* Palabras al Margen

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En el marco de este debate, la presente columna se centrará en tres aspectos que buscan demostrar algunos rasgos comunes entre las antiguas estructuras paramilitares y los actuales grupos post-desmovilización, responsables de una gran parte de la violencia sociopolítica que se presenta actualmente, especialmente amenazas y desplazamiento forzado por motivos relacionados con liderazgos sociales y políticos.

El primer aspecto que nos permite identificar la continuidad entre grupos paramilitares y los grupos post-desmovilización es que su relación con el Estado persiste. En primer lugar, porque los nexos con la fuerza pública siguen presentándose en diversas zonas del país. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló en su informe 2012 que “la capacidad de estos grupos armados para corromper e intimidar ha debilitado mucho la respuesta del Estado en muchas zonas rurales y urbanas marginadas y ha afectado a ámbitos como las autoridades locales, la policía, los militares y la justicia penal. La acción de las autoridades civiles locales en contra de estos grupos es escasa1.

En segundo lugar, siguiendo la línea argumentativa expuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Pueblo Bello vs. Colombia”, el Estado no solo es responsable por las acciones paramilitares en razón a su origen legal, sino que se encuentra obligado a “adoptar medidas de prevención y protección2” cuando tenga “conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y […] posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo3. En el caso de los nuevos grupos paramilitares, el Estado ha sido informado por múltiples organismos sobre su accionar y el riesgo que corren poblaciones y víctimas en las zonas donde operan estas estructuras. La OACNUDH ha sido reiterativa en sus informes anuales, desde 2007 hasta 2015 al respecto.

En tercer lugar, la responsabilidad estatal se configura porque los nuevos grupos, al igual que las AUC, presentan una fuerte filtración en la esfera política. En las elecciones regionales de 2007 se pudo establecer que, a pesar de que las antiguas estructuras se habían desmovilizado, cinco partidos políticos investigados por sus nexos con grupos paramilitares avalaron 27.000 candidatos a corporaciones regionales, de un total de 86.000 personas que se presentaron a la contienda electoral4.

Para las elecciones locales de 2011 la influencia de los nuevos grupos persistió. La Corporación Nuevo Arco Iris pudo determinar que en zonas como la región caribe “Los Urabeños”, “Los Rastrojos”, y las “Águilas negras” apoyaron diferentes candidatos, dependiendo del departamento; esta situación también se presentó en el Valle y Antioquia. Adicionalmente, en nueve de los 32 departamentos se estableció que al menos dos de los candidatos a cada gobernación habían sido aliados de políticos judicializados por sus nexos con los antiguos grupos paramilitares5.

En las elecciones locales de 2015, la Misión de Observación Electoral estableció que el riesgo electoral por causa de grupos armados post-desmovilización para los municipios de riesgo alto pasó de 71 identificados en 2011 a 129 en 2015, es decir, un aumento de 82%. Así mismo, determinó que “de los 32 departamentos del país, cinco se encuentran directamente impactados por esta alerta, por tener más del 90% de municipios en riesgo, estos son en su orden Arauca, Caquetá, Guaviare, Cauca y Chocó6.

Un segundo aspecto es el control territorial y la presencia estable por parte de los grupos post-desmovilización. Desde los primeros informes de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), se visibilizó que las nuevas estructuras estaban haciendo presencia en las zonas antes ocupadas por las AUC. Ante esto, voceros del Gobierno nacional señalaron que, si bien es cierto tal recopamiento militar, esta es una característica común de los procesos de negociación política, pero no es prueba por sí sola de la continuidad del fenómeno paramilitar7.

Como respuesta a esta objeción es pertinente señalar que, si bien es cierto que los procesos de negociación con grupos armados implican algún grado de rearme o aparición de nuevos actores armados, lo ocurrido con los grupos post-desmovilización es diferente, en tanto estos respondían directamente a mandos paramilitares encarcelados o prófugos que continuaban con el control de zonas históricamente bajo su poder. La MAPP/OEA rastreó que durante los primeros años de la transición entre las AUC y las nuevas bandas, el mando de estas últimas recayó en antiguos líderes paramilitares. En departamentos como Meta, Casanare y otras zonas de los llanos orientales las nuevas estructuras respondían al mando de comandantes como Vicente Castaño, Ever Veloza (alias “H.H.”), alias “Cuchillo”, alias “Don Mario” y alias “Martín Llanos”8.

Así mismo, en otras regiones, la dirigencia de los nuevos grupos quedó a cargo de mandos medios de las antiguas AUC, quienes, dada su poca visibilidad política durante el proceso de negociación, lograron mantenerse en la clandestinidad y realizar alianzas con traficantes de drogas ilícitas para fortalecer su presencia regional y sus finanzas. Esta dinámica se presentó con mayor fuerza en los departamentos de Putumayo y Nariño, la costa pacífica colombiana, y la región de Urabá9.

Un tercer aspecto que permite sustentar que el fenómeno paramilitar en Colombia no ha cesado es que el accionar de los nuevos grupos genera procesos de victimización similares a los ocurridos bajo la presencia de las AUC. Primero, porque el ataque a sectores sociales considerados como enemigos por parte de los antiguos grupos continúa por parte de los nuevos, es decir, los objetivos militares siguen siendo los mismos: líderes campesinos y étnicos, sindicalistas, y defensoras/es de derechos humanos. Y, segundo, porque las modalidades de ejercer la violencia son similares: homicidios selectivos motivados en sus roles de liderazgo, y amenazas por la supuesta militancia de las víctimas en los grupos guerrilleros o por ser un obstáculo para proyectos de desarrollo económico.

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1OACNUDH, “Informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, A/ HRC/22/17/Add.3, 7 de enero de 2013, párr. 87.

2Corte IDH, Caso de la masacre de Pueblo bello vs. Colombia. sentencia de 31 de enero de 2006. Serie c no. 140.

3Ibíd.

4Comisión Colombiana de juristas, Ibíd., p. 87.

5Corporación Nuevo Arco Iris, Ibíd., p. 99.

6Misión de Observación Electoral, Mapas y Factores de riesgo Electoral. Elecciones de autoridades locales Colombia 2015, Bogotá, Colombia, 2015, p. 26, en http://moe.org.co/home/doc/Observatorio/Mapas%20de%20Riesgo%20electoral%202015.pdf

7Fundación Ideas para la Paz, “Narcotráfico: Génesis de los paramilitares y herencia de bandas criminales”, Bogotá, Colombia, enero de 2013, p. 20.

8MAPP/OEA, Noveno informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, OEA/Ser.GCP/doc. 4237/07, 3 de julio de 2007. Y décimo informe trimestral del Secretario general al Consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia, OEA/Ser.GCP/doc. 4249/07, 31 de octubre de 2007, p. 3.

9Comisión Colombiana de juristas, Ibíd. p. 95.