* Palabras al Margen

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No es nuevo decir que como sociedad nos hemos acostumbrado a vivir en, con y a través de la violencia. Hemos sido incapaces de reconocer y apropiarnos de nuestros conflictos sociales, para resolverlos por medio del diálogo, acogiendo la diferencia y la importancia del encuentro en el disenso. Consecuencia de lo anterior, se ha hecho de la militarización el regulador por excelencia de los espacios comunes y de la interacción política y social. No sorprende entonces que, desde hace más de una década, los gobiernos de turno faciliten el fortalecimiento estrepitoso del estamento militar y del presupuesto para la guerra.

Muestra de ello, por ejemplo, es que de 2002 a 2012 el pie de fuerza militar aumentara de 148.000 efectivos a más de 446.0001; que en 2008, de los 556.000 empleos que dependían directamente del gobierno nacional, 460.000, el 81%, estuvieran ocupados por personas encargadas de tareas de defensa, seguridad y policía2; y que nuestro país tenga el porcentaje del PIB más alto de la región destinado a la guerra.

Pero además del copamiento armado del territorio, el país se ha enfrentado a la imposición de un sistema de valores y creencias propias del pensamiento castrense, que jerarquiza las relaciones sociales y procura la homogenización del pensamiento. En un contexto de diálogos para ponerle fin al conflicto, y de posible tránsito hacia la construcción de paz, es imperativo un cambio de paradigma y una reformulación de las políticas no sólo de seguridad y defensa, sino más en general, de todas aquellas que tienden a la resolución y trámite de los conflictos sociales. A continuación me interesa destacar cuatro características por las que considero urgente el desmonte de la estructura de instituciones, prácticas y políticas que han permitido la militarización de la vida en Colombia.

Primero, el militarismo es un sistema que procura la homogenización del paisaje social y del pensamiento, que impone valores como la obediencia antes que la creatividad, la imposición de la violencia antes que el diálogo, la sumisión antes que la responsabilidad y la autogestión, y el autoritarismo antes que la libertad. Se trata además de un pensamiento que simplifica abusivamente la complejidad de los problemas sociales por medio de su reducción a las lógicas del amigo-enemigo y del nosotros-ellos y por la identificación de los conflictos con personas o sujetos particulares, y no con las causas estructurales que los ocasionan3.

Segundo, el militarismo crea una imagen distorsionada de la masculinidad y favorece las relaciones desiguales entre géneros. Impone también una visión “machista” de los hombres que castra su sensibilidad y prioriza su imposición violenta frente a otros y otras.

Tercero, y en estrecha relación con lo anterior, el militarismo se alimenta de, y profundiza, las estructuras y prácticas patriarcales, pues se basa en la dominación de un género sobre otro y en la asignación autoritaria de roles sociales que favorecen la segregación y la dominación. La militarización de la vida además coarta el control de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas y favorece fenómenos de violencia sexual y de género.

Cuarto y último, las fuerzas militares son generalmente el brazo armado de la acumulación capitalista y acompañan fenómenos de concentración de la riqueza y de la tierra. No es coincidencia que en Colombia, con la implementación de la doctrina de la seguridad democrática, aumentaran la inversión extranjera directa y la presencia de multinacionales en el territorio nacional, pero también las violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario. A nuestros días, las cifras arrojan que el número de desapariciones forzadas alcanza casi los 62.000 casos4, el desplazamiento forzado supera los 5 millones de personas y el 0,4% de los propietarios de bienes rurales concentra el 62% de la tierra5.

Aunque sin duda la sociedad colombiana en su conjunto es afectada por la doctrina militar, una de las peores partes se la llevan los jóvenes populares de nuestro país. No se trata de que los hombres mayores de 18 años deban resolver su situación militar o dar respuesta a una obligación con “la patria”. Se trata de que vivimos en un país en el que no hay presupuesto para la educación, las universidades públicas están en bancarrota y las cifras más altas de desempleo se encuentran entre los cuartiles más jóvenes de la población. Se trata de que ni las instituciones del Estado, ni el sector privado, le ofrecen opciones distintas a la juventud que el servicio militar obligatorio, porque no hay educación ni trabajo; pero, amargamente, no hay educación ni trabajo, porque todo el presupuesto se va para la guerra. El servicio militar es obligatorio no porque lo dicte la Constitución Política, sino porque a los jóvenes del pueblo se los quiere para la guerra, y con esto, nuestras futuras generaciones están siendo arrastradas a morir en batallas que no son las de ellas. Para ilustrar mi punto vale simplemente señalar que, por ejemplo, el 90% de los 108,594 soldados reclutados en el 2013 provenían de los estratos 0, 1 y 2, los sectores socioeconómicos más empobrecidos.

Y no basta con señalar que la falta de oportunidades arrincona ya a buena parte del sector juvenil. Además, en las fuerzas armadas se ha generalizado la ejecución de “batidas” como mecanismo para reclutar a quienes se niegan a entregar su cuerpo a la institución castrense. Se trata de un mecanismo común pero ilegal en el que el Ejército lleva a cabo detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, especialmente en barrios populares de las urbes y en las zonas rurales del país. Así, los jóvenes de los sectores populares no solo están desprovistos de oportunidades para estudiar y trabajar; también se ven forzados a recluirse en sus casas so pena de ser detenidos en la esquina de cualquier parque para ser conducidos a los batallones.

A las y los jóvenes no se nos pregunta si queremos tomar parte en esta confrontación violenta, pero nuestros cuerpos parecen ser dispuestos a la fuerza para ello. No obstante, vale la pena preguntarse, en un contexto de diálogos de paz y eventual fin de la confrontación armada, ¿para qué quiere el Estado más cuerpos para la guerra? Si los negociadores de La Habana y las instituciones estatales en Colombia están comprometidas con la construcción de paz en el país, es urgente no sólo desestructurar las instituciones, prácticas y sistemas de valores que fomentan y reproducen la militarización de la vida. Es imprescindible que los y las jóvenes contemos con nuevos caminos para explorar y aportarle a la construcción de un país que respete los derechos humanos, respalde una cultura democrática y construya paz desde territorios, sectores y regiones.

Por eso, es indispensable políticamente apoyar la iniciativa impulsada por los movimientos juveniles de Objeción por Conciencia, quienes presentaron en abril pasado ante las Comisiones de Paz del Congreso de la República, un proyecto de ley que crea el servicio social para la paz como alternativa al servicio militar obligatorio. Esta iniciativa busca que los y las jóvenes cuenten con alternativas distintas a las armas para servirle al país, pero sobre todo, que les permita ser participes de la construcción de paz como sujetos políticos empoderados de su lugar en la construcción de un mundo común.

El actual presidente, Juan Manuel Santos, equivocadamente ha dicho que sólo habrá paz hasta que se firmen con las guerrillas acuerdos del fin del conflicto armado. Se equivoca, pues la lógica es de hecho la inversa. La paz no es equivalente al silencio de los fusiles. Estos se acallarán definitivamente sólo cuando en Colombia se entienda que la paz depende de condiciones de vida digna para la gente, que empiezan por el desmonte de la doctrina militar.

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1http://www.ellider.com.co/2012/05/24/incremento-de-la-fuerza-publica-en-la-ultima-decada/

2www.eltiempo.com/colombia/justicia/pie-de-fuerza-militar-llego-a-su-techo_4785562-1

3Reflexión desarrollada en la ponencia Antimilitarismo y feminismo: el cuestionamiento de la cultura patriarcal de dominación por la organización Mujeres Objetoras de Conciencia, MOC, en Paraguay.

4http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/en_colombia_hay_casi_62000_desaparecidos_segun_la_ comision_de_busqueda_.php#.VY8_BKbxj-l

5http://www.verdadabierta.com/la-historia/2024-icomo-devolverle-la-tierra-a-los-despojados