* Palabras al Margen

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Si revisamos algunos mapas podemos aclarar un poco estas afirmaciones. Los territorios que están señalados en el primero ya se encuentran comprometidos o en proceso de saqueo. En este caso a través de concesiones o títulos para la minería y en otros casos para la agroindustria. Colombia en este momento, como el resto de países latinoamericanos, se encuentra en un proceso de reorganización del territorio en función de la extracción de recursos por parte del capital extranjero. Y si comparamos la presencia paramilitar que se vivió más crudamente hace unos años (en el mapa 2), junto con el fortalecimiento de las bases militares, podemos comprender que en gran medida el conflicto social y armado que vive este país responde al choque de intereses que confluyen especialmente en zonas de mayor riqueza natural.

Mapa 1

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Fuente: Archivo Grupo de Investigación en Geología TERRAE
 
Mapa 2

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Fuente: www.semana.com

Este conflicto también se manifiesta de parte de las organizaciones populares ante la ausencia del Estado más allá del poder militar. De manera articulada con la presencia paramilitar y militar, son territorios en donde la población no cuenta con las garantías de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, tenemos el caso de la región del Catatumbo (Norte de Santander) o el Norte del Cauca, en donde no hay puestos de salud, las escuelas son pocas, los contratos a los maestros son mínimos y los cultivos tradicionales para la alimentación diaria se han visto reemplazados por el cultivo de coca. Las condiciones de vida y de permanencia que se ofrecen en estos territorios por parte del Estado son nulas. De manera contraria, podemos identificar con mayor facilidad aquellas medidas y proyectos que promueven de parte de las instituciones el desplazamiento y el despojo de las tierras de campesinos y comunidades indígenas que los habitan.

Esta última circunstancia también responde a la necesidad que manifiestan abiertamente las multinacionales que hacen presencia en la zona. Para éstas es necesario contar con un respaldo armado (militar o paramilitar) y, al mismo tiempo, que las comunidades que habitan allí se desplacen hacia otro lugar. Especialmente aquellas que, a través de ejercicios de movilización, logran despertar cuestionamientos sobre la presencia de empresas extranjeras en el territorio y, en algunos casos, la negación de las licencias de parte del Ministerio de Ambiente.

Es en este contexto donde emergen experiencias de movilización social que intentan responder a estas situaciones y que, además, deben actuar en medio de un conflicto armado que también las afecta directamente y que en muchos casos, se convierte en una razón más para la acción. De allí que experiencias vigentes como el Congreso de los Pueblos se conviertan en una posibilidad y al mismo tiempo en una respuesta que generamos desde los pueblos de Colombia ante una situación generalizada en América Latina.

El Congreso de los Pueblos es un espacio de encuentro y de legislación popular. En él nos encontramos diversas organizaciones populares, experiencias barriales, académicos, estudiantes, mujeres, comunidades indígenas, grupos afrodescendientes, jóvenes, comunidad LGBTI, trabajadores, niños y niñas, y demás personas que estén interesadas en generar una propuesta de país. Es una experiencia que tiene como antecedente la movilización generada desde la Minga Social y Comunitaria de 2008 y que se materializa en un lanzamiento hecho en octubre de 2010 en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia- sede Bogotá. A este encuentro asistimos más o menos 25 mil personas de todas partes del país para dar inicio a un proceso de movilización social ‘desde abajo y a la izquierda’1 .

Es una experiencia que busca crear mandatos populares de auto-legislación. Es decir, dejar de pensar en una lucha exclusivamente reivindicativa para entrar en disputa con el poder estatal y hacerse poder. En este sentido, esperamos generar mandatos que nos rijan a nosotros y nosotras mismas sobre la tierra, el territorio y la soberanía alimentaria, la educación, las mujeres y la paz, como un primer momento. Es una apuesta a diez años y por esa razón seguimos impulsando su consolidación. En este sentido, se puede afirmar que la emergencia de experiencias como ésta, como la Marcha Patriótica, la MANE, la pelea en la represa de El Quimbo, entre otras, son manifestaciones de la lucha que se está dando en Colombia a pesar y en medio de la guerra.

El contexto nacional que ofrece el conflicto social y armado configura la movilización social en gran medida, pero no la determina. En especial cuando la guerra hace parte del mismo problema. Sin embargo, es un escenario que sí deja algunas sensaciones particulares alrededor de la lucha popular en América Latina. En Colombia se cuenta con un alto nivel de represión directa y al mismo tiempo, se recrea un escenario de desconfianza entre las organizaciones sociales que obstaculiza la creación de otras formas de vida alrededor de la comunidad. Además, tenemos que contar con una aceptación generalizada de la salida al conflicto por vías militares y aún así, tenemos en común una lucha popular y radical por una vida digna.

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1Afirmación hecha por Raúl Zibechi en La Jornada:  http://www.jornada.unam.mx/2010/11/19/index.php?section=opinion&article=021a1pol