* Palabras al Margen

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Las exigencias recíprocas de dar muestras de voluntad política de paz están basadas en alguna concepción de las ideas de «paz» y «violencia» que rara vez se hace explícita. No siempre es necesario hacer explícitas las ideas implícitas en un diálogo, pero algunas veces sí. Me parece que en el caso de una negociación de paz valdría la pena ponerse de acuerdo sobre algún contenido genérico de las nociones de «paz» y «violencia», al menos para estar medianamente seguros de que las partes quieren zarpar de un mismo puerto y llegar a un mismo destino.

Pongámonos de acuerdo en que la idea de «paz» es el antónimo de la idea de «violencia». En general asumimos que un acto de paz es hacer el bien y que un acto de violencia es hacer el mal. Estaríamos de acuerdo también en que cuando hablamos de «la paz», ésta no se reduce a un acto de paz, sino que es más bien se refiere a una situación en la que tienen lugar muchos actos de paz. Si estas premisas simples son correctas, podemos concluir que si estamos negociando la paz en Colombia, estamos hablando de negociar lo que es necesario para que Colombia esté en una «situación de paz». En la Colombia de hoy -es decir, antes de cualquier negociación de paz- ya tienen lugar diariamente muchos actos de paz. Lo que le da sentido a una negociación en Colombia de paz es ponerle fin a la «situación de violencia» para dejar que la «situación de paz» florezca.

En el contexto de la negociación de paz es obvio exigir de las partes que den muestras de querer para Colombia una «situación de paz». Esto quiere decir, idealmente, que hagan aquello que contribuye a crear una situación de paz y, como mínimo, que se abstengan de hacer aquello que contribuye a crear una situación de violencia. En este sentido, creo que es pertinente preguntarnos si la estrategia de creación de riqueza mediante la «locomotora minera y petrolera» es coherente o contradictoria con la voluntad política de paz.

Esta locomotora pretende generar riqueza con base en la gran minería. A primera vista, esta estrategia contribuiría a la paz en la medida en que traería prosperidad, y una situación de prosperidad ayuda mucho para crear una situación de paz. Cuando se habla de «prosperidad» se está entendiendo que el nivel adquisitivo de las personas -especialmente de las menos favorecidas económicamente- aumenta y por lo tanto pueden consumir más y de mejor calidad. Por lo tanto, para que la riqueza creada por la minería pueda llamarse «prosperidad» de una forma pertinente para los colombianos y colombianas, esa plata debe quedarse en Colombia en su mayor parte.  Además, para que pueda considerarse que el logro de esa prosperidad contribuye a crear una situación de paz, el proceso productivo que le da lugar debe ser del tipo del que no da lugar a actos de violencia.

Para evaluar la locomotora minera en términos de paz, lo mejor es atenerse a los hechos. En ese sentido, veamos algunos datos actuales relacionados con la riqueza de la minería y su proceso de producción, ateniéndonos a la información que es relevante en términos de paz o violencia.

Dijimos que la riqueza que genera prosperidad para la gente de Colombia es la que se queda en su mayor parte en Colombia. Tomemos un ejemplo actual: El Cerrejón. Como es sabido, El Cerrejón es un consorcio empresarial que explota la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, situada en la Guajira, Colombia. Produjo el año pasado (2012), según el periódico «Portafolio»,  34,6 millones de toneladas, lo que equivale a mucha riqueza. Ese consorcio tiene tres dueños: BHP Billiton, Anglo American y Xstrata; tres multinacionales extranjeras. Podemos concluir que la mayor parte de la riqueza generada por la minería del Cerrejón no se queda en Colombia, que es el cuarto mayor exportador mundial de carbón. Pasa lo mismo con la explotación de oro de las grandes mineras. Por ejemplo, la AngloGold Ashanti, multinacional extrajera, es la mayor propietaria de títulos mineros en Colombia. De sólo uno de sus proyectos, la mina La Colosa en Tolima, espera extraer, según La Silla Vacía, el equivalente a 36 mil millones de dólares en oro. Esta cantidad es igual al 10 por ciento del PIB anual colombiano, pero esa plata no se queda en Colombia. Y estaría bien que se quedara (si es que no causara daños producirla), pues a todo el sector de la educación en el país se le destinó en el año 2011 el 4,5% del PIB, según el Banco Mundial.

Volvamos a La Guajira. El Cerrejón tiene 4.500 trabajadores sindicalizados que decidieron recientemente en asamblea declararse en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Es innegable es que el llamado a huelga -la primera en 20 años en esta mina- es una clara muestra de que las condiciones laborales de los trabajadores de El Cerrejón generan conflicto laboral. Y no sólo El Cerrejón tiene este problema. Según el periódico «Portafolio», últimamente «las compañías mineras y petroleras (en Colombia) han enfrentado una alta conflictividad laboral y un aumento de los ataques de la guerrilla». El proceso de producción de la gran minería en Colombia genera conflicto laboral. Y también conflicto social. Es el caso que se puede constatar en Doima, Tolima, donde los habitantes mantienen desde hace días bloqueado el único puente que da acceso al pueblo para impedir el acceso de funcionarios de la multinacional AngloGold Ashanti.
 
Evaluemos el proceso de la gran producción minero-energética en Colombia desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Hablemos de la explotación petrolera en el piedemonte llanero, en el departamento del Meta. En mayo del año pasado (2012), la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó la intervención de un bloque petrolero denominado «CP09». Un bloque petrolero es un conjunto de pozos. Uno de estos pozos se llama «Lorito 1». Este pozo se encuentra a más o menos cien metros del río Humadea, uno de los más apreciados turísticamente en la región. Pero el asunto va más allá. El piedemonte es la zona que queda donde se termina la montaña y empieza el llano. La zona que llamamos «piedemonte llanero» recibe la humedad que desciende de la cordillera oriental y por eso es muy rica en aguas dulces subterráneas y superficiales y sirve como zona de amortiguación de los páramos (y parques nacionales) de Chingaza y Sumapaz. Lo que pasa es que la exploración y explotación de pozos petroleros se hace utilizando detonaciones. Por causa de la humedad subterránea, mucha de la montaña del piedemonte llanero está hecha de piedras porosas que se derrumban fácilmente como consecuencia de una detonación. Las detonaciones generan derrumbes que afectan las reservas de agua subterráneas. Alterar estas reservas afecta negativamente los ecosistemas de la zona y los páramos.

El mismo tipo de efectos negativos ambientales se pueden identificar en la explotación de minas de oro, donde se utilizan cianuro y otros elementos químicos que se utilizan en piscinas de procesamiento a cielo abierto y que al filtrarse o evaporarse la dañan la tierra y el aire. La AngloGold está planeando poner la planta de separación del oro y la roca que espera extraer de la mina de La Colosa, en la vereda de Doima, municipio de Piedras. Según cálculos de la contraloría, informa La Silla Vacía, «el volumen de material transportado desde Cajamarca hasta Doima podría rondar los mil millones de toneladas de roca» y los residuos y material excedente estarían «en el orden de 160 mil toneladas diarias». Esta cantidad de residuos colapsaría la capacidad de procesamiento de basuras de ciudades grandes como Bogotá o Buenos Aires, que «producen en total 5 mil toneladas de residuos diarios» ¿Diríamos que el proceso de producción de la gran minería en Colombia genera daño ambiental?

Las detonaciones de la exploración y explotación petroleras en el piedemonte llanero han generado derrumbes en Acacías, Cumaral y Guamal. Además del daño ambiental, estos derrumbes generan problemas sociales obvios, asociados con la movilidad y bienestar de los pobladores de la región. A esto hay que agregar que, según información de la gobernación del Meta, el pozo «Lorito 1» está ubicado aguas arriba de la zona de recarga hídrica que alimenta los acueductos principales de la región y a solo cincuenta metros del acueducto de Humadea, donde viven cerca de nueve mil personas. La perforación de este pozo, autorizada por la instancia nacional competente, genera riesgos para el bienestar y la salud de la población del piedemonte llanero ¿Podemos decir, acaso, que la gran explotación minera en Colombia genera daños sociales?

El balance es el siguiente. La locomotora minera y petrolera genera mucha riqueza, la mayor parte de la cual no se queda en Colombia, y al mismo tiempo genera conflictos laborales y sociales, daños ambientales y daños sociales. En otras palabras, la estrategia de promoción de la gran minería en Colombia da lugar a muchos actos de violencia, es decir, contribuye a reproducir una situación de violencia y no contribuye significativamente a crear una situación de paz. Desde el punto de vista de lo que se debe exigir de los actores involucrados en un proceso de negociación de paz, es difícil encontrar argumentos que permitan decir que la locomotora minera es coherente. Habría que mirar caso por caso el asunto minero, pero si lo que aquí se ha dicho es una tendencia generalizada, así como el proceso de negociación exige de las Farc detener el secuestro, exige del gobierno detener esa locomotora.