* Palabras al Margen

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Segunda, la organizacional. Sus dos líderes históricos, Jacobo Arenas y Manuel Marulanda, murieron. Posterior al fracaso del Caguán el jefe diplomático (Raúl Reyes), la leyenda militar (el Mono Jojoy) y el heredero político de Marulanda (Alfonso Cano) fueron dados de baja como resultado de bombardeos sorpresa los primeros y asalto sorpresa el segundo. Además, los mandos medios han recibido duros golpes que amenazan la estabilidad de la organización que ha perdido más de 50 jefes político-militares en dos años.

La tercera derrota es política. La mayoría de colombianos adjudican el fracaso de las aspiraciones de paz mediante los diálogos del Caguán a las FARC. Éstas se encargan de acrecentar la desconfianza, la antipatía y el sectarismo político de diversas maneras: con cada voladura de torres de energía que priva de electricidad a pueblos repletos de gente humilde como Buenaventura; con cada oleoducto que derrama petróleo; con cada policía campesino muerto en emboscada a nombre de la revolución y el pueblo; con cada civil asesinado, secuestrado o declarado objetivo militar. En la década del 90 las hazañas militares de las FARC generaron de facto un reconocimiento de fuerza militar estable, legítima y desafiante, además de hacerles ganar prestigio como alternativa política. Esto explica la romería de todas las vertientes sociales y políticas a las audiencias del Caguán que presidían al lado del gobierno nacional. Por el contrario y desde entonces cada acción militar cava la tumba de la marginalidad y el desprestigio de la organización.

La cuarta derrota es internacional. Los países potencialmente “amigos” de las FARC tienen mayor interés en que ésta abandone la vía de las armas que en financiar la insurgencia y escalar las confrontaciones internas. A Correa en Ecuador la guerra colombiana le obliga a mantener un inmenso pie de fuerza en la larga frontera que no alcanza a detener el aumento de secuestros, extorciones, el narcotráfico y la corrupción de las fuerzas de seguridad. Evo en Bolivia encabeza un proyecto indigenista que no se fía de los que han asesinado y secuestrado líderes indígenas en Colombia, culpables de defender la autonomía étnica del sometimiento a las directrices de las FARC. Cuba quiere hacer méritos para levantar el bloqueo de los EUA y aparecer ante la comunidad internacional como un país que contribuye a la paz y la prosperidad regional. Y a Venezuela, más allá de la retórica nacionalista, no le interesa en lo más mínimo una confrontación militar con los gringos por la vía de la internacionalización de la guerra colombiana dentro de sus fronteras. Incluso los EUA están más interesados en una negociación que comprometa a las FARC en la reducción del 30 a 40% de los cultivos de uso ilícito, en vez de vencerlos en el terreno militar con el resultado de ser reemplazados rápidamente por otras fuerzas irregulares en el negocio de las drogas.

Del doble poder a la oposición de una minoría

Antonio Navarro a nombre del M19 solicitaba a sus constituyentes y asesores en 1991 no excederse en las exigencias de descentralización, autonomía comunitaria y debilitamiento de las fuerzas militares regulares. La razón: estaba convencido que el proceso de paz los llevaría rápido al poder ejecutivo y a copar porciones grandes del sistema político representativo. En cambio, el tono general de los borradores de La Habana es la ausencia total de vocación de poder de las FARC. Las exigencias insurgentes son de aquellos que saben que engrosarán la oposición por lo que solicitan seguridad, que no los maten, acceso a medios de comunicación, derecho a la réplica y a las movilizaciones dentro de un estatuto de oposición. No existe ninguna propuesta en los borradores que modifique la constitución, el sistema político, el orden jurídico, el modelo de desarrollo, la economía extractiva, el régimen de propiedad, la política tributaria, monetaria, externa o comercial, las relaciones de poder entre niveles de gobierno o las alianzas internacionales.

A mi parecer las FARC se vieron forzadas a pasar la hoja de la confrontación armada y continuar su trasegar a través de la lucha social y política legal. Por lo tanto, los diálogos no son propiamente una negociación de paz entre contrincantes equivalentes de una contienda sin vencedores. En La Habana hay vencidos y hay vencedores. Las FARC deciden entrar en el ropaje del vencedor demandando seguridad para ejercer la oposición dentro del marco general del poder establecido. Los comisionados del gobierno están encargados de negociar las condiciones de tal inserción dentro del sistema al menor costo para el establecimiento, mientras que las FARC tratan de asegurar unas condiciones suficientes de seguridad y unas demandas mínimas de dignidad.

Los borradores no mencionan a los trabajadores asalariados, tampoco a la inmensa mayoría de trabajadores del sector informal de las ciudades, ni a los sindicatos o a los movimientos urbanos o rurales. Las clases medias de la ciudad y del campo tampoco son un referente a partir del cual se justifican las promesas de programas y políticas acordadas. En consecuencia, ninguna de las demandas y reivindicaciones que animan las movilizaciones sociales de estos sectores son contempladas. El único sector social a nombre del cual hablan las FARC es una retaguardia campesina colona, pobre, cocalera y marginal.

Los tonos borrosos de los acuerdos

La totalidad de los acuerdos compromete al Estado con comunidades selectas, aquellas que resulten de la combinación de cuatro criterios de focalización: pobreza, algidez del conflicto armado, precariedad institucional local y presencia de cultivos de uso ilícito. Muy poco, -por no decir casi nada de lo firmado-, se apoya, invoca o resuelve emprender un importante fortalecimiento de las capacidades de implementación de políticas por los gobiernos territoriales, municipios y departamentos, así como por asociaciones entre estos. El “enfoque territorial y diferencial” de los diagnósticos y la implementación de los acuerdos se reitera de manera sistemática. No menos sistemática es la ausencia de invocación de la institucionalidad que estará encargada de implementar los acuerdos desde el nivel nacional, así como desde el territorial y las instancias de coordinación entre niveles de gobierno. La ventaja de esta ausencia para el gobierno nacional es el manejo general de la implementación de lo que sigue desde prácticas controladas por la presidencia. Se abre la puerta así a la ampliación territorial, social y temática de programas tales como los manejados por Familias en Acción que ya atiende 2.900.000 familias. Algunos sueñan con resolver “el problema de las FARC” aumentando en unos cuantos miles los “beneficiarios” de los subsidios del Estado.

Muchas promesas y nada de plata, es una segunda característica sobresaliente. Se acuerda emprender más de una decena de programas para la población y los territorios selectos: adjudicación de tierras, carreteras, conectividad informática, subsidios, crédito, asistencia técnica, semillas, investigación en ciencia y tecnología, capacitación, programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, programas de alimentación y cuidado de adultos mayores, salud, educación, prevención de la violencia… Sin embargo, se omite cualquier compromiso sobre las fuentes de recursos para financiar tal extensión de la presencia del Estado y del mercado en los territorios a seleccionar. ¿Será que la firma de los acuerdos vendrá primero y la búsqueda de la plata después?. Advertimos que la coyuntura fiscal interna para los próximos años será de importantes restricciones debido a la baja de los precios de los hidrocarburos y la minería que jalonan el PIB y los impuestos. Los organismos internacionales presagian un freno de la economía mundial, en especial de sus centros importantes como Europa, la locomotora Alemana incluida, Japón y los BRICS. Es dudable que los “amigos de afuera” financien con suficiencia lo que uno de los países más inequitativos del mundo no pague por salir de su guerra prolongada. Así las cosas, nos acercamos a unos acuerdos sin reformas estructurales, sin instituciones territoriales reforzadas y sin plata cierta.

Las FARC demandan poco para ellas en las conversaciones de La Habana (estatuto de oposición) y mucho para sus bases sociales agrarias empobrecidas. El reconocimiento de las poblaciones y sus organizaciones sociales permea todos los acuerdos. Las comunidades deben ser participes de las decisiones e implementación de los múltiples programas prometidos. Los borradores de La Habana parecen presagiar una conversión de las FARC en un movimiento político y social rural, no propiamente en un partido político tradicional. Estructura y dinámica que no parece apostarle mucho al fortalecimiento de las entidades territoriales y al sistema político existente. En cambio, reclaman más democracia social, comunitaria, popular, participativa e incidente en las políticas territoriales desde los bastiones sociales a los cuales la han reducido la combinación de múltiples derrotas.

Sin duda las FARC tendrán otros escenarios para incrementar la agenda programática y la representación social, política y territorial. Una Asamblea Nacional Constituyente es y será su gran bandera para ampliar las alianzas, fundirse con otros sectores y aprovechar otros procesos y movilizaciones en curso. En este sentido los borradores de La Habana son una ganancia inmediata de poca monta, a no ser por la puerta que abren a un trabajo en otros escenarios que ellos esperan más promisorios. Veremos.