* Palabras al Margen

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A continuación se pretende mostrar que la defensa del Acalde Petro se justifica, no sólo porque el Procurador haya usado sus facultades constitucionales y legales de forma abusiva y desconociendo estándares en materia de derechos humanos, sino que, a pesar de las equivocaciones que haya podido tener como gestión pública, las cifras demuestran que esta alcaldía ha avanzado en el goce efectivo de varios derechos sociales. En este caso, nos detendremos en el campo de la salud.

En días pasados, el gobierno distrital lanzó su “Informe Estratégico del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 20131, en el cual destaca que la mortalidad infantil (cero a cinco años de edad) se redujo de 1.463 casos en 2011 a 1.138 en 2013, lo que significó bajar la tasa de 24.5 por mil nacidos vivos a 19. Asimismo, muestra que la meta a 2016 es dejarla en 15.7, cifra que parece razonable si se tiene en cuenta que en la mitad del periodo de gestión ya se habría superado más de la mitad de lo propuesto. El informe de la Alcaldía también se detiene en la mortalidad infantil de la población entre cero y un año, en la cual la reducción es mayor, pues pasa de una tasa de mortalidad infantil en 2011 de 12.1 por mil nacidos vivos (1.283 casos) a 9,6 en 2013 (986 casos).

Por su parte, la reducción en mortalidad materna también configura un avance significativo. Según la Alcaldía, en 2011 se presentaron 41 casos de este tipo, lo que significó una tasa de 38,6 por 100.000 nacidos vivos, mientras que en 2013 los casos fueron 24, es decir, una tasa de 23,5. Según cita la fuente, ésta configuraría la reducción más importante en la última década en Colombia en esta materia y significa la superación, dos años antes de la finalización del gobierno distrital, de la tasa propuesta, la cual era de 31.

Un dato igualmente alentador es la cifra de mortalidad perinatal. Mientras que en 2011 los casos presentados ascendieron a 3.843, lo que implicó una tasa de 36,2 por mil nacidos vivos, en 2013 ésta se redujo a 14,6, representada en 1.494 casos. Al igual que en el punto anterior, en los dos primeros años de gestión se habría superado la meta planteada para 2016, la cual era reducir la tasa a 15.

Continuando con los avances, el informe de la Alcaldía destaca especialmente la reducción de la mortalidad por casos de desnutrición de niños menores de cinco años. Para el 2011 la tasa era de 0.8 por 100.000 menores de cinco años, representada en cinco casos, mientras que en 2013 se logró que no hubiera ningún caso, es decir, 0.0 de tasa. La inexistencia de este tipo de casos en 2013 no solo implica el cumplimiento de la meta a 2016, la cual era de 0,7, sino que durante todo un año no hubo un solo niño muerto por desnutrición, avance que, desde toda óptica, configura un verdadero hito en las estadísticas colombianas.

Según la Alcaldía, estos logros se deben, entre otras cosas, a la implementación de un modelo de salud preventiva desarrollado por equipos profesionales en las zonas con mayor riesgo de Bogotá, sin importar si los beneficiarios pertenecen al régimen contributivo o subsidiado. En palabras del alcalde, “nos movimos en la base misma de la salud, pensando que el derecho a la salud que establece la constitución del 91 motiva a que lo primero es impedir que la persona se enferme porque tenemos dos elementos: el enfermo y la persona común y corriente que aún no está enferma y que el sistema de salud debe impedir que se enferme, eso es construir un modelo de salud preventiva2.

Dichos logros son aún más importantes si se tiene en cuenta la situación del derecho a la salud en Colombia. El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), implementado a partir de la ley 100 de 1993, presenta serias contradicciones con los estándares normativos en la materia. Según la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, “Las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, que estructuran el SGSSS, se distancian de los mandatos constitucionales y de los estándares internacionales del derecho a la salud, en especial en los aspectos de equidad y no discriminación al privilegiar la lógica de mercado en la organización y prestación de la salud. El diseño y la implementación del sistema de salud derivado de la Ley 100, de la Ley 1122, y de sus normas reglamentarias han originado problemas estructurales para la garantía del derecho a la salud3.

Por lo anterior, la defensa de la Alcaldía de Gustavo Petro no consiste solamente en el hecho de reconocer que la actitud de la Procuraduría General de la Nación fue arbitraria e injusta; sino porque hay indicadores que demuestran que es una gestión que se ha tomado en serio derechos sociales como la salud, aún cuando existen normas, como la ley 100 del 93, que son un verdadero obstáculo para su goce efectivo.

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1La presentación del informe puede verse en: http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/5567-plan-gestion-2013
2http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa-alcalde-mayor/5723-sistema-de-salud-preventiva-de-bogota-es-avalada-por-expertos-internacionales
3Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Informe Alterno al Quinto Informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Bogotá, Colombia, marzo de 2010, p. 32.