceptaron mutuamente e hicieron concesiones recíprocas para llegar a acuerdos de compromisos. Sin embargo, esto no se trata ni de un compromiso ideológico que busca acercar cosmovisiones divergentes, incluso incompatibles, ni de asociar y mucho menos de fusionar dos ideologías, una religiosa y otra laica. Se trata de «llevarlas» a privilegiar el interés general sobre sus intereses particulares. Diferentes factores y actores han contribuido a la formación de este compromiso, algunos son de orden nacional y otros de orden internacional. Presento aquí algunos de los más significativos:

1. El rol del contra poder de la sociedad civil y sobre todo de los movimientos feministas que, después del levantamiento, encontraron un nuevo aire y se movilizaron para crear una dinámica de compromiso y de resistencia;

2. La instauración de un «diálogo nacional» apadrinado por el «cuarteto» formado por la Central Sindical (UGTT), la Unión patronal (UTECA), la asociación de abogados y la Liga de Derechos del Hombre. La unión de estas cuatro organizaciones obligó al gobierno a entrar en la mesa de negociaciones;

3. El rol de los dos líderes políticos carismáticos influyentes: Béji Caid Essebsi, fundador y presidente de Nida Tounes et Rached Ghannouchi, presidente del movimiento islamista Ennahdha. Las posturas de este partido dependen principalmente de la autoridad de su presidente, Ghannouchi, quien se mostró bastante pragmático y, algunas veces, hozó tomar decisiones que no eran unánimes entre los militantes ni tampoco del consejo consultivo del partido (Majlis Echoura);

4. Los apoyos internacionales, especialmente el de Argelia y ciertos países occidentales (Europa-Estados Unidos);

5. La aparición del radicalismo salafista (Ansar al-Charia) y del terrorismo djihadiste, con el asesinato de los dos opositores políticos de izquierda (Chokri Belaid y Mohamed Brahmi); el gobierno no fue capaz de enfrentar el peligro del terrorismo y se le reprochaba un cierto laxismo frente a los movimientos salafistas;

6. El impacto del golpe de Estado del 3 de julio de 2013 en Egipto. Sabemos cómo el general Sissi destituyó al presidente Morsi del poder y la represión sangrienta que siguió. Estos eventos tuvieron un impacto considerable en Túnez. El partido Ennahdha comprendió que Occidente (sobre todo Estados Unidos) abandona a los hermanos musulmanes y toma consciencia de la fragilidad de su situación en el poder. De hecho, el «escenario egipciano» pesaba como una espada de Damocles sobre toda la clase política tunecina, sin importar la tendencia.

Una vez expuestas estas consideraciones generales, es conveniente ahora tratar la cuestión de la legitimidad del compromiso durante la transición democrática, recordando que esta fue precedida por dos formas de legitimidad, una revolucionaria y otra electoral. Estas tres legitimidades marcaron el proceso de transición democrática en Túnez.

La transición democrática y el conflicto entre legitimidades

Durante el periodo de transición, entre 2011 y 2014, tres formas de legitimidad han tenido lugar, algunas veces chocando entre ellas: la legitimidad revolucionaria (shar‘ya thaouriya), la legitimidad electoral (shar‘ya intikhabiya) y la legitimidad del compromiso (shar‘ya tawafoukiya). Cada legitimidad nació de la convergencia de un conjunto de acciones y de compromiso político que implicaron la movilización de varios factores y autores políticos. Cada legitimidad representa igualmente un momento determinante de la evolución del proceso de transición democrática y una configuración específica del estado de las relaciones de fuerza socio-políticas en el país. Veamos cuáles son los contornos de estas tres formas de legitimidad.

La legitimidad revolucionaria: ¿un proceso inacabado?

Esta legitimidad nació con el levantamiento popular del 2010-2011 y se afirmó durante ciertos episodios del proceso revolucionario, especialmente los dos sit-in (i‘tisâm) bautizados Kasbah I y II. Los episodios que dejaron una marca fueron los siguientes:

1. El acto insurreccional que tuvo lugar del 17 de diciembre del 2010 al 14 de enero del 2011: este comenzó con el estallido de la protesta en las regiones empobrecidas del centro y se extendió como una mancha de aceite a otras regiones del país para llegar, en su última etapa, a la capital. Liderada al comienzo por profesionales sin empleo y las clases menos favorecidas, la protesta tomo una gran dimensión con la movilización de otras capas de la población y del movimiento sindical, para finalmente contar con una buena parte de la clase media.

2. La radicalización del proceso revolucionario, del 17 de enero al final de febrero del 2011: luego de la caída de Ben Ali, los dos gobiernos de Mohamed Ghannouchi, ex primer ministro de Ben Ali, buscaron conservar la continuidad del Estado formando gobiernos, abiertos a ciertos partidos de centro izquierda. Sin embargo, las reivindicaciones se radicalizaron poniendo fin a ese gobierno y exigiendo elecciones para la formación de una Asamblea nacional constituyente.

3. Periodo que va de principios de marzo hasta las elecciones del 22 de octubre del 2011: El gobierno de Béji Caid Essebsi fue el fruto de un compromiso político para restaurar el «prestigio del Estado» (Irjâ’ Haybet al-Dawla) y preparar las elecciones democráticas transparentes.

Kasbah 1

• Del 23 al 26 de enero, un movimiento de protesta se desarrolló al final del mes de enero y ocupó la plaza del gobierno en Kasbah, exigiendo la dimisión de los ministros de la RDC que ocupaban los ministerios soberanos (Relaciones exteriores, Defensa, y del Interior).

• El 27 de enero del 2011: luego de 5 días de ocupación de la plaza de la Kasbah (frente a la sede del gobierno) el primer Ministro Mohamed Ghannouchi procede a un reajuste ministerial al mismo tiempo que reprime a los manifestantes. La policía interviene violentamente y evacua la plaza Kasbah. Sin embargo, los manifestantes lograron su objetivo al forzar a los ministros RCDistas a la dimisión, a la excepción del primer ministro Ghannouchi quien dimisionó durante el gobierno Ghannouchi II.

Kasbah 2

• Del 20 al 28 de febrero: organización de un segundo sit-in (‘I‘tisâm), llamado Kasbah II, para exigir la dimisión del gobierno de Ghannouchi II. Una nueva ocupación de la plaza del gobierno culminó el viernes 25 de febrero con una manifestación de masa en el centro de Túnez. La Kasbah se convirtió en el lugar simbólico de la protesta popular. Los manifestantes reclamaban igualmente la suspensión de dos asambleas legislativas, la elección de una Asamblea constituyente y la promulgación de una nueva constitución. El sit-in terminó el 4 de marzo y la mayoría de las reivindicaciones fueron obtenidas: formación de un nuevo gobierno, organización de elecciones el 24 de julio para elegir los miembros de una Asamblea constituyente con el objetivo de redactar una nueva constitución. La particularidad de Kasbah II, es la entrada en escena de los islamistas: por primera vez el movimiento islamista ocupa la plaza y demuestra estar mejor organizado para canalizar la protesta. Como lo dice Abdallah Garam, uno de los líderes reconocido en la manifestación de Kasba I y de Kasba II «la capacidad de organización islamista nos sobrepasó, ellos estaban ausentes en diciembre y en enero. Desde Kasbah II, el gusano está en la fruta, los Hermanos musulmanes tienen el sartén por el mango».

Al final de estos diferentes episodios, Túnez inició un nuevo periodo durante el cual el gobierno preparó las elecciones, con resultados que consagraron la puesta en marcha de una legitimidad electoral.

La legitimidad electoral y su derivas

La legitimidad electoral se impuso luego de las elecciones no imputadas de octubre del 2011 y permaneció hasta la instauración del «diálogo nacional» en 2014.

De hecho, luego de las elecciones de los miembros de la Asamblea nacional constituyente, ningún partido obtuvo la mayoría absoluta de los escaños en la ANC, una coalición de tres partidos, – llamada Troika- compuesta por Ennahfha, el Congreso por la República (CPR) y Ettakatol se formó y estos tres partidos se repartieron las tres presidencias: la presidencia del gobierno por Ennahdhe, la presidencia de la República para el CPR y la presidencia de la ANC para Ettakato. De cierta manera, se trata de una coalición formada a partir de un compromiso político, pero un compromiso desequilibrado y fallido (un falso compromiso!) en la medida que este instituye la hegemonía de un partido, Ennahdha, sobre las otras dos partes. De todos modos, en cada momento de crisis- y fueron muchos- la Troika y en especial Ennahdha no pararon de defender el argumento de la «legitimidad electoral» (char‘ya intikhabiya) para responder a las críticas y sobre todo para descalificar el llamado a la dimisión del gobierno, formulado por la oposición y por algunos actores de la sociedad civil.

Una de las consecuencias del resultado de estas elecciones fue la bipolarización acentuada del campo político entre, de un lado, los partidos en el poder y sus aliados, y del otro, los partidos de la oposición y una buena parte de la sociedad civil. Como lo subraya Yadh Ben Achour, un gran jurista tunecino, ahora existe una diferencia capital entre el «pueblo de la revolución» y «el pueblo de las elecciones». En realidad esta polarización del campo político es de naturaleza ideológica y contiene dos proyectos de sociedad totalmente opuestos: el de los islamistas y el de sus aliados salafistas que buscan promover la idea de una identidad islámica y de un Estado (confesional) al servicio de la religión, y el de los laicos que defienden el proyecto de una sociedad modernizada y de un Estado civil. De esta manera, la sociedad tunecina es ahora una sociedad dividida, atravesada por tensiones y conflictos políticos y religiosos que se expresan incluso dentro de las familias. El diálogo entre las élites políticas de ambos lados se volvió difícil, si no imposible, y evidentemente infructuoso.

Esta polarización tuvo el mismo efecto al interior de la Asamblea nacional constituyente (ANC) donde los elegidos se organizaron en «mayoría» y «minoría», lo que no favoreció el desarrollo de una lógica consensual de deliberación y menos aún, de prácticas basadas en el acuerdo y el compromiso. Por otro lado, esto tuvo como consecuencia la de desviar la ANC de su principal función, a saber; la redacción de una nueva constitución. De esta manera, la Asamblea constituyente se convirtió en una asamblea legislante, lo que constituye una desviación de orden institucional. De hecho, Túnez eligió una Asamblea constituyente para dotar al país de una nueva Constitución y fijar las bases de un nuevo régimen democrático. Pero en lugar de fundar un nuevo modo de gobierno, lo que se estableció fue un gobierno sin fundamento constitucional. En nombre de la «legitimidad electoral», los sucesivos gobiernos provisionales sirvieron a la ANC para instaurar una política partidaria, buscando fijar nuevas reglas del juego político. De cierta manera hay una instrumentalización de la ANC y un exceso de poder de la mayoría en la medida que ella ha excedido los límites de su competencia instituyente (solouhiyat). También excedido el periodo legal que estaba previsto (de un año) para el ejercicio de su poder y la redacción de la Constitución.

Todo esto hace que el clima político se haya vuelto nocivo y que las tensiones sean cada vez más fuertes, sin hablar del terrorismo djihadiste (i.e. Ansar Asharia) que se instaló y afecta el funcionamiento de la sociedad tunecina. Sin embargo, las diferentes crisis políticas y el asesinato político de dos figuras de la izquierda revolucionaria, Chokri Belaid el 6 de febrero del 2013 y Mohamed Brahmi el 25 de julio del 2013 cambiaron la situación. Estas muertes provocaron un gran revuelo en el país y permitieron la unión de la oposición. Primero, en octubre del 2012, parte de la izquierda radical y algunos nacionalistas se reagruparon en el «Frente popular». A continuación, el 26 de julio del 2013, como respuesta al asesinato de Mohamed Brahmo, partidos políticos de la oposición y una parte de la sociedad civil crearon el «Frente de salud nacional». Luego del llamado al paro general lanzado por la central sindical UGTT el 26 de julio, Túnez sumió en una profunda crisis política que paralizó el país durante varios meses y la condujo a un punto muerto, en el que los islamistas y la oposición no lograban ponerse de acuerdo. Es en ese momento que la idea de un «diálogo nacional» se impone como solución para salir de la crisis.

La legitimidad del compromiso: la salvación por medio del diálogo nacional

Para iniciar una salida a la crisis, la UGTT y otras tres organizaciones -el llamado «cuarteto»- el sindicato patronal (UTICA), la orden nacional de abogados de Túnez (ONAT) y la Liga tunecina de derechos del hombre (LTDH) quienes benefician del apoyo de una veintena de partidos políticos y de varias asociaciones de la sociedad civil, lanzan el «diálogo nacional». Esto teniendo en cuenta que la «legitimidad electoral» de la mayoría parlamentaria -la Troika en el poder- está agotada y ya es caduca. Durante un año, las negociaciones entre los diferentes protagonistas demostrarán su eficacia para absorber la conflictividad inherente a la transición democrática.

El cuarteto quería apadrinar este diálogo para hacer surgir una nueva «legitimidad de compromiso» (char‘iya wifaqiya) que tenía como objetivos formar un gobierno (independiente) de competencias y finalizar la redacción de la futura Constitución. Luego de haber sido aplazado dos veces, el «diálogo nacional» comenzó oficialmente el 25 de octubre del 2013 y las negociaciones debían seguir una «hoja de ruta» elaborada por el «cuarteto».

Pero desde el principio el partido mayoritario, Ennahda, expresa sus reservas sobre diferentes puntos de la iniciativa. El trabajo de mediación de dicho «cuarteto» fue laborioso y el diálogo suspendido varias veces. Las negociaciones entre la Troika liderada por Ennahdha y los representantes de la oposición fueron, en repetidas ocasiones, un fracaso a causa de tergiversaciones de algunos representantes del partido islamista. El cuarteto que lideraba el diálogo movilizó todas sus fuerzas para lograr un compromiso satisfactorio, pero, como lo dijo el secretario de la UGTT, Houcine Abassi, «los partidos hundieron todas nuestras iniciativas». Las negociaciones, que en varias ocasiones fueron aplazadas, se estancaron principalmente en la elección del futuro Primer ministro independiente, los partidos no paraban de vetar cada proposición de candidato para ese puesto.

Finalmente, el cuarteto, luego de haber amenazado de retirarse y de haber dado un ultimatum a todos los partidos, condujo in extremis el diálogo nacional a su fin y terminó, como estaba previsto en la hoja de ruta, con la nominación de Mahdi Jomaâ como primer ministro -luego de la dimisión de Ali Larayedh- con la adopción de la constitución y con la realización de elecciones libre. Es finalmente, «la salvación a través del diálogo nacional» como lo titulaba el periódico Liberación (17 de diciembre del 2013).

A comienzo de febrero del 2014, fecha de formación del nuevo gobierno de Mahdi Jamaa compuesto de competencias no partidistas, y hasta las elecciones del 26 de octubre del 2014, la legitimidad del gobierno estaba fundada sobre el compromiso.