* Palabras al Margen

Palabrasalmargen.com es un portal de opinión y análisis político donde queremos que confluya y se exprese la academia colombiana crítica y comprometida con la construcción de un país democrático, en el cual prime la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la búsqueda de la paz.

Además del componente numérico, las comunidades campesinas continúan siendo un sujeto social de especial relevancia al momento de abordar temáticas como la producción agrícola, el hambre o la pobreza. Las políticas económicas de los Estados, y las crisis de abastecimiento de alimentos y económicas tienen un impacto diferenciado en las poblaciones rurales, haciendo que los niveles de pobreza e indigencia persistan como una de las problemáticas que más afecta a campesinos y campesinas. Según el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (Fida), a 2010 la pobreza en las zonas rurales de América Latina y el Caribe era el doble de la que se presenta en los centros urbanosiii, y el coeficiente de Gini global demuestra que la región es “líder mundial en la desigualdad de ingresosiv. Las siguientes cifras dan un panorama general de esta problemática en la región:

20 Galindo1

Los datos anteriores evidencian que la mayor parte de los países del continente sobre los cuales hay información, con excepción de Uruguay, tienen alrededor del 50% de población rural en situación de pobreza (El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay). Es aún más preocupante la situación de paises como México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia, en los cuales la pobreza en el campo se encuentra entre el 61 y 78%. La persistencia de altos índices de pobreza rural contrasta con algunas mejorías en estos indicadores en el ámbito urbano. Para el 2010, mientras en América Latina la pobreza llegó al 26% en las poblaciones urbanas, aumentó al 52,6% en las áreas rurales, y en países como Panamá o Perú esta cifra ascendía al triplev. Dicha brecha, a su vez, se profundiza cuando se analiza la pobreza desde su enfoque multidimensional; por ejemplo, el bienestar, la salud y los servicios de saneamiento suman mayores privaciones en las zonas rurales que en las urbanas, tal y como se puede ejemplificar con casos como El Salvador, donde el 44% de los habitantes urbanos sufren de dos o más privaciones en términos de dimensiones, mientras que en el campo la cifra asciende a 93%; México, donde la comparativa es de 28% contra 72%; Brasil, con 18 vs. 74%; y Chile, con 4% vs. 36%vi.

Las diferencias entre la población rural y urbana también se evidencia en el plano laboral. Por un lado, en las zonas rurales la cantidad de personas ocupadas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza es del 54%, frente al 24% de las zonas urbanas; a su vez, existen diferencias relevantes entre la calidad del empleo urbano y rural, pues el segundo es mucho más vulnerable a extensiones de la jornada laboral, falta de protección social y existencia de contratos formalesvii.

Este tipo de problemáticas, si bien han sido una constante en la historia de las comunidades rurales, se profundizaron en la última década. La prevalencia de la agroindustria en el campo ha generado que las familias campesinas, que dependen de la producción a pequeña escala (muchas veces, limitada a unidades agrícolas familiares), no logren ninguna rentabilidad por los productos trabajadosviii y, en algunos casos, los mismos ni siquiera suplan sus propias necesidades alimenticiasix. El agronegocio como modelo de desarrollo preferente en los países de la región ha generado, entre otras cosas, que la diversificación de cultivos, como elemento de sostenibilidad económica y ambiental en el campo, sea reemplazada por la implementación de monocultivos, los cuales, a su vez, han traido como consencuencias la prevalencia del latifundio sobre las pequeñas propiedades, la siembra de semillas genéticamente modificadas sobre las criollas, la exportación de la producción sobre el abastecimiento local, la mano de obra contratada sobre la agricultura familiar y el control por parte de grandes empresas de la producción, intermediación y comercialización sobre la autogestiónx.

En este marco, organizaciones como Vía Campesina han incorporado dentro de sus agendas de acción propuestas claves para hacerle frente a esta situación mediante propuestas alternativas que permitan a las comunidades campesinas desarrollar sus proyectos de vida y elegir libremente las medidas que ellas consideren adecuadas para alcanzar niveles de bienestar adecuados. En particular, una de sus apuestas más fuertes ha sido la soberanía alimentaria, la cual busca que comunidades campesinas tengan derecho a preservar los recursos naturales en la producción de los alimentos y, asimismo, que su producción genere comida saludable, respeto a las tradiciones culturales y sea viable la implementación de sistemas locales de producción, industrialización, circulación y comercializaciónxi.

***

iVer, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (Fida), “Fida en América Latina y el Caribe, http://www.ifad.org/operations/projects/regions/pl/index_s.htm
iiClichevsky, Nora, “Informalidad y segregación urbana en América Latina. Una aproximación”, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Santiago de Chile, octubre de 2000, pp. 8-10. En, http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/5638/lcl1430e.pdf
iiiFida, Op cit.
ivIbídem.
vRossel, Cecilia, “Protección social y pobreza rural en América Latina “, Informe de consultoría – versión preliminar, Cepal, septiembre de 2012, p. 10.
viIbídem, p. 12
viiIbídem. P. 18.
viiiRelator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, “El derecho a la alimentación”, Asamblea General de las Naciones Unidas, A/65/281, 11 de agosto de 2010, párr. 1.
ixHerreño, Libardo, “Desc y Desarrollo. Visiones hegemónicas y alternativas””, Bogotá, Colombia, ILSA, octubre de 2008, p. 29
xVer, Movimento dos Pequenos Agricultores / MPA – Brasil, “Campesinato e a agricultura camponesa no brasil. Plano Camponês por Soberania Alimentar e Poder Popular”, Op. Cit, pp. 22-23.
xiIbídem, p. 41.