* Palabras al Margen

Palabrasalmargen.com es un portal de opinión y análisis político donde queremos que confluya y se exprese la academia colombiana crítica y comprometida con la construcción de un país democrático, en el cual prime la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la diversidad y la búsqueda de la paz.

Más allá de abordar las diversas problemáticas que se han puesto en la palestra pública en los últimos meses, en esta columna se harán algunos planteamientos respecto de la compleja problemática de la educación colombiana como escenario clave en la concreción de la realidad nacional. Por un lado, se asume la importancia de las actuales luchas por el derecho a la educación que se vienen librando desde diversos actores de la educación básica, secundaría y superior. Por otro lado, se plantea la necesidad de trascender el horizonte del derecho a la educación y pasar a generar un horizonte educativo que explicite, tanto en el discurso como en la práctica, el rol central de la escuela como escenario de re-producción de un proyecto político emancipador.

Con base en lo anterior, en primer lugar se dará cuenta de la necesidad de abordar la educación como un derecho. En un segundo momento se aborda la importancia de la acción estatal como eje gravitacional del derecho a la educación. En tercer lugar, se plantea la necesidad de concebir lo educativo más allá de las implicaciones del derecho a la educación.

La valía del derecho a la educación como bandera de lucha 

Como punto de partida, es necesario entender la importancia de la enunciación en el escenario político. Es necesario resaltar lo planteado por Tomasevsky en el abordaje de la situación educativa, cuando decía que “el control del vocabulario es un arma, no una cuestión de estilo” [1]. No es lo mismo que el Estado trabaje por garantizar el derecho a la educación o que regule la prestación del servicio educativo.

La orientación de las políticas educativas en nuestro país tienen un horizonte distinto al de garantizar el derecho a la educación. Antes que delimitar las obligaciones respecto de la garantía de algo, en el discurso y la práctica se pone de presente la necesidad de regular escenarios de prestación del servicio educativo. Desde las orillas del Estado, los Derechos Humanos usualmente son abordados en tanto disposiciones normativo-jurídicas petrificadas y remitentes única y exclusivamente al documento que les contiene.

Tal noción es demasiado pacata. Más allá de dicha concepción, este trabajo asume los derechos y sus ausencias como remitentes a logros y derrotas que tienen lugar en un escenario social y político siempre en disputa. Es en, y sólo en, el campo de las luchas que se re-producen los derechos, con sus imágenes, estratagemas y su discurso ordenador del mundo. Así las cosas, la garantía del derecho a la educación sólo puede ser la victoria resultante de intensas luchas que reorienten la acción estatal en general y en torno a la educación en particular.

En este contexto es necesario resaltar que, en contravía de la ortodoxia económica, se hace necesario revaluar el papel del Estado y las obligaciones que le son inherentes en este campo. En este marco, es necesario asumir que el papel de las organizaciones estatales es vital a la hora de garantizar el derecho a la educación. Siguiendo a Boron, de lo que se trata es de erigir “un Estado fuerte en un sentido financiero y organizacional, honesto y dotado de persuasivas capacidades de intervención y regulación en la vida económica y social” [2].

Aquí la responsabilidad del Estado cambia radicalmente, pues la misma se asocia al establecimiento de nexos entre la ciudadanía y los operadores privados que se encargan de prestar servicios -como la educación- otrora a cargo de organizaciones estatales. Es más, en los documentos producidos desde las organizaciones del nivel nacional en los últimos cinco gobiernos no aparece, siquiera mencionado superficialmente, el derecho a la educación.

La cuestión de garantizar o no el derecho a la educación está ligada a la voluntad política de los gobiernos. En Colombia, a veinte años de la expedición de la constitución, donde se enuncia en el artículo 67 el derecho a la educación, no se ha, ni siquiera, dado un debate serio acerca de cuáles son las mejores formas de avanzar progresivamente en la garantía del mismo. El pesimismo a que esto da lugar crece cuando vemos que, mientras se jalonan reformas educativas orientadas al beneficio de la creciente industria de servicios educativos, tenemos tasas de desempleo juvenil muy por encima del 20% [3] y la cobertura en la educación superior está por debajo del 40 % [4].

En últimas, luchar actualmente por el derecho a la educación implica pasar a replantear tanto el papel del Estado como la dinámica del sistema educativo en tanto totalidad.

La centralidad de disputar la orientación del accionar estatal

Actualmente se despliegan luchas por la educación que, aún cuando se dan de manera fragmentada, evidencian las profundas problemáticas del sistema educativo como un todo. Si la MANE puso en evidencia el desastre que se planteaba y plantea el gobierno nacional en el campo de la educación superior, las comunidades educativas de básica y secundaria evidencian problemas estructurales que retroalimentan el desolador panorama de la educación superior. El sistema educativo, como un todo, está mostrando sus limitaciones y exponiendo su inviabilidad. 

Es necesario repensar las dinámicas educativas y fortalecer la acción estatal en este campo. Así, entonces, dar cuenta del derecho a la educación pasa por intervenir las dinámicas organizacionales, jurídicas y económicas que se materializan en el despliegue de la acción estatal, más allá de la grandilocuencia o timidez de los discursos gubernamentales. En este sentido, es necesario asumir que “las obligaciones gubernamentales van mucho más allá de la ley, dado que las políticas macro-económicas y fiscales pueden poner en peligro, o incluso, abrogar los derechos individuales” [5].

Además, vale la pena resaltar que el derecho a la educación tiene una particularidad y es que afecta las posibilidades de concretar otros derechos. En el escenario internacional, “la base teórica era -y sigue siendo- que garantizar el derecho a la educación abría la puerta a otros derechos, mientras que negarlo llevaba a su vez a negar otros derechos humanos y a perpetuar la pobreza” [6]. En esta medida, el abordaje de las dinámicas del derecho a la educación colinda con la ingente necesidad de garantizar los elementos y las dinámicas necesarias para que el sistema educativo pueda orientarse hacia la concreción de vida digna.

La cuestión del derecho a la educación desborda lo estrictamente relacionado con las y los estudiantes en tanto sujetos del derecho. Ampliando la mirada habitual, la situación del cuerpo docente es muy importante a la hora de estructurar el ejercicio del derecho a la educación pertinente y de calidad. Las protestas que se han desarrollado por parte de las y los docentes nos enfrentan a una compleja situación que muestra el serio riesgo que implica la marcada tendencia a la pauperización laboral del cuerpo docente. Pensar en educación de calidad con un cuerpo docente sometido a la flexibilización y a la informalidad laboral es un contrasentido [7].

En este marco, es necesario identificar las obligaciones estatales como eslabones de interconexión entre las políticas públicas y el derecho a la educación. Ello implica que uno de los presupuestos para que se materialice el derecho a la educación es el de generar políticas públicas que concreten las, hoy diluidas, obligaciones del Estado respecto de la ciudadanía. Esto implica un ejercicio de redefinición del quehacer estatal en el campo de la educación, recuperando y proyectando dos elementos claves: exigibilidad de los derechos y obligaciones estatales.

Esta dimensión es imprescindible, pero pensar estratégicamente la educación implica un ejercicio político que desborde este ineludible elemento. De allí que se erija esencial repensar el horizonte político de la educación en y desde las prácticas educativas.

Posibilidad y necesidad de un giro radical en la concepción de la educación

Si bien es de primer orden lograr cambios efectivos y de gran calado en las dinámicas estatales respecto del ejercicio del derecho a la educación, también es necesario asumir cuál es el proyecto de sociedad que está de trasfondo. Las actuales dinámicas educativas deben suscitar múltiples perspectivas que centren la atención en las dinámicas cotidianas de la práctica educativa y del proyecto de sociedad que desde allí se promueve. No basta con garantizar las condiciones materiales para que se ejerza el derecho a la educación, es necesario revisar la orientación misma de la educación.

La justa y más que nunca necesaria lucha -librada por docentes, trabajadores y estudiantes de colegios y universidades- por generar las condiciones materiales necesarias para ejercer el derecho a la educación en todos los niveles debe complementarse con un ejercicio de reorientación de la educación, superando la noción que asume la relación social capitalista como eje gravitacional de la educación y de la vida misma. Así como es necesario lograr condiciones salariales dignas para docentes y trabajadores en general, contar con la infraestructura necesaria y fortalecer el bienestar del estudiantado en todos los niveles también se debe plantear seriamente el debate
acerca de la orientación política de la educación y el proyecto de sociedad que en y desde la misma se re-produce.

Es preciso afirmar que cuando se habla de Derecho a la educación está implícita una concepción de la educación que se liga a la justicia. Asimismo, tal concepción no se agota en abstracciones sino que se desdobla en la práctica educativa y en las condiciones bajo las cuales se re-produce la misma. A pesar de ello, es vital entender que la educación necesaria para la re-producción de un proyecto de sociedad se debe explicitar tanto discursiva como, y ante todo, en la práctica cotidiana educativa.

A decir de Freire: “No hay educación neutra ni calidad por las que luchar -en el sentido de reorientar la educación- que no implique también una opción política y no exija una decisión, también política, de materializarla” [8]. El gran reto, el de fondo, va más allá de lograr las condiciones necesarias para llevar a cabo el ejercicio educativo en condiciones de normalidad. Hay que cuestionar profundamente las dimensiones pedagógicas, culturales y el tipo de relacionamientos que se establecen en y desde la escuela. No se puede seguir pensando la calidad como un cúmulo de indicadores que obvia al sujeto inserto en el proceso educativo y asume los resultados como lo único válido. No se puede seguir pensando la educación en sus distintos niveles desde una lógica eminentemente empresarial.

Asumir que la actual orientación de la educación es algo irrefutable y que los ruidos del sistema educativo remiten únicamente a cuestiones económicas es un desfase desproporcional. Es allí donde adquieren enorme valía los ejercicios educativos que se erigen alrededor de un horizonte político explicito que busca desde la educación un proyecto de sociedad más justa. Los valiosos ejercicios de la MANE, los esfuerzos educativos del calado de lo propuesto por el CRIC y las prácticas de educación popular e IAP -que desafortunadamente se re-producen de forma fragmentada- son esenciales para que comencemos a discutir horizontes educativos que nos permiten vivir una educación en, por y para otro tipo de relación social.

***

[1]TOMASEVSKY, Katarina. (2004) Los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a la educación -informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
[2]BORON, Atilio. (2000). Los nuevos leviatanes y la polis democrática, en Libro Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo. BuenosAires, CLACSO. p. 85.
[3]Respecto de las cifras, se pueden ver http://www.portafolio.co/economia/desempleo-juvenil-colombia-llego-209 y
http://wsp.presidencia.gov.co/ColombiaJoven/Noticias/2013/Paginas/130515_Que-no-lo-confundan-con-la-cifra-de-jovenes-desempleados-en-colombia.aspx

[4]Ver http://menweb.mineducacion.gov.co/seguimiento/estadisticas/
[5]TOMASEVSKY, Katarina. (2004) Los derechos económicos, sociales y culturales: el derecho a la educación -informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
[6]Ibid. p. 8.
[7]Por cuestiones de espacio no se pueden abordar las problemáticas del cuerpo docente. Aún así es necesario mencionar que el ejercicio docente se ha visto afectado por una fuerte producción legislativa que supedita la educación a dinámicas económicas de ajuste, afectando fuertemente la labor docente. Si bien la producción normativo-jurídica es basta, hay dispositivos neurálgicos como el Decreto 1278 de 2002 (Estatuto de profesionalización docente) que dan cuenta de la gravosa situación del cuerpo docente.
[8]FREIRE, Paulo. (1997). Política y educación, Buenos Aires,Siglo Veintiuno Editores. pp. 48-49.