* Palabras al Margen

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Pese a las profundas diferencias y la distancia que podemos reconocer entre los discursos que se expresan en cada lugar, los marcos de inteligibilidad por los que pasa el análisis de las formas de compensación y reparación se han orientado hacia un análisis fáctico, un análisis de lo dado. Un análisis de diagnóstico que parte de la separación entre las prescripciones de la ley y la realidad a la que ésta se aplica, para mostrar los retos del proceso en virtud de la distancia que se da entre la ley y su aplicación, o para cuestionar el proceso y su viabilidad desde los datos, las estadísticas, los resultados y las cifras que esa realidad arroja. A mi modo de ver, la evaluación de la ley en términos de su eficacia, es decir, del examen del propósito buscado por ella y su resultado efectivo en la realidad, que tiende a fijar la mirada en la distancia que se abre entre lo que prescribe la concepción normativa del proceso y lo que manifiestan los hechos, no siempre nos deja advertir ni enfatizar en el sentido político que este proceso eventualmente podría movilizar.

Con esto no necesariamente quiero decir que debamos prescindir del énfasis en la “evaluación” de la ley. De hecho, es un énfasis reconocido como necesario, en la medida en que con él se intentan pensar -cuanto antes y razonablemente- las maneras en que la implementación sería posible. Y es un énfasis reconocido como importante al recordarnos que la experiencia excede nuestras expectativas, no tanto por el “abismo que se abre” entre ley y realidad, sino por la compleja relación que se da entre ambas instancias3. Pero al margen de este énfasis, podemos todavía darle un lugar al modo en que el proceso de reparación y restitución trae consigo una dimensión política que, a mi juicio, tiende a señalarse con bastante timidez (en el caso de los análisis que muestran los retos del proceso), o tiende a invisibilizarse a través de la evidente inclinación, y en todo caso imposible apuesta, por ocultar o neutralizar dicha dimensión (en el caso de los análisis que se expresan para decirnos que el proceso es inviable).

Los análisis que expresan con timidez la politicidad que puede poner en juego el proceso, dejan ver que la experiencia de restitución y de reparación a las víctimas -aun en medio de la orientación humanitaria en la que tiende a desplegarse- es una experiencia de reclamo, es decir, una experiencia que involucra la exigencia de que el Estado colombiano intervenga en las condiciones de exclusión y de pobreza que históricamente han producido y reproducido el conflicto armado. Concebir este proceso como una forma de reclamo es algo que se deja ver en al menos tres puntos en los que coinciden los análisis que desde este lugar se hacen. Por un lado, al resaltar que el proceso merece coherencia entre sus prescripciones normativas y las políticas públicas del gobierno (política social, política para el agro, política de salud, política de educación). Por otro lado, al señalar que la posibilidad de ofrecer a las víctimas garantías de no repetición es algo que depende, antes que nada, de atender a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran la mayoría de las víctimas. Y por último, al insistir en que el proceso es un proceso de reparaciones transformadoras y no restitutivas. Con esta distinción nos dicen, a grandes rasgos, que la reparación supone un proceso que tenga en cuenta las necesidades de las poblaciones afectadas. De manera que el único requisito del proceso no es reparar el daño causado en el pasado, sino también reconocer las condiciones sociales que causan daño en las vidas de las personas y enfrentarlas “a través de consideraciones de justicia distributiva”4 que garanticen “el goce efectivo de los derechos” a los que todos deberíamos poder acceder en un Estado de derecho.

Aunque coincido con los puntos que desde esta perspectiva se señalan y los veo como una muestra de que el proceso da lugar a reclamos y exigencias históricas que, en efecto, no solo están asociadas con los daños de la violencia insurgente, paramilitar o estatal, sino también con los daños, las marcas e intervenciones violentas (directas o indirectas, sutiles o evidentes) que se pueden producir a través de las configuraciones sociales, políticas y económicas dominantes, considero que el fin del proceso no es solo garantizar el “goce efectivo de los derechos”. Creo que además de la necesidad de satisfacer derechos, el proceso al que da lugar la ley de víctimas es un proceso en el que se hace evidente otra necesidad, u otro fin que tal vez debiéramos perseguir: el de hacer posibles las disputas, las confrontaciones y las eventuales rupturas que justamente nacen en la singularidad de cada experiencia de reclamo. En otras palabras, el proceso en marcha, al movilizar reclamos asociados a condiciones de exclusión, pobreza e insatisfacción de derechos, podría traer consigo rupturas respecto de un orden social sedimentado que, como acá se ha dicho en otros artículos, es precisamente el que produce y da lugar a diversas formas de exclusión. Y es ‘permitiendo’ que se den esas rupturas como se puede garantizar que las experiencias singulares manifiesten o hagan visibles sus reclamos y, asimismo, hagan posibles sus proyectos de vida alternativos. Visto así, el fin de la ley no sería solo garantizar derechos, sino garantizar las rupturas con un orden social sedimentado que ha sido históricamente excluyente. Creo que al reconocer la especificidad de cada experiencia de reclamo, podremos evitar reparaciones reguladoras, normalizadoras y excluyentes como las que se tienden a promover desde un orden de intervención humanitaria, y que en la apropiación de un proceso como el que pone en marcha la ley de víctimas y restitución de tierras, es posible disputar el sentido que puede tener para los movimientos o, en este caso, el sentido que puede tener para ciertas víctimas la idea de restituir su dignidad.

La ley de víctimas y restitución de tierras no es entonces un trayecto con un punto de partida y un punto de llegada determinados, en el que sólo podemos ver resultados, datos y cifras que tienen que darse en el restringido término de diez años, sino un proceso amplio, complejo y de largo aliento5, que se da en medio del escenario de justicia transicional actual y que puede activar la necesidad de hacer posibles propuestas de país alternativas, al desestabilizar o alterar el orden, los proyectos y las formas de vida dominantes que, para ponerlo en términos de Rancière, hacen que una determinada distribución de lo sensible se sedimente como la única forma posible en que podemos ser y hacer unos con otros. Un ejemplo de este orden social sedimentado en nuestro contexto son los proyectos de corte nacional que pretenden orientarnos a todos en la dirección del desarrollo. Los megaproyectos del gobierno para los que la tierra no es otra cosa que una fuente de explotación y las poblaciones que la habitan, su potencial mano de obra.

De hecho, si creo que hay un discurso al que no podríamos dejar de estar atentos, es al que construye sus argumentos a partir de la figura del experto economista- una figura que tiende a definirse a sí misma como neutral, objetiva, ‘despolitizada’- y que se pronuncia cada vez que conviene6, para decir que el proceso no es del todo apropiado, que su orientación no es del todo adecuada, que “la Ley 1448 de 2011 ha frenado la dinámica del mercado de tierras, la inversión en el campo, así como múltiples proyectos (como en la Altillanura) por la inseguridad jurídica de la propiedad rural”7, y que es hora de despojarnos de “tantos sesgos ideológicos”8. La autorizada racionalidad de mercado, que se muestra siempre como objetiva y neutral respecto de cualquier otra racionalidad, como si no fuera ella una manera más -entre muchas otras- de pensar, de reflexionar acerca de cómo vivir (y cómo vivir en común), y que ha sabido aprovechar el hecho de que hacer evidentes las apuestas políticas es un motivo de acusación y de estigmatización, se arroga ahora la competencia y la experticia suficientes para decirnos en su evaluación de la ley, que solo la neutralidad de la ciencia económica puede resolver nuestros problemas, no políticos sino técnicos, en atención a los privilegiados e indiscutibles índices de crecimiento y productividad. Y que, de paso, la economía que desde acá se promueve, se ajuste a la receta que mejor coincida con sus intereses. Si se ha dado forma a una crítica a la ley desde ese lugar, ha sido entonces para señalar el horizonte, a su juicio negativo, que se viene manifestando en sus propios proyectos e intereses, y para hacer visible la inevitable insatisfacción que les produce no poder dirigir, controlar y configurar un proyecto nacional unificado e integrado a sus intereses, que se piense a sí mismo desde una racionalidad de mercado-neoliberal, hacia la que el país entero debería aspirar.

Que el camino se piense en una dirección unívoca, como la que desde ese discurso se promueve, es algo que se viene problematizando en las experiencias construidas y pensadas desde y por los movimientos sociales, al mostrar cómo un proyecto nacional unificador e integrador en el fondo reactiva las fronteras de exclusión que él mismo aspira a desactivar, al pretender que compartamos un único e inevitable rumbo, un mismo trato con la tierra, un mismo proyecto económico, una misma manera de vivir. ¿Cómo entonces la ley de víctimas y restitución de tierras y sus programas de reparación nos ayudan a desactivar, a frenar y a hacer posibles otras maneras de vivir? ¿Cómo pensar un mecanismo jurídico creado por el Estado y un conjunto de políticas de reparación desplegadas por éste como un medio para hacer visibles confrontaciones y desacuerdos frente a ese deber ser hacia el que todos tendríamos que aspirar? Tal vez podemos pensar estas preguntas si nos desplazamos del lenguaje y del censor de la eficacia hacia la posibilidad de dar forma a un sentido político de la experiencia en marcha. No solo para acercarnos a la manera en que el proceso ayudaría a reconfigurar y construir un mundo en común, sino también para hacer visible la capacidad que eventualmente las prácticas y los discursos de las víctimas pueden desplegar al interrumpir o modificar las coordenadas que el gobierno humanitario promueve y tiende a estabilizar.

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1En esta vía se orientan los análisis de Aura Bolívar o de Jhenifer Mójica, quienes coinciden en señalar los retos a los que se enfrenta el proceso y la manera en que éste puede convertirse en una herramienta para acabar con las lógicas de despojo: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8857-la-ley-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-al-banquillo-%C2%BFqu%C3%A9-tan-fundadas-son-las-cr%C3%ADticas.html

2Herrera Araujo Enrique. “La absurda e infructuosa restitución de tierras en Colombia”. En: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8824-la-absurda-e-infructuosa-restituci%C3%B3n-de-tierras-en-colombia.html

3Lo que no necesariamente supone la separación entre el nivel fáctico, empírico, apartado de una producción discursiva que prescribe y ordena la realidad.

4Sobre la noción de reparación transformadora ver: https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-Dilemas-Contextos-Conflicto-2009-Spanish.pdf

5De hecho, esta manera de hacer sentido de la dimensión política que el proceso pone en marcha no deja de lado la cantidad de problemas y conflictos que, es cierto, arrojan más noticias negativas que positivas. Para conocer esos problemas ver: http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8857-la-ley-de-restituci%C3%B3n-de-tierras-al-banquillo-%C2%BFqu%C3%A9-tan-fundadas-son-las-cr%C3%ADticas.html y http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8369-ley-de-v%C3%ADctimas-desaf%C3%ADos-para-la-reparaci%C3%B3n-integral.html

6En el más reciente debate de control a la ley (15 de septiembre de 2015), las voces de este lado se expresaron desde el partido radical y el partido centro democrático.

7Herrera Araujo Enrique. “La absurda e infructuosa restitución de tierras en Colombia”

8Herrera Araujo Enrique. “La absurda e infructuosa restitución de tierras en Colombia”.